Hasta el cierre de este informe dicho documento no había llegado al MP. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) continuaba en “sesión permanente” para adoptar alguna decisión inmediata ante cualquier eventualidad.
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Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) decidió admitir a trámite el recurso de habeas corpus (HC) que interpuso Delia Espinoza Valenzuela, ante un posible uso de la Policía para sacarla “por la fuerza” del cargo de fiscal de la Nación.
En contra parte, Patricia Benavides Vargas recurrió al Congreso para informar los hechos ocurridos el último lunes, cuando intentó asumir el cargo de FN, y también pidió a la JNJ que ordenen a Espinoza, bajo apercibimiento, cederle el cargo.
En el documento remitido al Parlamento, se acusa a Delia Espinoza de haber cometido usurpación de funciones y otros presuntos delitos en “flagrancia”.
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El martes, Espinoza Valenzuela, como presidenta de la JFS, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, sesionaron dos veces de manera virtual. Desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Allí, ratificaron que la Junta de Fiscales Supremos es el encargado de nombrar al fiscal de la Nación, por lo que se ratificaron en su autonomía institucional acorde al artículo 158° de la Constitución Política del Perú, según un pronunciamiento.
“Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos -y no otro órgano del Estado- la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación.”
La crisis al interior de la fiscalía aún no tiene visos de terminar, luego de que el pasado lunes, la repuesta fiscal suprema Benavides Vargas acudiera a la sede del Ministerio Público con intensión de retomar el cargo de fiscal de la Nación.
Sumado a ello, la conferencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, prevista para horas de la mañana, fue suspendida sin mayor explicación.
Como se recuerda, Espinoza Valenzuela denunció que pretendían removerla del cargo, “por la fuerza” y advirtió que hacía responsable al Ministerio del Interior por no prestar las garantías a los fiscales y trabajadores de la entidad.
Ayer, un grupo de policías amanecieron apostados en la sede de la avenida Abancay.
Y, por la noche, la Junta Nacional de Justicia emitió la resolución que rehabilitaba en el cargo de fiscal supremo a Tomás Aladino Gálvez, quien se estaría reincorporando al MP y a la JFS, una vez que la fiscalía sea notificada con el documento.
PJ admite a trámite HC de Espinoza, quien señaló que la resolución de la JNJ “no implica una reposición automática o inmediata”
Precisamente, el Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Constitucional, admitió a trámite la demanda de habeas corpus que presentó la fiscal del Nación, Delia Espinoza, en contra del Ministerio del Interior, ante la amenaza inminente de que pueda ser removida del cargo con el uso de la Policía Nacional.
La fiscal suprema interpuso el recurso, recogiendo las declaraciones y afirmaciones de los abogados de Patricia Benavides, Humberto Abanto y Juan Peña.
Para Espinoza, las declaraciones vertidas por los abogados no son meras opiniones; “sino advertencias públicas” y, por tanto, existiría un “riesgo real y objetivo”, de que se pretenda denunciarla y “eventualmente promover una detención arbitrariamente bajo el argumento de incurrir en los delitos de desobediencia o usurpación de funciones”.
En el documento, además, ratificó que su elección se realizó por elección expresa de la Junta de Fiscales Supremos, por lo que señaló que cualquier “controversia institucional” debe canalizarse conforme al marco constitucional y reglamento del Ministerio Público.
“Si bien, mediante reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia se ha dispuesto la restitución de Benavides Vargas, dicha medida requiere seguir el procedimiento correspondiente y no implica una reposición automática o inmediata, mucho menos por la vía de hecho.”
Por todo ello, Espinoza Valenzuela advirtió que pretender configurar una supuesta flagrancia por el solo hecho de continuar en el cargo, sin que exista orden judicial ni mandato legal, vulneraba el principio de legalidad y el derecho de la libertad personal.
Ante ello, el juzgado constitucional señaló que era competente para analizar el caso, que se cumplía con los requisitos y no se podía rechazar de plano la demanda, por tanto, dispuso admitir a trámite el recurso.
Por ello, notificó al procurador del Mininter a fin de que pueda responder a la demanda; y dispuso constituirse en la sede del ministerio a fin de realizar la verificación de los hechos denunciados por la fiscal de la Nación.
