La fiscal suprema titular Delia Espinoza, jura este viernes 8 de noviembre como nueva fiscal de la Nación para un periodo de tres años (2024-2027) tras ser elegida por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público (MP).
La magistrada reemplaza a Juan Carlos Villena, quien asumió como fiscal de la Nación interino luego de la suspensión y posterior destitución de Patricia Benavides, investigada por encabezar una presunta red criminal.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que la magistrada fue electa por mayoría durante la sesión desarrollada en la sede del MP, ubicada en el centro de Lima.
Espinoza recibió los votos de los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos ; y con el suyo, sumó tres votos. Villena Campana, quien también participó como candidato, obtuvo su propio voto.
La elección de Espinoza Valenzuela se dio luego que la Junta Nacional de Justicia ratificó la destitución de Benavides Vargas y notificó de ello al Ministerio Público el pasado 14 de octubre.
Espinoza debe hacerse cargo de las investigaciones que están en curso contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como las pesquisas contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, así como otros ministros y congresistas que tienen casos pendientes en el Ministerio Público.
Los casos y sus roces con el Congreso
Tras su designación como fiscal suprema titular, en julio del 2022, Delia Espinoza se integró a la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, por entonces, en la gestión de Patricia Benavides fue designada como representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que le impedía participar de las decisiones que se adoptaban en la JFS.
Entre fines del 2022 y fines del 2023 solicitó su incorporación a la JFS hasta en tres oportunidades; e, incluso, interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial realizando dicho requerimiento.
Fue precisamente, en diciembre del 2023, que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dejó sin efecto su designación ante el JNE y dispuso su reincorporación a la JSF, en medido de la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por parte del Congreso -que posteriormente fue restituida en el cargo- y la suspensión de Patricia Benavides, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que luego le aplicó la sanción de destitución.
Espinoza Valenzuela fue designada titular de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Uno de los primeros casos en asumir fue el referido a las denuncias contra Patricia Benavides y sus exasesores, por integrar una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público.
En marzo de este año dispuso abrir investigación contra Benavides Vargas y catorce congresistas de la República por haber incurrido en los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho activo impropio, tráfico de influencias y organización criminal. A estos se les atribuye haber integrado la presunta red criminal que lideraría Benavides Vargas, y haber intercambiado favores políticos a cambio de que se archiven las investigaciones que tenían en curso en la Fiscalía de la Nación.
Ello generó que cinco de los congresistas incluidos en la investigación presentaran una denuncia constitucional contra Espinoza.
Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Edgar Tello Montes (Bloque Magisterial), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay e Ilich López Ureña, señaron que la magistrada había incurrido en acuso de autoridad y prevaricato porque no era fiscal de la Nación y por tanto, como fiscal suprema no podía investigarlos.
En abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó y archivó la denuncia constitucional. También archivó una segunda denuncia constitucional que fue interpuesta también por otro grupo de congresistas investigados.
Sin embargo, los parlamentarios no fueron los únicos que cuestionaron la competencia de la fiscal suprema; la investigada Patricia Benavides también presentó una tutela de derecho señalando que no tenía facultad para investigarla.
El Poder Judicial rechazó en doble instancia dicho cuestionamiento y ratificó a Espinoza Valenzuela al frente de la investigación del caso “La fiscal Benavides y sus asesores”.
Posteriormente, Espinoza Valenzuela presentó dos denuncias constitucionales por dicho caso. Uno contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) por presuntas coordinaciones ilícitas; y otro por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla.
Recientemente, Espinoza Valenzuela abrió investigación contra la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de revelación indebida de identidad, y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Esto, por la presunta revelación de identidad de un colaborador eficaz, denunciado por el congresista Guillermo Bermejo.
Su ratificación como fiscal fue analizada por la JNJ en el 2023
Espinoza Valenzuela se desempeña como titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, también es Consejera de la Academia de la Magistratura (Amag) y antes de ello, fue representante del MP ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).
La magistrada ocupó la primera posición en la relación de candidatos en reserva de la convocatoria N°004-2021-SN/JNJ de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del 2021 y en julio del 2022 fue designada como fiscal suprema titular al habilitarse la plaza respectiva.
Es egresada en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una Maestría en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, y una Maestría en Gestión Pública por la Universidad Privada Cesar Vallejo.
Según el registro de la Junta Nacional de Justicia, Espinoza Valenzuela fue nombrada fiscal provincial titular en abril del 2002 y en enero del 2009 obtuvo una plaza como fiscal superior penal titular.
En setiembre del 2023 su ratificación como fiscal fue sometida a revisión por parte de la JNJ, en el marco del proceso que se estableció tras la desaparición del ex Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) por el escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Según la Resolución N.º 802-2023-JNJ del 14 de setiembre del 2023, obtenida por El Comercio, señala que la magistrada tuvo algunos procesos disciplinarios y denuncias; sin embargo estos fueron archivados.
“No se observa infracción normativa o, menos aún, el incumplimiento trascendental de algún requisito de validez o del trámite procedimental propio de una convocatoria de evaluación y ratificación. Del mismo modo, tampoco se ha tomado conocimiento de que se haya incurrido en alguna prohibición, conflicto de interés, influencia indebida o afines, y menos de la comisión de un delito. Así, en el presente caso, no existe indicio objetivo suficiente o una sospecha inicial de grave irregularidad que amerite la apertura de un PRE.”
En su momento, Espinoza Valenzuela fue investigada en su condición de fiscal superior de lavado de activos por la Fiscalía de la Nación, luego de una denuncia que presentó la fiscal Marita Barreto, que cuestionó su actuación en el caso “Rodolfo Orellana”. Sin embargo, todos los cuestionamientos en su contra fueron archivados.
