En Juliaca (Puno), pidió perdón por las muertes ocurridas en diciembre de 2022 tras la salida de la presidencia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. En Chota (Cajamarca), besó simbólicamente el piso y abrazó a la familia del exmandatario. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha construido su campaña a partir de gestos y mensajes, no solo con una —como la denominó— “ruta castillista”, visitando las regiones, sino también poniéndose el sombrero e intentando emular la imagen del exmandatario. Sin embargo, más allá de la puesta en escena para capitalizar el descontento, su propuesta política apunta aún más lejos.
En Juliaca (Puno), pidió perdón por las muertes ocurridas en diciembre de 2022 tras la salida de la presidencia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. En Chota (Cajamarca), besó simbólicamente el piso y abrazó a la familia del exmandatario. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha construido su campaña a partir de gestos y mensajes, no solo con una —como la denominó— “ruta castillista”, visitando las regiones, sino también poniéndose el sombrero e intentando emular la imagen del exmandatario. Sin embargo, más allá de la puesta en escena para capitalizar el descontento, su propuesta política apunta aún más lejos.
En su plan de gobierno y en sus discursos políticos, Sánchez no solo coloca como uno de sus ejes centrales la excarcelación del condenado exmandatario, a quien ahora llama su “hermano”, pese a haber sido uno de los primeros ministros en renunciar tras el mensaje golpista y blindarse judicialmente. En su narrativa, el “régimen neoliberal” no solo bloqueó su gobierno, sino que fue quien “le dio un golpe de Estado” y hoy lo mantiene “secuestrado”.
Roberto Sánchez impulsó su campaña en lo que denominó una “ruta castillista”. (Foto: Facebook)
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También ahonda en las brechas sociales y plantea la necesidad de “un nuevo pacto social”; es decir, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, bajo la narrativa de que el modelo actual “solamente ha enriquecido a una minoría”.
A ello suma un giro en el enfoque económico que define como más nacionalista y social, que incluye la renegociación de contratos y concesiones y una “gran auditoría” en el Estado. En ese marco, la minería informal ocupa un lugar central, un sector al que ya había dirigido su atención desde el Congreso antes de iniciar la campaña.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, durante actividades de campaña. (Foto: Facebook)
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Sin embargo, Sánchez también reajusta su narrativa. En este último tramo de manera insólita ha intentado marcar distancia de su aliado Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’, a quien inicialmente proyectó como presidenciable, antes de virar hacia la figura de Castillo. Cuando, incluso el mismo día de su cierre de campaña, lo perfiló como el responsable de la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo.
En encuentro por el ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala se reunió junto a congresistas, entre ellos, Roberto Sánchez. (Foto: Facebook)
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Y si bien en el plan de gobierno se menciona una reforma del sistema de justicia, no fue sino hasta que se avizoró una eventual segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que propuso al exfiscal que la acusó, José Domingo Pérez, y actual abogado de Castillo, como la cabeza de esa reforma e incorporó otras ideas como que los jueces sean elegidos mediante voto popular.
Sin embargo, más allá de los gestos y discursos, es necesario poner sobre la mesa el contenido y las implicancias de sus propuestas.
1
Indulto a Pedro Castillo
Excarcelación del exmandatario, condenado por el Poder Judicial a más de 11 años por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y a quien califica de “secuestrado”.
2
Asamblea Constituyente y otros cambios
· Propone una nueva Constitución “soberana, democrática y popular”, fruto de una Asamblea Constituyente.
· Allí se plantea reconocer al Perú como un país pluricultural y multiétnico, con participación de las comunidades en la conducción del Estado.
· Se impulsará la formación de “consejos ciudadanos” en todos los niveles del Estado, con capacidad de fiscalización e iniciativa normativa.
3
Reajuste al modelo económico
· Se destaca la necesidad de una alternativa al modelo capitalista y propone el desarrollo de una economía solidaria, equitativa y participativa; una “economía mixta”.
· Se “renegociarán” los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos comerciales que se consideren lesivos.
· Se establecerá un impuesto a las grandes fortunas, el pago de impuestos a las sobreganancias, así como la eliminación de exoneraciones y combatir la evasión.
· Se impulsará la “soberanía productiva”, que incluye la industrialización nacional, la sustitución de importaciones estratégicas y la prohibición gradual de exportar minerales sin procesamiento.
· También se propone “democratizar” el acceso a los mercados y mayor poder “regulador” del Estado.
· En declaraciones, también plantea una “segunda reforma agraria”.
· El candidato propuso retirar a Julio Velarde del Banco Central de Reserva, según dijo, en el “primer día de gobierno” y criticó su gestión.
4
Reforma del sistema de justicia
· Se plantea una “profunda” reforma del sistema de justicia, cuya eventual conducción ha sido atribuida al exfiscal José Domingo Pérez, actual abogado de Pedro Castillo.
· Se menciona la instalación de “contrapesos” y “mecanismos de control ciudadano” para “devolver” la autonomía al Tribunal Constitucional y demás organismos constitucionalmente autónomos.
· Se indica que se llevará “a la práctica” una “separación entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, constitucional y el poder popular (a crearse)”.
· En declaraciones, también ha planteado que los jueces supremos sean elegidos por votación popular; es decir, mediante “elecciones abiertas” para “tener una justicia más empática”.
· Como una de las metas, en su plan se plantea el “100% de casos revisados y anulados por motivos de persecución política”.
· Se implementará una comisión para reparaciones por el período 1980-2000 y la represión en las protestas (diciembre 2022 – marzo 2023) y fiscalías especializadas “en violencia policial y abuso de poder”.
· Se plantea la derogación de las denominadas “leyes procrimen”; sin embargo, no menciona la Ley N.° 31989, la cual no solo respaldó con su voto, sino que fue coautor.
