Sábado, Mayo 18

La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), acusado de utilizar recursos públicos y personal del Congreso para inscribir a su agrupación política, el movimiento regional Adelante Áncash, informaron fuentes de El Comercio.

El lunes último, la Procuraduría General del Estado (PGE) había solicitado al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, el inicio de diligencias preliminares contra Espinoza por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso.

El procurador general, Javier Pacheco, estimó que el legislador podría recibir una pena de entre 2 y 12 años de prisión efectiva si se confirma que utilizó de manera ilícita recursos y personal parlamentario, como denunció el programa “Punto Final” el fin de semana pasado.

Representantes del Ministerio Público acudieron al despacho parlamentario de Espinoza el martes último para constatar la ubicación de su oficina. Con esa diligencia, se preveía que esta semana se conociera el inicio de la investigación preliminar, como ha ocurrido.

Según la denuncia de “Punto Final”, Espinoza, también investigado por el Caso Los Niños, empleó una impresora instalada en su despacho parlamentario y papel bond proveído por el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.

Además, envió a su personal parlamentario a Áncash para que recolecten firmas en días laborables y utilizó el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

Espinoza intentó desmentir la acusación el martes último. No obstante, cayó en contradicciones, enredos e imprecisiones.

Entre otras afirmaciones, aseguró que tres de los trabajadores parlamentarios grabados por “Punto Final” mientras recolectaban firmas a favor de Adelante Áncash se encontraban suspendidos de sus funciones en marzo pasado. Pero la sección Transparencia del Congreso muestra que ninguno de los involucrados sufrió el recorte de sus remuneraciones ese mes.

También trató de marcar distancia del movimiento Adelante Áncash, al asegurar que se enteró de su formación “por temas periodísticos”. No obstante, luego reconoció que esa agrupación es de su hermano, Renato Espinoza Vargas, aunque añadió que “hace mucho” que no conversa con sus hermanos.

“Nunca me he corrido”

Espinoza señaló este jueves que colaborará con las indagaciones. “Nunca me he corrido de la investigación. Al contrario, me he allanado y se va a dar todas las facilidades a la comisión [de Ética] y al Ministerio Público”, dijo.

El legislador, quien permanece como vocero de la bancada de Acción Popular, insistió en su inocencia. Previamente, la Comisión de Ética Parlamentaria dispuso iniciarle un indagación preliminar.

La decisión de Ética fue aprobada con 13 votos a favor y una abstención. La máxima sanción que puede recomendar ese grupo de trabajo parlamentario es de 120 días de suspensión. No obstante, tiene antecedentes de blindar a otros legisladores.

El voto en abstención fue de Kira Alcarraz (Podemos Perú), quien no sustentó el motivo de su decisión durante la sesión.

Alcarraz tampoco respondió los intentos de comunicación de El Comercio. Pero fuentes parlamentarias recordaron que ella integra la Comisión de Ética gracias a que la bancada de Acción Popular le cedió su cupo.

Efectivamente, en agosto del 2023, Espinoza contó en diálogo con la prensa: “No habíamos acreditado a nadie. La congresista Kira Alcarraz nos solicitó ese espacio y se lo hemos cedido”.

La mismas fuentes también destacaron que recientemente Alcarraz presentó un pedido de reconsideración en la Comisión de Ética contra la aprobación de un informe que recomienda suspender 120 días al congresista Jorge Luis Flores Ancachi, otro de ‘Los Niños’ de Acción Popular, por recortes de sueldo.

La legisladora retiró su pedido de reconsideración poco después, y aseguró que lo había presentado “por error”.

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