De acuerdo al registro electrónico del PJ, se realizó la diligencia de verificación en el Mininter y se levantó un acta. Este Diario solicitó información al Ministerio del Interior sobre esta diligencia, pero no respondieron hasta el cierre de este informe.
Contradicción en firmas de resoluciones de JNJ en el caso Benavides
El Comercio revisó las resoluciones que ha emitido la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en los procesos disciplinarios que concluyeron con la aplicación de dos medidas de destitución contra Patricia Benavides y encontró que dichos documentos sí consignan la firma de todos los integrantes que participaron en los casos.
La primera fue emitida en mayo del 2024, cuando la JNJ estaba integrada por Humberto de la Haza, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, María Zavala, Inés Tello, Marco Tulio Falconí y Guillermo Thornberry.
La resolución se emitió precisamente sobre el proceso disciplinario 001-2024-JNJ contra Benavides Vargas, su hermana Enma Benavides y la fiscal Azucena Solari, por la remoción de la exfiscal suprema Bersabeth Revilla.
En el debate y votación de la sanción no participó Tello de Ñecco, pues había sido la autora del informe previo de la propuesta de destitución.
A fines de abril, Tello y Vásquez fueron inhabilitados por el Congreso, y en julio de ese año fueron restituidos por el Poder Judicial.
Sin embargo, el 23 de mayo del 2024, en una sesión donde participaron De la Haza, Tumialán, Zavala, Falconí y Thornberry, no solo resolvieron la destitución por “unanimidad” de Benavides Vargas; también declararon “infundada” las dos nulidades que interpuso la exfiscal de la Nación contra el informe de Tello y por afectación al proceso.
La resolución emitida, que fue notificada y publicada, consignaba los votos y la firma de todos los consejeros que en ese momento integraban la JNJ.
Meses después, con Tello y Vásquez repuestos en el cargo, el recurso de reconsideración que presentó Benavides Vargas contra su destitución fue nuevamente rechazado por la JNJ.
Con ello, la sanción que la removía del cargo de fiscal suprema titular, y como efecto, debía dejar el cargo de Fiscal de la Nación, quedó firme.
Esta resolución, también llevaba la firma de todos los integrantes del Pleno que tomaron la decisión, excepto Tello de Ñecco que no participó por haber sido la instructora ponente.
La segunda sanción que se le aplicó a Benavides Vargas, en el proceso disciplinario 001-2024-JNJ-A, siguió el mismo camino que la primera destitución, con la gran diferencia que quienes la emitieron fueron los nuevos integrantes de la JNJ.
Es decir, Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo y Germán Serkovic González. El destituido Rafael Ruiz, no participó porque se incorporó a la JNJ solo un día antes de la votación del caso.
En este proceso, se halló falta disciplinaria muy grave por la remoción del exfiscal supremo adjunto Luis Felipe Zapata González.
El documento de la resolución consignaba el voto y las firmas de todos los consejeros que intervinieron en el proceso; además, fue publicada por la misma JNJ.
Sin embargo, en la reciente resolución que decidió la “nulidad de oficio” de la primera destitución de Patricia Benavides, su hermana Enma Benavides y Azucena Solari; y que además dispone que la fiscalía reponga en el cargo de fiscal de la Nación a la primera, solo fue notificada a las partes con la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos.
El documento, si bien señala que fue una decisión unánime de los que intervinieron en el caso, no consigna la firma de todos ellos.
Además, como este Diario informó, el magistrado Francisco Távara no participó ni de la audiencia, el debate, ni la votación, pues consideró que el caso ya había precluido en la JNJ.
Hasta la tarde de ayer, el registro electrónico de la JNJ ya había consignado la referida “nulidad de oficio” adoptada el 12 de junio último, solo en el caso de Enma Benavides y de Azucena Solari, pero sin publicar la resolución. Sin embargo, el registro de Patricia Benavides, seguía sin ningún cambio.
Tampoco ha publicado la resolución de nulidad de la segunda destitución, la misma que modificó por una suspensión de 120 días, por la remoción del exfiscal Luis Felipe Zapata González.
