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El Fondo de Apoyo Funerario (Fonafun) de la Policía Nacional del Perú (PNP), institución encargada de administrar los servicios del camposanto Santa Rosa con recursos provenientes de los aportes de miembros de la PNP, ha tomado en los últimos meses una serie de decisiones que ponen bajo la lupa su manejo durante la actual gestión del coronel PNP Pedro Arbieto. Entre ellas, la contratación de proveedores sin experiencia registrada, con vínculos familiares entre algunos, y la falta de transparencia en procesos claves.
El caso más reciente es la denuncia de una marmolería que operó 14 años dentro del camposanto y que fue retirada –junto a otras dos– sin explicaciones de fondo.
Un pedido inusual
Durante más de una década, la marmolería Virgen de Guadalupe prestó servicios en el Parque Ecológico Camposanto (PEC) Santa Rosa sin mayores sobresaltos. Pero en agosto, su representante, Rushdie Mego, denuncia que fue presionada, junto a las otras marmolerías, por la gerencia del Fonafun para cumplir un pedido que, según relata, nunca antes habían recibido: pintar con recursos propios las escaleras del cementerio, una labor que no estaba contemplada en su convenio.
El coronel PNP Pedro Arbieto, gerente del Fonafun, les advirtió: “Por si acaso, su contrato vence en octubre. Si no me han hecho nada, no se quejen después”, comentario que la empresa interpretó como una advertencia sobre su continuidad. Arbieto ha confirmado este diálogo a El Comercio.
Tras culminar con el encargo, Virgen de Guadalupe presentó un oficio el 26 de agosto para dejar constancia del trabajo realizado. Este documento habría sido luego el detonante para un conflicto posterior. “Nos vimos en la obligación de realizar el pintado. Nos dijo que tenía otras empresas que podrían entrar a trabajar. Yo intuyo que esto fue un pretexto, venían varios indicios [de irregularidades]”, dijo Mego.
Pocos días después, el 8 de setiembre, las tres marmolerías recibieron la notificación de no renovación. Las razones eran “estrictamente internas”, sin informes previos de incumplimiento o procesos disciplinarios. Arbieto sostiene que “no era obligación renovarles”.
Tras la salida de las marmolerías, Fonafun seleccionó otras tres empresas para ocupar sus espacios. Si bien la convocatoria se hizo a través de su portal web, los resultados –hasta la fecha– no han sido publicados. Pero según pudo constatar este Diario en las propias instalaciones del camposanto, los nuevos proveedores ya se encuentran instalados.
“¿Qué más transparencia que los trabajadores estén ahí? Las empresas están ahí. Que acudan [los afiliados] a poder verlo, porque están ahí. Yo no los tengo escondidos, están en el cementerio», señaló Arbieto.
No obstante, solo una de las marmolerías está identificada. Las otras dos no cuentan con ningún cartel ni letrero.
Sin experencia y con vínculos familiares
El Comercio pudo identificar que una de las nuevas marmolerías es El Paisa. Su representante Elías Aguilar recién se inscribió en Sunat en setiembre, pese a que la convocatoria exigía diez años de experiencia. “Nosotros pedimos como requisito diez años, pero no es obligación. Lo importante es que tenga [experiencia] en el rubro”, más allá de su registro en Sunat, dijo Arbieto.
Este Diario buscó contactarse con Aguilar, pero colgó el teléfono al tomar conocimiento de la publicación.
Otra de las nuevas marmolerías es M&L Mármoles y Granitos S.A.C., creada en febrero del 2024. Su gerente, Leila Meregildo, es cuñada de María Borda, esposa de Roberto Gonzáles, del Consorcio Renacer S.A.C., empresa que tendrá a su cargo la construcción del nuevo crematorio del camposanto. El Comercio buscó una respuesta de Borda y Gonzáles, pero no hubo respuesta a nuestras llamadas ni mensajes hasta el cierre de edición.
La tercera marmolería es Virgen de la Puerta, a nombre de Jans Villanueva, también cuñado de Borda. Todas pagan S/1.750 mensuales por el alquiler del espacio.
No es la primera vez que las decisiones del Fonafun presentan cuestionamientos. Semanas atrás, se denunció un presunto sobrecosto en la compra de minibuses destinados al cementerio, aunque Arbieto afirma que el precio respondió a exigencias técnicas adicionales. Asimismo, el nuevo velatorio de la PNP en Comas, valorizado en S/7,5 millones, deberá ser demolido por fallas estructurales detectadas después de su entrega.
Este Diario intentó contactarse con las marmolerías involucradas sin éxito.