Los retos son la unidad interna y la defensa de la autonomía institucional ante ataques externos
En diálogo con El Comercio, el exprocurador anticorrupción, Yván Montoya, dijo “no” tener una impresión negativa de la flamante fiscal de la Nación electa, Delia Espinoza, lo cual “es un buen punto” en un contexto donde se ha tenido fiscales de la Nación “cuestionables”.
“Sé que fue nombrada como fiscal suprema en esta actual Junta Nacional de Justicia, y entiendo que más allá de algunos errores que haya podido tener la junta, precisamente este no es el caso. Creería que es una de las fiscales que dentro del conjunto que tenía la junta para evaluar su ascenso es una persona que no tiene mayores cuestionamiento con fundamentos me refiero. Desde ese punto de vista, me parece adecuado”, indicó.
El exdefensor del Estado señaló que “son tiempos muy difíciles”; pues recordó que, al margen de la toma de poderes en que tuvo en su momento el gobierno de Alberto Fujimori, “no había visto nada igual en el tema del Congreso y del Ejecutivo, respecto de su pretensión de controlar a otros poderes del Estado”.
Por tanto, consideró que ese es el mayor peligro actual vinculado a la institucionalidad democrática en el país.
Por lo tanto, el primer desafío de Espinoza Valenzuela en su rol de fiscal de la Nación, es salvaguardar y proteger la independencia del Ministerio Público, salvaguardar la independencia de todos los órganos del MP, que se deje margen de actuación a los fiscales en el ejercicio de sus funciones, y que haya nombramientos acertados en los órganos fiscales más importante de la institución.
“Pero también; y esto es lo más importante, una defensa de la independencia externa. Es decir, de la autonomía y de la institucionalidad del Ministerio Público, frente a los otros poderes, especialmente del Congreso y otros poderes; por supuesto, dentro del marco jurídico que hay que respetar. Sin embargo, cuando el Congreso de la República intenta avasallar las bases constitucionales de la autonomía del Ministerio Público, hay que salir al frente. Por tanto, ese es el primer desafío de ella, en tiempos de avasallamientos, una actitud firme de defensa del Ministerio Público.”
En otro aspecto, Montoya Vivanco consideró que los cuatro fiscales que actualmente conforman la Junta de Fiscales Supremos, serán capaces de dejar atrás cualquier aspereza que hayan podido tener, para consolidad la unidad interna de la institución, frente al pretendido avasallamiento de la autonomía institucional que se pretende por parte de otros poderes como el Legislativo.
Explicó que, pasada la página de una elección por mayoría, en el marco de una competencia limpia entre dos fiscales (Espinoza y Villena), toca el apoyo a la electa fiscal de la Nación.
“Volteada la página, creería que en medio de la crisis de lo que existe en el país, son cuatro fiscales que saben dejar atrás asperezas particularidades incidentes menores que en algún momento habrían existido y poner el apoyo de la unidad, especialmente en lo que decía antes, en la defensa de la independencia externa. Por el perfil del doctor Pablo Sánchez, Villena que lo ha evidenciado, la doctora Espinoza que ha sido respaldada y la doctora Zoraida Ávalos que ha vivido el ataque feroz del Congreso, no creo que haya la mayor duda sobre el apoyo a la fiscal de la Nación por parte de la Junta de Fiscales Supremos”, sostuvo.
Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, consideró que el contexto actual es “muy adverso”, no solo para el Ministerio Público; sino para todo el sistema de justicia peruano.
Explicó que hay una “regresión histórica” muy similar a la que ocurrió después del 5 de abril de 1992, pues el Congreso está replicando fórmulas de amnistía contrarias al derecho internacional. Con ello, no solo está repitiendo “las pautas de impunidad y de endosamiento político sin valores democráticos a un régimen determinado; sino que está yendo más allá de eso”.
Ello, puesto está sumiéndose “en conductas que lindan con lo delictivo”, promulgando “leyes con nombre propio” y no en interés de la Nación. Además, de las leyes que brindan escudos a la criminalidad organizada, lo cual no se observó de manera tan abierta en el régimen de Fujimori.
“Entonces, el escenario que deberá afrontar la fiscal de la Nación electa es uno de los más difíciles yo diría, comparándolo incluso con el 5 abril de 1992, yo diría que es un escenario mucho más difícil y más adverso para la labor del Ministerio Público el cual es, entre otras importantes, el ejercicio de la acción penal.”
Todos esos ejercicios de la acción penal pública en casos de macrocriminalidad, tanto de de corrupción pública, corrupción política, delincuencia de poder y empresas criminales, como violaciones de derechos humanos, pone cuesta arriba la labor y los desafíos que enfrenta un fiscal de la Nación, cualquiera sea señaló Maldonado, pero que en este caso deberá afrentar Delia Espinoza, al ser formalmente nombrada Fiscal de la Nación.
Más allá de ello, acotó, deberá tener el deber de garantizar que el Ministerio Público cumpla escrupulosamente no solo su Ley Orgánica; sino además, que se apegue a los estrictos estándares internacionales sobre comportamiento de los fiscales, siguiendo las directrices sobre las funciones de los fiscales de las Naciones Unidas, que deben garantizar una actuación imparcial, objetiva y técnica del Ministerio Público y “no caer, como lo han hecho otros Ministerio Públicos de la región, en la tentación de jugar con actores políticos”.
“La otra forma, es que haya relación armónica al interior del Ministerio Público y que también haya coordinación con las asociaciones de fiscales, de jueces, con la Junta Nacional de Justicia, para fortalecer internamente el Ministerio Público. Y hay que hacer también un trabajo de limpieza del Ministerio Público. No son admisibles las conductas negligentes y que se presten a intrumentalizaciones de corte político.”
Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción
