Según conoció El Comercio, ese testigo protegido se acercó a la fiscalía y dijo tener información relevante para la investigación, la cual se inició el pasado 15 de abril tras un reportaje del dominical Punto Final. Dentro de esa declaración, que es citada en documentos a los que accedió este Diario, afirmó que el congresista ordenó a trabajadores de su despacho borrar información de sus computadoras.
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Incluso detalló que, a órdenes suyas, dos trabajadores fueron a la conocida zona comercial de Wilson, en el Centro de Lima para buscar a un técnico de computadoras que pudiera “infectar la máquina con virus que impidan la identificación de los archivos de las máquinas del despacho”.
De acuerdo con el testimonio brindado el pasado 29 de mayo ante la fiscalía, los trabajadores fueron el asesor Darwin Ramírez Vargas y el técnico Kevin Haro Rodríguez. Este último es uno de los trabajadores que fue captado en el reportaje de Punto Final entregando pelotas a cambio de firmas en un distrito de Áncash.
El testigo relató que “por órdenes” del congresista, ambos fueron al “centro comercial conocido como ‘Wilson’ para encontrar un técnico que realice el borrado de archivos de los equipos de cómputo del despacho congresal, o infectar la maquina con virus que impidan la identificación de los archivos de las maquinas del despacho”. Sin embargo, “como la propuesta era hacerlo remoto, no se concretó por desconfianza del asesor”.
El mismo 29 de mayo, personal de la fiscalía que investiga este caso acudió al despacho del parlamentario para una diligencia de exhibición de información y de los registros en las computadoras e impresoras asignadas a su oficina.
No obstante, según se consigna en documentos a los que accedió este Diario, la diligencia no se pudo realizar porque “al ser consultado telefónicamente, el investigado Espinoza Vargas preguntó si existía orden judicial para tal fin”. Y cuando se le dijo que “la medida fue dispuesta por el Fiscal de la Nación”, el congresista “culminó la llamada”.
De acuerdo con el testigo protegido, luego de esa visita de la fiscalía al despacho, el asesor Darwin Ramírez “se contactó con nuevos informáticos para asesorarse de qué métodos se pueden utilizar para realizar el borrado de toda la información y se realice el jueves 30 de mayo de 2024, quedando en coordinar la hora”.
El asesor del congresista -agregó el testigo- mandó a dos trabajadores del despacho, el coordinador Wilfredo Valencia Sánchez y el auxiliar Héctor Camacho Aguilar, “a borrar todos los datos” de sus computadoras. Ello con la asistencia de Kevin Haro Rodríguez. Estos otros dos trabajadores también fueron captados en el reportaje que dio inicio a este caso.
Luego, indicó que el congresista dispuso que “se acelere el cambio de impresora [asignada a su oficina] y se lleven la antigua”, luego de que, “coincidentemente, el Congreso dispuso el cambio de todas las impresoras los despachos”.
También manifestó que Darwin Espinoza pensaba que la fiscalía iba a volver a concurrir a su despacho, esta vez ya con una orden judicial, por lo que “ordenó una nueva limpieza de documentos físicos y digitales y dio instrucciones para que todos los trabajadores estén preparados para ello”.
En efecto, la fiscalía volvió a concurrir al despacho del legislador con una resolución judicial que ordenaba la exhibición forzosa de equipos y de la impresa, pero lo hizo el lunes 3 de junio. Es en esa resolución, a la que accedió El Comercio, que el juzgado consigna la declaración del testigo protegido como elemento para autorizar la medida.
Ante el pedido del Ministerio Público, el magistrado consideró que la medida era idónea “para lograr identificar cuáles son las máquinas (computadoras) e impresora asignadas al investigado Espinoza Vargas por Congreso de la República y por consiguiente obtener información relevante para investigación”.
“La medida es proporcional […] más aun cuando se trata de bienes públicos (computadoras e impresora asignadas a un funcionario público para su labor, en este caso, congresal) y los intereses constitucionales del Ministerio Público en su labor de investigación del delito y brindar tutela a la sociedad en la investigación y sanción por delitos”, afirmó el juez.
El Comercio envió mensajes al congresista para tener sus descargos frente a la declaración del testigo protegido. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. En tanto, personal de prensa de la bancada de Acción Popular respondió que el legislador “no dará declaraciones” en relación a la consulta.
El último sábado, la Fiscalía de la Nación allanó 10 inmuebles ligados a esta investigación, entre los que está la vivienda del congresista en Lima y de sus trabajadores en Chimbote y en el Callao. En declaraciones a la prensa ese día, el legislador aseguró que en su casa no hallaron “nada relacionado a la investigación”. Sin embargo, fuentes de El Comercio comentaron que en el operativo “se habría encontrado importante evidencia”.
