Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, ambos de Renovación Popular, presentaron observaciones a la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), sobre la audiencia ciudadana de delegación de facultades.
Según el oficio enviado, entre las observaciones detectadas es que la audiencia fue realizada cuando el plazo para dictaminar sobre la solicitud del Poder Ejecutivo ya había vencido el pasado 21 de setiembre.
“El artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, tratándose de proposiciones legislativas presentadas por la Presidencia de la República con carácter de urgencia, el plazo para emitir dictamen es de hasta quince días hábiles, sin posibilidad de prórroga”, indicaron.
“En ese contexto, si se consideraba necesario escuchar a la ciudadanía, organizaciones sociales, especialistas y sectores vinculados con las materias comprendidas en la Proposición Legislativa N° 00098/2026-2031-CD, corresponde preguntar por qué estos espacios no fueron organizados dentro del plazo previsto para su análisis y dictamen”, agregaron.
Rocha y Krklec también argumentaron que los miembros de la comisión no recibieron oficialmente el programa de la audiencia y solo pudieron conocerlo únicamente después de que comenzara a circular a través de redes sociales.
“El programa evidencia que se organizaron paneles previamente definidos en materia indígena y ambiental, derechos humanos y seguridad ciudadana, y materia laboral, con moderadores y expositores determinados con anterioridad”, detallaron.
Igualmente, refieren que se convocó una “audiencia ciudadana”, pero la ciudadanía no tuvo oportunidad efectiva de intervenir, pues no se habilitó un espacio para la intervención de los presentes y la dinámica estuvo centrada en las exposiciones de los panelistas previamente seleccionados.
“En consecuencia, quienes asistieron en calidad de ciudadanos terminaron participando fundamentalmente como oyentes de un conjunto de exposiciones previamente programadas. Si la finalidad de la audiencia era escuchar a la población, la población debía contar con una oportunidad efectiva para ser escuchada”, alegaron.
También indicaron que “escuchar distintas voces requiere también pluralidad técnica”, pues en asuntos ambientales y productivos correspondía escuchar a organizaciones ambientales, pero también a especialistas y representantes vinculados con actividades productivas, pesca, minería, hidrocarburos, inversión y desarrollo económico.
“En seguridad ciudadana resulta pertinente escuchar organizaciones de derechos humanos, pero también especialistas en seguridad, derecho penal, criminología, Policía Nacional, sistema penitenciario, Ministerio Público y organizaciones vinculadas con víctimas de la criminalidad”, acotaron.
“De igual manera, en materia laboral resulta conveniente contar con distintas organizaciones de trabajadores, especialistas en derecho laboral, así como representantes de empleadores, pequeñas y medianas empresas y sectores productivos”, añadieron.
Por ello, Roxana Rocha y Frank Krklec solicitaron que su oficio sea incorporado al expediente del proyecto enviado por el Ejecutivo y que se remita a los miembros de la Comisión de Constitución el programa oficial, la relación completa de invitados y participantes, los criterios utilizados para su convocatoria, así como el registro audiovisual íntegro de la audiencia.
Del mismo modo, pidieron que la presidencia de la comisión informe por escrito por qué la audiencia ciudadana fue programada una vez transcurrido el plazo para dictaminar y por qué no se realizó el bloque de “Preguntas del público” previsto expresamente en el programa oficial.
Finalmente, solicitaron que se retome en la próxima sesión de la Comisión el debate del predictamen de la delegación de facultades y que cualquier opinión adicional que se considere necesario recabar sea incorporada al análisis sin sustituir ni postergar el debate y pronunciamiento.