5
Minería y otros recursos
· Reafirmar que todos los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Estado; su explotación por particulares estará sujeta a pago y se impulsarán alianzas público-privadas para ello.
· El Estado “reservará para la gestión directa” los recursos energéticos y productivos: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos.
· Se prohibirán concesiones que otorguen ventajas a inversionistas extranjeros o que pongan en riesgo la soberanía territorial, la matriz energética o generen desventajas para el empresariado nacional.
· La “renegociación” de los contratos sobre los recursos naturales estratégicos.
· Se plantea como meta el 100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado, reducir la duración de las concesiones de 30 a cuatro o cinco años y que las “concesiones ociosas” serán transferidas a pequeños mineros organizados en “cooperativas”.
· Se propone que el Estado asuma un rol en la comercialización del oro. Ha mencionado la creación de un “gran banco minero”.
6
Libertad de prensa e información
· Se señala que los medios ejercerán su labor con plena libertad de expresión, pero también que el Estado “impulsará la creación de medios comunitarios” educativos, culturales e informativos a nivel nacional, regional y local.
· Se crearán “veedurías” ciudadanas sobre los medios, encargadas de emitir “alertas” sobre contenidos que generen “bloqueos informativos”, violencia o discriminación.
La idea de otra carta, el indulto, el régimen y el factor minero
En sentido estricto, la Constitución Política del Perú no prevé la figura de una Asamblea Constituyente, tal como remarcó a El Comercio el abogado Lucas Ghersi. El Tribunal Constitucional ya estableció en una sentencia de 2022 que, al no estar contemplada en la Carta Magna, no puede convocarse a una asamblea de esa naturaleza mediante referéndum.
En esa línea, de insistir con esta propuesta en un eventual gobierno, Sánchez tendría que —explicó— modificar primero la Constitución para regular dicha figura y recién después activar el mecanismo, un escenario que requiere mayorías calificadas en ambas cámaras.
“Por consiguiente, para decirlo en sencillo, siguiendo el Estado de Derecho, la ley y siguiendo la Constitución, no se puede hacer una Asamblea Constituyente. Esta es una propuesta que, en la práctica, solo se puede hacer a través de un golpe de Estado, como intentó Pedro Castillo en el año 2022. No es realista hacerlo por las buenas, solo se podría hacer por las malas”, explicó Ghersi.
En su mirada, la figura de una Asamblea Constituyente se traduce, en el fondo, en “un mecanismo de copamiento” que permitiría “demoler todo el Estado y hacerlo de nuevo, a su imagen y semejanza”, sin una separación real de poderes, sino con una suerte de “superpoder” sin límites.
“Lo que están pidiendo es un Congreso súper poderoso. (…) La Asamblea Constituyente básicamente es el mecanismo a través del cual se desmantela la democracia y se crea la dictadura; ese es el problema”, remarcó.
Además, Ghersi advirtió que un eventual indulto a Castillo no sería viable pues existe una apelación en trámite y que tampoco correspondería la figura del derecho de gracia.
Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.
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En cuanto a las propuestas económicas, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla advirtió que se trata, en esencia, de una reedición de lo que planteaba Castillo, aunque con una mayor carga ideológica. “Todo es anacrónico con el desarrollo y, de hecho, muchas de las cosas que se están postulando ya se intentaron en el pasado con resultados nefastos para la economía”, remarcó.
Sobre la posibilidad de implementación, señaló que algunas medidas dependerán del Ejecutivo, pero muchas otras requerirán la aprobación del Senado, que podría bloquear varias de estas propuestas disruptivas. No obstante, enfatizó que el solo hecho de anunciarlas y manejarlas como una posibilidad ya genera preocupación en el mercado.
“Hemos visto los casos de países que han implementado ese tipo de políticas: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y han tenido efectos nefastos en su población. Si es que hay un tema que es central para un inversionista y lo que se ve de afuera, es que haya predictibilidad en las reglas del juego, por un lado, y que haya seguridad jurídica. Y, en ambos sentidos, las propuestas de Sánchez petardean ambos conceptos”, remarcó Castilla.
En esa línea, explicó que la inversión —tanto nacional como extranjera— depende de la previsibilidad del marco tributario y de las políticas en sectores clave, como la minería. Si se opta por renegociar contratos o desconocer obligaciones de forma unilateral, advirtió, “eso evidentemente atenta contra la seguridad jurídica, algo básico para que un país pueda traer inversión”.
“Todo esto sería muy desfavorable y perjudicial para la economía. El hecho de anunciarlo y que sea una persona que tiene posibilidad de pasar segunda vuelta o un peso significativo en el Congreso, ya es preocupante”, aseveró.
En ese nuevo régimen, el factor de la minería cobra especial relevancia. A opinión de Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, Sánchez, desde su espacio en el Congreso, se ha convertido en el líder político de los mineros informales, particularmente de aquel sector que no busca formalizarse.
Explicó que, incluso dentro de la propia minería informal, existe una división: un sector que sí busca adecuarse a las normas y otro que, bajo conceptos como las “concesiones ociosas” o la “minería ancestral” o “artesanal”, busca confundir a la opinión pública cuando no corresponden a esa realidad.
“Sánchez representa a este sector económico que está defendiendo la permanencia del Reinfo, la ampliación de los plazos de formalización y quitar algunas leyes. (…) Él es el líder de la informalidad minera en el Congreso, pero además es el líder político de los mineros informales que no quieren formalizarse”, aseveró Arenas.
Incidió en que este tipo de propuestas genera incertidumbre que se extiende más allá del sector minero, alcanzando otras inversiones en áreas como gas, energía y demás actividades extractivas.
