Una menor de 10 años fue hallada y rescatada de la comunidad indígena Espejo, ubicada en el río Tigre, en la provincia de Pastaza, Ecuador, como resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Ecuador, la organización Our Rescue y autoridades ecuatorianas y peruanas, además de la Policía de Ecuador. La intervención se realizó el pasado 7 de agosto, según informaron las autoridades del país vecino.
Las primeras informaciones oficiales difundidas por la Fiscalía de Ecuador señalaron que el caso estaría relacionado con el delito de trata de personas con fines de matrimonio servil. El hecho ocurrió en una zona cercana a la frontera entre Ecuador y Perú, en un sector que limita con la región Loreto. Asimismo, las primeras diligencias de investigación apuntaron a que el caso estaría relacionado con presuntos intercambios de menores entre comunidades indígenas de la zona.
En el marco de la operación de búsqueda y rescate de la menor, las autoridades ecuatorianas detuvieron a un hombre de 50 años, identificado como Santi Cuji Washington Favio, quien fue trasladado para continuar con las diligencias correspondientes. Sin embargo, poco después, el hombre recuperó su libertad.
Según informaron medios ecuatorianos, Santi Cuji Washington Favio quedó en libertad luego de una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual. La decisión generó indignación en Ecuador y motivó que la Fiscalía General del Estado iniciara un proceso de control jurídico sobre el fiscal que participó en las diligencias relacionadas con el caso.
El rescate de la menor ocurre en un contexto en el que la trata de personas continúa afectando a niños, niñas, adolescentes y adultos en el Perú. De acuerdo con información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, durante 2025 un total de 458 personas fueron víctimas de trata de personas en el país, mientras que en 2024 la cifra alcanzó las 669 víctimas.
Entre 2017 y 2025, el número acumulado de víctimas de trata de personas registradas en el Perú llegó a 5.126. Del total de víctimas reportadas durante este periodo, el 86,3% fueron mujeres y el 13,7% hombres. Asimismo, 93 víctimas tenían entre 6 y 11 años, un grupo especialmente vulnerable frente a este tipo de delitos.
La menor rescatada en Pastaza permanece bajo custodia de las autoridades ecuatorianas, mientras se continúan realizando diligencias para determinar las circunstancias en las que la habría llegado a la comunidad Espejo y establecer si existió una red o mecanismo de intercambio de menores entre comunidades indígenas de la zona fronteriza.
Cuando la ausencia del Estado expone a las infancias
Vanessa Soto, responsable de Promsex Madre de Dios, señaló que el caso de la menor de 10 años rescatada en Ecuador debería llamar la atención sobre una realidad que suele quedar fuera de la agenda nacional. “En el Perú se ha hablado sobre la prohibición de los matrimonios con menores de 18 años, sobre el matrimonio infantil. Sin embargo, existe una realidad que pocas veces estamos palpando y tiene que ver con espacios más distantes, más lejanos, donde estas prácticas todavía existen”, declaró.
La especialista consideró que el caso evidencia la necesidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en zonas alejadas. “Muchas veces están creciendo en espacios excluidos de los servicios o de la presencia del Estado. Tampoco están llegando, no solamente los servicios, sino el acceso pleno a todos los derechos que debería tener la niñez”, sostuvo. Añadió que la violencia sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la infancia y que puede expresarse mediante prácticas como el intercambio de menores.
Respecto a si el caso podría ser considerado como trata de personas, Soto señaló que se requiere un análisis jurídico para determinarlo con precisión. “Quienes están más al tanto de la rigurosidad específica de la ley podrán definirlo, pero efectivamente también se realizan estos casos bajo modalidades de trata de personas. Puede ser una modalidad que tenga este fin y que, de por medio, exista efectivamente la trata de personas”, afirmó. Agregó que el secuestro también puede constituir una modalidad de captación en casos de trata.
Soto también advirtió que las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas pueden exponer a las niñas a este tipo de situaciones. “Muchas veces sus integrantes no tienen posibilidades económicas y hacen un intercambio, pero el intercambio termina siendo una niña muy menor, como en este caso”, explicó. La representante de Promsex Madre de Dios recordó que, desde el trabajo que realizan en la Amazonía peruana, específicamente en Madre de Dios, han conocido comunidades donde también se intentaban realizar este tipo de prácticas.
Para la especialista, estas situaciones evidencian no solo la pobreza, sino también la manera en que una niña puede terminar siendo considerada como un objeto de intercambio. “Alguien podría pedir dinero u otra cosa a cambio, pero pedir una niña a cambio habla efectivamente de un problema que todavía está presente en nuestra sociedad, de una violencia que tenemos que continuar intentando erradicar”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la problemática debería recibir mayor atención, especialmente en zonas donde existe exclusión, grandes distancias y ausencia del Estado.
Soto consideró que el caso debería generar una mayor preocupación sobre la protección de las niñas y adolescentes en estos territorios. “Esta problemática es sumamente seria y debería llamar totalmente nuestra atención. Es una muestra más de lo que representa la trata de personas, que hemos visto con mucha más presencia en espacios donde la exclusión está presente, donde existe ausencia del Estado y poco trabajo frente a la violencia de género”, afirmó. Asimismo, expresó preocupación ante una posible desaparición del Ministerio de la Mujer y sus efectos en la lucha contra esta violencia.
