La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desestimó el pedido presentado por Patricia Benavides para apartarse de la investigación en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y otros por una supuesta “falta de objetividad” e “interés directo” en el resultado de la indagación.
En su disposición, a la que accedió El Comercio, la titular del Ministerio Público señaló que la defensa de Benavides Vargas “ha promovido diversas incidencias orientadas a cuestionar” su intervención mediante dos tutelas de derechos y un pedido de exclusión, las cuales fueron declaradas infundadas.
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Alega que el supuesto incumplimiento de Espinoza en la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), constituye una “interpretación sesgada y subjetiva de una situación institucional” y no guarda relación con las causales de inhibición.
“Asimismo, las afirmaciones efectuadas carecen de veracidad o respaldo objetivo, como cuando se sostiene que la suscrita se habría negado a recibir a la investigada Benavides Vargas, pese a que tanto el suscribiente como su patrocinada tienen pleno conocimiento que no han presentado ninguna solicitud formal de entrevista”, indicó.
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“Del mismo modo, carece de sustento la afirmación de que la suscrita habría convocado, a través de terceros, al personal físico o administrativo para realizar un ‘platón’ (sic). En igual sentido, las actuaciones del personal que pidió el retiro de las personas y la intervención del fiscal de prevención del delito, se enmarcaron estrictamente en el ejercicio regular de sus funciones competenciales”, añadió.
Delia Espinoza también manifiesta que sus expresiones “golpe a la democracia”, “sacar por la fuerza del cargo” o que “esto parecía ser un primer paso de un golpe al estado democrático del país” tampoco guardan relación con las causales de inhibición invocadas, pues “se emitieron en el marco del ejercicio legítimo del rol que corresponde a la suscrita como titular de un órgano constitucionalmente autónomo, frente a un escenario institucional excepcional”.
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Respecto a la denuncia contra Patricia Benavides, su abogado Juan Peña y las demás personas que ingresaron a la sede del Ministerio Público, el pasado 16 de junio, “obedece a la forma y circunstancias en que se irrumpió”, con lo cual “la alegación tampoco resulta idónea para cuestionar la objetividad” en dicho caso.
Similar argumento espetó sobre “actos simbólicos” como la vigilia de ese día y las entrevistas o pronunciamientos que brindó. Aseveró que la supuesta enemistad o animadversión contra Benavides son “interpretaciones subjetivas, sesgadas y, en varios extremos, carentes de respaldo objetivo”.
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Por ello, se dispuso que “no ha lugar” a la solicitud de apartamiento en la investigación contra Patricia Benavides, en base a las causales contenidas en el artículo 53, inciso 4, literales a) y b) del Código Procesal Penal.
El caso
Como se recuerda, Patricia Benavides es investigada como la presunta líder de una organización criminal y cuyo cargo, como titular del Ministerio Público, le habría permitido acceder a otros miembros de la red con el objetivo de maniobrar frente a otras instituciones como el Congreso y terceros a fin de sortear las investigaciones que se le presentaban en el Parlamento y la JNJ.
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Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.
A Patricia Benavides se le imputan seis hechos como la creación de una presunta red criminal y supuestas acciones ilícitas con el congresista José María Balcázar; así como con otros parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
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También se le imputan coordinaciones con diversos legisladores para la elección del defensor del Pueblo; la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y buscar la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
