¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

El gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó eliminar varias misiones y fundaciones históricamente asociadas al chavismo, estructuras que durante años funcionaron como engranajes sociales, políticos y organizativos del poder en el país caribeño. La medida, presentada oficialmente como una reestructuración administrativa, abre las interrogantes sobre si se trata de una señal estratégica de reconfiguración del modelo estatal construido desde la era de Hugo Chávez, de las consecuencias que pueda tener en las bases del oficialismo, y sobre cómo Estados Unidos continúa presionando al nuevo régimen.

Específicamente, Rodríguez ordenó el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, actualmente preso en Estados Unidos luego de que fuera detenido por fuerzas especiales de ese país el pasado 3 de enero en Caracas.

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Estas misiones y fundaciones dependen del ministerio del Despacho de la Presidencia, que desde hace un mes es dirigido por el capitán Juan Escalona, quien fue parte del equipo de seguridad de Maduro.

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Según la Gaceta Oficial fechada el 9 de febrero y difundida el domingo, la presidenta ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre “la actividad enemiga interna y externa”.

También eliminó la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creadas por Maduro.

Además, desactivó la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por Chávez; así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el Gobierno de Jaime Lusinchi.

De acuerdo con el decreto firmado por Rodríguez, el objetivo es reorganizar el funcionamiento del ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social”.

“Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos”, señala.

“Un golpe al corazón del madurismo”

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El politólogo venezolano Luis Nunes dijo a El Comercio que la eliminación de misiones y fundaciones “es un golpe bien certero al corazón del madurismo… que ahora es dirigido por la señora Rodríguez”.

Sostuvo que “es producto de una orden directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio. No me queda la menor duda”.

Agregó que lo decidido por Rodríguez es exactamente lo que Trump hizo en Estados Unidos, cuando eliminó las dos grandes ONG de los partidos Republicano y Demócrata, tras lo cual cerró en todo el mundo las oficinas de USAID.

Nunes también comparó la decisión con acciones adoptadas en otros países como Argentina, donde la herencia que los Kirchner le dejaron al actual presidente Javier Milei ha sido desmantelada.

“Milei cerró todas las ONG del kirchnerismo, que eran muy parecidas al esquema que tenía el chavismo-madurismo en Venezuela”, precisó.

El analista afirmó que la supresión de las misiones podría generar resistencia interna en Venezuela, ya que —según dijo— muchas de ellas funcionaban como plataformas de movilización y sostenimiento político del chavismo construido durante los gobiernos de Chávez y Maduro. En su lectura, el impacto será especialmente sensible dentro de los sectores que dependían laboral o políticamente de esos programas.

Sobre el futuro, consideró posible que el próximo paso sea una reducción del aparato estatal venezolano. Nunes sostuvo que existe una sobredimensión de empleados públicos vinculados a tareas de proselitismo político. Asimismo, afirmó que muchas misiones operaban bajo lógicas de dependencia, citando como ejemplo programas habitacionales donde los beneficiarios recibían viviendas sin títulos de propiedad, lo que, en su interpretación, los mantenía atados al poder político.

Nunes concluyó que el cierre de estas estructuras representa un golpe al núcleo organizativo del oficialismo y anticipó que sus efectos se verán tanto en el equilibrio interno del poder como en la relación del gobierno venezolano con actores internacionales.

“Nunca fueron para ayudar a la gente”

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Por su parte, el analista Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica, una asociación civil con sede en Estados Unidos, afirmó a El Comercio que la eliminación de misiones y fundaciones chavistas forma parte de una estrategia política de Rodríguez orientada a preservar el poder en un contexto de presiones internas y externas.

Según sostuvo, la decisión está conectada con escenarios de transición planteados desde Estados Unidos y responde a un cálculo de supervivencia política.

A su juicio, estos programas no fueron diseñados como políticas sociales tradicionales, sino como instrumentos de control social basados en beneficios condicionados, dependencia económica y lealtad política.

“Nunca fueron concebidos para ayudar a la gente, para ayudar a los venezolanos. Siempre fueron pensados para controlar a la población, bien sea por hambre, por miedo, por represión o por una combinación de todas estas cosas”, sentenció.

Mujica aseguró que la eliminación puede interpretarse como una señal hacia Estados Unidos, aunque advirtió que también generará tensiones dentro del oficialismo, debido a que estas estructuras formaban parte de un entramado de intereses. En ese sentido, sostuvo que “puede existir resistencia interna, ya que el aparato estatal creció de forma significativa durante el chavismo y amplió la masa de personas vinculadas a programas públicos”.

Desde su perspectiva, el desmontaje de estos programas podría incluso facilitar una eventual transición futura, al eliminar estructuras paralelas que, afirma, distorsionaban el funcionamiento institucional del Estado. Sin embargo, advirtió que “el efecto inmediato será confusión social y posibles rechazos sectoriales”, en un proceso que describió como “una maniobra política calculada para equilibrar presiones internas y externas mientras el gobierno intenta consolidar su posición”.

El analista consideró improbable que el próximo paso del Ejecutivo sea reducir el número de empleados públicos, porque “ese sector constituye un mecanismo clave de control político”. En cambio, prevé que “el desmantelamiento de las misiones podría ir acompañado por nuevos esquemas de compensación, como bonos u otros pagos extraordinarios generados por los ingresos de la venta del petróleo”. Según su interpretación, ello permitiría sustituir estructuras antiguas por mecanismos distintos que mantengan la dependencia económica de la población.