¿Cuál será el nuevo papel de los militares ahora en Ecuador tras el referéndum?

El 2023 fue el año con más homicidios de la historia de Ecuador, con 7.886 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de asesinatos de más de 40 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional.

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En enero de este año, el presidente Noboa militarizó las cárceles y calles del país ante el incremento de la violencia, y declaró que en la nación hay un “conflicto armado interno”.

Además, designó como terroristas a una veintena de bandas criminales, varias de ellas al servicio de grandes organizaciones del narcotráfico de origen mexicano y albanés.

En ese contexto, Noboa convocó a un referéndum y consulta popular de 11 preguntas para reforzar la lucha contra el crimen y reactivar la economía del país.

De acuerdo con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una de las más importantes reformas, la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia otros países, el Sí se impuso con un 65% de los votos válidos.

La Constitución del 2008 establece que en ningún caso se concederá la extradición de nacionales. Pero una vez que sea publicado el resultado oficial, la medida tendrá un efecto inmediato, pues solo se necesita una enmienda para sustituir el artículo 79 de la Carta Magna sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional.

El presidente Noboa ha remarcado que con esta medida se va a extraditar a los criminales más peligrosos.

La extradición se realizará bajo la condición de que al reo no se le aplique la pena de muerte y no se entregará a nadie por delitos políticos.

Cabe precisar que en este tema, febrero del 2023 el entonces presidente Guillermo Lasso propuso una consulta similar que fue rechazada con el 52% de los sufragios.

El papel de las Fuerzas Armadas

Otra reforma que tendrá un efecto inmediato es la que permite a las Fuerzas Armadas participar de manera permanente, junto con la policía, en operaciones contra el crimen organizado, sin la necesidad de que se dicte un decreto de estado de excepción por un máximo de 90 días, como ocurre ahora.

Hasta hoy, la protección y el mantenimiento del orden público en Ecuador es un asunto exclusivo de la Policía Nacional.

Específicamente, el Gobierno planteó que los militares puedan colaborar con la policía en el control de seguridad interna cuando haya motines carcelarios y en operaciones relacionadas con varios delitos: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación y delincuencia organizada. Lo podrán hacer por un período de 180 días más otros 30 prorrogables.

También se aplicará de inmediato un sistema de juzgados en materia constitucional que fue aprobado en la consulta.

Mientras que las seis reformas que deberán pasar por la Asamblea Nacional son las relacionadas con la acción de las Fuerzas Armadas para el control de los accesos a las prisiones, que son epicentro de la crisis de violencia que vive Ecuador.

También deberán pasar por la Asamblea Nacional el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con el crimen organizado y la eliminación de beneficios penitenciarios para que los delincuentes responsables de ciertos tipos de crímenes cumplan todo su castigo en prisión.

Igualmente, el Parlamento deberá tipificar un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de policía y Fuerzas Armadas, así como un mecanismo para que estas fuerzas estatales sean equipadas con el armamento incautado a los delincuentes y otra reforma para hacer expropiaciones exprés de bienes ilícitos.

De acuerdo con constitucionalistas ecuatorianos, la Asamblea Nacional no está obligada a aprobar los proyectos de ley que envíe Noboa sobre los seis temas entes mencionados.

El domingo hubo dos preguntas donde ganó el No: la posibilidad de legalizar los contratos por horas, que tenía por objeto generar empleo para los jóvenes. Y la referida al reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.

¿Cómo interpretar los resultados?

¿El resultado del referéndum es un triunfo para Noboa o una derrota, como señalan sus adversarios del correísmo?

El sociólogo ecuatoriano Julio Echeverría conversó con El Comercio y señaló que en cierta medida la ciudadanía se pronunció por las preguntas más que por premiar o castigar al Gobierno o a la oposición. “Creo que la ciudadanía respondió con mucha claridad y dio una señal de que el problema de la seguridad en Ecuador es fundamental y de que hay que aunar fuerzas para enfrentarlo con toda la decisión posible”, indicó.

“En ese sentido, el Gobierno sale como ganador, pues las 9 preguntas sobre seguridad tienen cifras altas y definitorias… La ciudadanía premia lo que viene haciendo Noboa y en alguna medida exige que ese camino no se abandone sino que se afirme con mayor fuerza”, agregó.

En cuanto a las dos preguntas donde ganó el No, Echeverría consideró que en ambos casos el Gobierno no se esmeró a fondo para hacer pedagogía y para defenderlas.

Sobre el papel de la Fuerzas Armadas y la militarización de Ecuador, Echeverría sostuvo que el tipo de delito al cual se está haciendo referencia es multiforme, que se escapa de las consideraciones clásicas acerca de lo que es la política criminal y las definiciones que deben adoptarse frente a ese tipo de conflicto.

“Estamos frente a un conflicto transnacional en donde la misma soberanía estatal se recorta y se proyecta a la búsqueda de una soberanía regional, por decir lo menos, o a una soberanía global, en la cual se comprometen los distintos países para cortar las cadenas de suministro de una economía informal, como es la del narcotráfico, que tiene una proyección que sobrepasa las soberanías nacionales”, enfatizó.

Consideró que es un riesgo que a partir de esta realidad se pueda derivar hacia un régimen autoritario. “Pero creo que es un riesgo que las sociedades en este momento están dispuestas a recorrer porque el otro camino sería el del entendimiento con las fuerzas del narcotráfico y de la delincuencia organizada, que es un camino por el cual se están conduciendo algunos gobiernos como el de México y Colombia”, remarcó.

En cuanto a si el modelo ecuatoriano pueda terminar siendo emulado por otros países como el Perú, Echeverría dijo: “Creo que es un modelo que podría imitarse en la región, no creo que necesariamente esté asociado con una deriva autoritaria del Gobierno, creo que es factible combinar la vigencia de la democracia y de los derechos, y al mismo tiempo la decisión y la claridad en el enfrentamiento a este tipo de nuevos conflictos”.

En su columna del portal Primicias.ec, el politólogo Santiago Basabe sostuvo que el resultado indica que la población avala lo realizado por el Gobierno en materia de seguridad y que está de acuerdo con otras medidas adicionales, como la relacionada con la extradición.

También dijo que da cierto aire al presidente Noboa de cara a la campaña electoral para las elecciones del 2025, donde buscará la reelección.

Basabe enfatizó en que la negativa en los temas del trabajo por horas y el arbitraje internacional puede en algo moderar el estilo del gobierno, pero no en las cuestiones de fondo. “Si sucedía lo contrario, al estilo de lo ocurrido con la consulta popular del expresidente Lasso, entonces Daniel Noboa seguramente tenía que empezar a contar los días para despedirse de Carondelet. No ha sucedido lo uno ni lo otro, por lo que los cambios políticos en el corto plazo no serán mayores”, pronosticó.