Este Diario buscó la versión de la Junta Nacional de Justicia sobre algún pronunciamiento a razón de lo ocurrido en el Ministerio Público y la ejecución de su resolución, pero hasta el cierre de este informe no dieron ninguna declaración.
SUSPENSIÓN EN EL CARGO
PJ analizará pedido de la FN
El próximo 24 de junio, el Poder Judicial (PJ) analizará el pedido de la Fiscalía de la Nación, para que se suspenda a Patricia Benavides, en el cargo de fiscal suprema titular y en consecuencia, como fiscal de la Nación, por el plazo de 36 meses.
Tal como lo informó El Comercio, el pedido se dio en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y otros (vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’).
El pedido, fue solicitado el 11 de junio y el 16 de junio, la fiscalía solicitó al PJ, programar la audiencia.
“Mediante requerimiento fiscal recibido por la Mesa de Partes de las Salas Supremas el 11/06/2025, la Fiscalía de la Nación, solicita a este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante JSIP), la suspensión de derechos en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, por el plazo de treinta y seis (36) meses, contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal suprema titular del Ministerio Público y, en consecuencia, fiscal de la Nación en el marco de la investigación preliminar seguida en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo especifico y otros, en agravio del Estado”, se requirió.
La audiencia será presidida por el juez Segismundo León, a las 14:30 horas del próximo martes.
Defensa de Benavides sostiene que quienes incumpla la resolución de la JNJ “tendrán que ser detenidos”
En declaraciones a El Comercio, Juan Peña, abogado de Patricia Benavides sostuvo que se encuentran a la espera de que la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República realicen las acciones pertinentes a fin de hacer cumplir la resolución que ordena la reposición de su patrocinada como fiscal de la Nación.
Indicó que, en el escenario que se determine que la actual fiscal de la Nación Delia Espinoza, usurpó funciones como FN, “a la señora se la tendrá que detener y, por su condición de suprema, esta detención tiene que ser puesta a disposición del Congreso de la República”.
Al ser consultado por qué Benavides no regresó al Ministerio Público el martes, como lo habían anunciado, Peña explicó que han decidido evaluar la situación a esperas de que las “instituciones” puedan resolver de acuerdo a sus atribuciones.
Consideró que la JNJ es la llamada a buscar que se cumplan sus mandatos, pues si ellos no quieren hacer cumplir sus resoluciones, “yo no puedo obligar a nadie ¿no?”
“Aquí hay dos opciones. O la señora Delia Espinoza se comunica con la doctora Benavides y le indica cómo harán las coordinaciones para que ella pueda asumir al puesto que la Junta ha resuelto que sea así; o las autoridades y las instituciones tendrán que hacer valer sus derechos, pedir que esa resolución se ejecute, y quienes no la incumplan tendrán que ser detenidos.”
Por ello, el abogado enfatizó en que, la posición como defensa legal de Benavides, es que no permitirán “el doble rasero”, ya que “algo es bueno para todos o es malo para todos”, por lo que si la fiscalía está incumpliendo una resolución, a futuro no deberían cuestionar cuando terceros tampoco quieran cumplir la decisiones jurisdiccionales.
En ese contexto, señaló que por información pública tomó conocimiento que en los próximos días podría allanarse su oficina y por lo que también estaría pensando interponer un recurso de habeas corpus como lo hizo la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
“Estoy copiando y pegando el recurso (de Espinoza) para presentar mi habeas corpus también, por si me quieren allanar la oficina. Lo voy a copiar y pegar, porque no voy a estar de acuerdo. También voy a recurrir la vía constitucional y decirles, por si acaso, yo creo que es un acto arbitrario, porque sería jalado de los pelos que yo pueda ser parte de una organización criminal, como brazo legal, cuando yo no conocía a la señora Benavides”, dijo.
Como se recuerda, de acuerdo al documento que obtuvo El Comercio, Benavides Vargas envió la comunicación al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, a fin de que este disponga que el Parlamento tome acciones, al afirmar que Espinoza desacató la resolución de la JNJ.
En su “Informe de hechos graves”, Benavides acusó a Espinoza de haber incurrido “en una clara infracción constitucional”, vulnerando, específicamente, el numeral 1 del Artículo 159 de la Constitución Política del Perú.”
