Cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este domingo en medio del secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. El ataque ocurrió alrededor de las 3 a.m., cuando sujetos armados interceptaron la camioneta blanca en la que se desplazaban las víctimas y abrieron fuego contra sus ocupantes.
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Sus actividades criminales comenzaron con la usurpación agravada, el tráfico de terrenos y la extorsión económica, delitos que frecuentemente derivaban en lesiones graves y sicariato. Tras ganar control en determinadas zonas, expandieron su accionar hacia la microcomercialización de drogas. Posteriormente, consolidaron su presencia en el hampa al integrarse a una facción conocida como Los Plataneros del Milagro, lo que les permitió ampliar su influencia en la región.
“Todos ellos han sido capturados y puestos a disposición de las autoridades fiscales y judiciales en varias oportunidades y, posteriormente, lograron su libertad. Desconozco bajo qué argumentos legales o exculpatorios, principalmente “Jhon Pulpo”, quien se perfilaba como el más sanguinario y avezado de los hermanos Cruz Arce», declaró el general PNP (r) Juan Carlos Sotil, exdirector de Investigación Criminal.
Con la caída y exposición mediática de Los Pulpos, emergió una nueva organización criminal: La Jauría Cruz Verde, liderada por “Gringasho” y otros sujetos que también ganaron notoriedad en su momento. Sin embargo, en medio del auge de esta banda apareció en escena Johnson Cruz Torres, hijo de “Jhon Pulpo”.
Según explicó Sotil, Johnson replicó el perfil violento de su padre e inició una escalada de venganza mediante asesinatos selectivos contra integrantes de Cruz Verde. De esta manera, logró ganar terreno dentro del crimen organizado en La Libertad y dio origen a una nueva facción conocida como Nueva Generación Pulpos.
¿Cómo operan Los Pulpos?
A lo largo de su historia, la organización ha sido vinculada con una extensa lista de delitos: tráfico de terrenos, extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de drogas y minería criminal. Su estructura no solo opera en las calles. También ha mantenido capacidad para articular acciones desde los establecimientos penitenciarios mediante redes de comunicación con integrantes en libertad.
Robert Maraví, exoficial de la PNP, señaló que la eventual participación de Los Pulpos en el secuestro del empresario minero debe analizarse a partir de la capacidad que esta organización ha desarrollado durante años en Trujillo para ejecutar delitos complejos, principalmente extorsiones, secuestros y acciones de sicariato.
“Los Pulpos no son una banda que aparece recientemente. Estamos hablando de una organización con varias décadas de presencia en La Libertad, que ha logrado mantenerse pese a las capturas de algunos de sus integrantes y cabecillas. Una de sus características ha sido precisamente su capacidad para reorganizarse y continuar operando mediante distintos brazos o células”, explicó el especialista.
El experto advirtió que las características del secuestro de Jenns Marty Lara Tantaquilla revelan un importante nivel de planificación. Los delincuentes habrían realizado un seguimiento previo al empresario, simularon una intervención policial y utilizaron prendas similares a las de una unidad especializada de la PNP para interceptar el vehículo.
Los Pulpos, además, mantienen operadores y vínculos transnacionales en países como Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, donde colaboran con otras organizaciones criminales. Estas redes les permitirían generar y movilizar dinero ilícito fuera del Perú. La dimensión de sus operaciones ha dificultado su desarticulación, mientras mantienen recursos económicos que les permiten abastecerse de armas, sostener a sus integrantes y permanecer en la clandestinidad.
En febrero de este año, las autoridades chilenas detuvieron a 34 presuntos miembros de Los Pulpos durante una serie de operativos policiales. La organización criminal, surgida en Trujillo, ha sido vinculada en ese país con extorsiones en las que se exigían pagos de hasta US$14.000, según denuncias registradas por las autoridades chilenas.