“Descarto totalmente [haber usado recursos del Congreso para la inscripción del movimiento regional]. Yo no me corro de las investigaciones y tampoco de la prensa”, declaró. “Que las investigaciones determinen quién ha sido esa persona que ha impreso esas hojas. Creo que es alguien que trabaja o ha trabajado en mi oficina. Yo quiero saber quién es. Parece que está como testigo protegido o algo así, pero si está adentro, obviamente me va a poder causar otros daños más”.
En diálogo con este Diario, el penalista Andy Carrión consideró que la declaración del testigo es grave y complica la situación del legislador. Por un lado, dijo que estos actos “verificarían que hubo una mala utilización de recursos por sus trabajadores”. “Es un elemento muy escandaloso […] Afianzaría la hipótesis de que hubo actos previos que él intenta desaparecer. Cuando se despliegan este tipo de conductas, la fiscalía se pregunta qué pruebas ha intentado desaparecer”.
Por otro lado, sería un elemento tanto para la investigación de la Comisión de Ética, como para que la propia fiscalía pida una orden de impedimento de salida del país. Incluso, más adelante, podría ser un elemento para solicitar prisión preventiva si se le levanta la inmunidad por este caso.
“Sería muy peligroso para él cuando le levanten el fuero, porque tendría que ser tomado de manera definitiva como un acto obstruccionista que podría desencadenar, eventualmente, en una prisión preventiva”.
Finalmente, dijo que la investigación por peculado se podría ampliar para incluir el delito de obstrucción a la justicia. En esa línea, indicó que si hay trabajadores que recibieron órdenes de ese tipo, lo más recomendable es que declaren y colaboren con la fiscalía. De lo contrario, indicó que podrían ser investigados cómo cómplices y se exponen a ser procesados por una fiscalía penal común, ya que no tienen la inmunidad del congresista.
Bajo investigación
En este caso, la Fiscalía de la Nación investiga a Darwin Espinoza por presunto peculado. Se le imputa haber usado irregulamente, o haber permitido que su hermano Renato Espinoza use irregularmente, instrumentos asignados para su función congresal con el objetivo de impulsar la inscripción del movimiento ‘Adelante Áncash’.
Los recursos presuntamente usados son las instalaciones de su oficina congresal, 10 millares de papel bond, una impresora con su tóner, equipos de cómputo, mobiliario, una cuenta del Reniec y los servicio de siete trabajadores como “maquinaria electoral”. El congresista ha negado esa acusación en múltiples ocasiones.
“En marzo yo solicito la suspensión de sus haberes, de su pago, por 15 días a la Oficialía Mayor”, dijo sobre sus trabajadores que fueron grabados en el reportaje realizando actos proselitistas. “Ellos indican que dentro de esos días de suspensión han estado haciendo otras actividades. Por eso cuando se les filma, están haciendo algo que no pueden ni deben darme explicaciones. Me han dicho que son actividades fuera de las horas de trabajo”.
“Se habla de 10 millares (de hojas) pero solo se entregaron 4 millares. Se habla de trabajadores que han estado en días laborales y los señores tienen el fundamento que no han estado en días laborales trabajando, pero todo ese detalle se va a presentar ante la entidad, ya sea el Ministerio Público como la Comisión de Ética, para sustentar la verdad”, declaró días después.
Como parte de las pesquisas, El Comercio conoció que el Reniec remitió información a la fiscalía sobre las consultas en su sistema realizadas por el usuario de Darwin Espinoza.
También se recibió un reporte del Congreso sobre las impresiones realizadas en su despacho e información del Jurado Nacional de Elecciones para corroborar que la reserva de la denominación de ‘Adelante Áncash’ está a nombre de Renato Espinoza, hermano del legislador.
La denuncia periodística contra Darwin Espinoza también llevó a que deje la vocería de la bancada de Acción Popular, que pasó a ser asumida por Elvis Vergara. Además, se le inició una investigación a nivel de la Comisión de Ética.
El parlamentario también es investigado por el Ministerio Público en otros casos. Uno de ellos es el de ‘Los Niños’, un grupo de congresistas de Acción Popular que habrían actuado en función a los intereses del gobierno de Pedro Castillo a cambio de favorecimientos. Una parte de ese caso está bajo indagación fiscal y otra fue objeto de una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, la cual sigue en trámite en el Congreso.
Darwin Espinoza también es investigado por un presunto intercambio de favores con la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú), ligado a contrataciones en sus despachos. Allí, el Ministerio Público lo sindica como presunto autor del delito de cohecho activo genérico.
En medio de las múltiples polémicas que rodean al legislador, el Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular informó este mes sobre la confirmación de su decisión de expulsarlo definitivamente del partido. Pese a ello, el legislador continúa siendo parte de la bancada.
