Pareciera que nos estuviéramos acostumbrando a las erráticas decisiones del gobierno, como si un aura de resignación rodeara a los peruanos que cuentan los días para que la presidenta Dina Boluarte y su corte dejen el poder el 28 de julio del próximo año.
La presencia del presidente de Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha marcado un cambio de estilo, no así un cambio de rumbo, y si bien hay detalles que parecerían descuidos al extremo de papelones, hay otros que no pueden pasar desapercibidos así el gobierno nos tenga acostumbrados a sus dislates.
Nos referimos –por ejemplo– a la redistribución del IGV. Ya se aclaró que no se trata de una reducción del impuesto, sino de una redistribución de la recaudación. Sin embargo, no deja de ser preocupante que la tan cuidada caja fiscal pudiera convertirse en una herramienta de uso político.
El Parlamento ha aprobado redistribuir el 18% de IGV: 14% se destina al Gobierno Central (antes era 16%) y 4% a municipalidades al Foncomún (antes era 2%).
La norma, que no será observada por el Ejecutivo, establece que el incremento debe ser utilizado específicamente para obras.
Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), “una reducción del IGV en 2% generaría, según la recaudación del 2024, una reducción de S/9.824 millones por concepto de IGV. En el 2024, los municipios solo ejecutaron el 66,6% de sus recursos para proyectos de inversión, y no ejecutaron un total de S/9.679 millones”.
Con este escenario, el gobernante que resulte elegido el próximo año enfrentará un campo minado en materia económica y los partidos representados en el Congreso no son conscientes de esta situación y al parecer habrían optado por el populismo antes que por la responsabilidad.
El manejo económico responsable que era quizás la joya más preciada de los gobiernos también empieza a perderse en el tumulto de un escenario político desconcertante, donde los potenciales candidatos presidenciales que podrían erigirse como guardianes del fisco han preferido dividir sus opciones.
A esto hay que añadir que, según un estudio del Instituto Peruano de Economía, desde la pandemia, la anemia infantil ha alcanzado niveles críticos. En el 2024, el 35,3% de niños de entre 6 y 35 meses sufría de anemia. Ello es 3,9 puntos porcentuales superior al valor del 2019 (31,4%). Una situación gravísima si se tienen en cuenta las terribles consecuencias que tiene la anemia en el desarrollo cognitivo.
Este es el país en manos de una presidenta que lamentablemente nunca entendió el liderazgo que debía asumir desde que tomó las riendas del gobierno.
En un par de semanas el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto con su Gabinete deberán presentarse al Congreso para solicitar lo que se llama “el voto de investidura”, que no es otra cosa que la presentación de su plan de trabajo para lo que resta de gobierno. Ojalá Ejecutivo y Legislativo estén a la altura de la situación, pues no podemos seguir de tumbo en tumbo.
