La Defensoría del Pueblo rechazó las afirmaciones formuladas por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a un presunto intento de “protección de privilegios” vinculados a Petro-Perú.
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“Dichas expresiones resultan desafortunadas y alejadas de la verdad, pues desconocen que nuestras intervenciones en este caso, como en todos los asuntos de interés público, se sustentan en un análisis objetivo y técnico, orientado exclusivamente a la defensa de los derechos de la población y a la protección del interés general”, indicaron.
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Asimismo, remarcaron que la institución no politiza su actuación ni se alinea a intereses particulares o de grupo.
La Defensoría del Pueblo señaló que emitieron un pronunciamiento alertando sobre la grave crisis institucional y financiera de Petro-Perú, identificando riesgos derivados de decisiones adoptadas por gestiones anteriores y de la generación de escenarios de incertidumbre que podían afectar el abastecimiento y los recursos del Estado.
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“Este pronunciamiento tuvo como único propósito llamar la atención sobre la necesidad de adoptar medidas responsables, transparentes y previsibles, en el marco de la legalidad y la sostenibilidad fiscal, para evitar impactos adversos en la población y en la economía nacional”, precisó la Defensoría del Pueblo.
