La defensa legal del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, afirmó que el informe de la Contraloría General de la República sobre las presuntas responsabilidades encontradas ante las irregularidades producidas en la primera vuelta de las Elecciones Generales no acredita una participación directa de su patrocinado en los hechos observados.
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La reacción ocurre luego de que la Contraloría identificara presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios y exfuncionarios de la ONPE por las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, entre ellos el extitular del organismo electoral.
Según la defensa, el órgano de control habría buscado construir una presunta responsabilidad funcional a partir de afirmaciones genéricas vinculadas al cargo que ocupaba Corvetto, sin acreditar causalidad directa, dolo ni control operativo sobre los hechos observados.
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Asimismo, el estudio jurídico sostuvo que atribuir automáticamente responsabilidad al entonces jefe de la ONPE por contingencias ejecutadas por órganos técnicos especializados “resulta incompatible con los principios constitucionales de legalidad, causalidad, culpabilidad y responsabilidad subjetiva”.
En el comunicado también se precisa que Corvetto “no ha sido sancionado, condenado ni sometido a un procedimiento administrativo sancionador”, y que actualmente se encuentra únicamente en una etapa preliminar de control, ejerciendo su derecho a la defensa.
Finalmente, el estudio que dirige Julio Arbizú y Ronald Gamarra expresó su preocupación por la difusión pública de afirmaciones “incriminatorias” antes de que concluya el procedimiento correspondiente.
