Culminada la primera ronda del debate presidencial sobre seguridad ciudadana, 33 de los 34 candidatos participantes ofrecieron acabar con el crimen organizado. La excepción fue el nostálgico Ricardo Belmont, quien invocó recetas de la Lima de ayer, a la que gobernó entre 1990 y 1995. Quizá se haya abstenido porque, como él mismo dijo, era el más viejo. Pero el resto exhibió triunfalismo, y es difícil criticarlo. Había un esquema de mensajes cortos, en el que los candidatos debían resumir su propuesta en un minuto, y luego responder varias preguntas de los conductores –sin excederse de dos minutos y medio– en tres sucintas intervenciones. Estas preguntas los alejaban de su idea central. Podían referirse a aspectos muy particulares de la problemática, a veces con requerimiento de cifras e indicadores. Frecuentemente terminaban silenciados a la mitad de una frase.
Aun así, Álvaro Paz de la Barra consiguió decir un cúmulo de desatinos, como que en su combate contra el crimen irrespetaría la presunción de inocencia y el debido proceso, gobernando bajo estado de excepción, sin derechos, para pacificar el país en 180 días. El tiempo también le alcanzó a Charlie Carrasco para lanzar una docena de promesas imposibles, entre ellas juicios de 48 horas para decretar cadenas perpetuas, duplicación del sueldo de los maestros y derechos laborales para los mototaxistas. Cuando acabó, el moderador Fernando Carvallo indicó:
—Aún le quedan cinco segundos.
—Todos serán sancionados— remató Carrasco.
Tanta exactitud pareció jugarle una mala pasada a César Acuña. Cuando solo le faltaban 30 segundos, intervino Fernando Olivera, quien usó el minuto y medio que le restaba para acusarlo de mafioso. Dijo que lideraba una organización criminal llamada Alianza para el Progreso, que estaba acusado de ser testaferro de narcotraficantes, que usaba su universidad como lavandería y que extorsionaba a sus estudiantes para que asistieran a sus mítines. Su fortuna mal habida, agregó, debía ser investigada y sancionada. A continuación, la moderadora Claudia Chiroque empleó 25 segundos para preguntarle a Acuña, exgobernador de La Libertad, cuántas denuncias había presentado contra los mineros ilegales de Pataz y cuántas terminaron en sentencias condenatorias. Acuña, lento como nadie, solo alcanzó a decir en su medio minuto que eso era responsabilidad del gobierno. Calló sobre las acusaciones (aunque en otro momento del debate las rechazó de forma genérica). Al día siguiente anunció una denuncia penal contra Olivera.
En realidad, al margen del tiempo del que disponía, Acuña eligió no responder. Mas no es posible pasar por alto el señalamiento de que un aspirante a la presidencia es testaferro de narcotraficantes, lanzado por otro candidato ante una audiencia nacional. Sobre Acuña recaen cuestionamientos de otra naturaleza, por mezclar sus asuntos privados con lo público. No son menores, pero que sea un criminal organizado corresponde a otras ligas. Es el tipo de acusación que debe llegar acompañada con pruebas, siendo lo contrario una irresponsabilidad. Por eso es pertinente que el Poder Judicial, donde Olivera sostiene que demostrará sus dichos, examine el caso y establezca si el fundador de APP fue difamado.
Por mucho que se diga que estos debates son para escuchar propuestas y no controversias, es saludable que permitan tachar una conducta con alegaciones exentas de soecidad o chabacanería. Por eso Yonhy Lescano estuvo acertado cuando reclamó a Alfonso López Chau haber mentido respecto de su apresamiento en 1970. López Chau presentó el incidente como la peripecia de un joven idealista, cuando en realidad había participado en el asalto a un banco bajo la dirección de un grupo trotskista. Podía haberlo explicado y el asunto quedaba en un plano secundario. Lescano exhibió una prueba irrefutable, el documento de su amnistía. La demostración de que un posible presidente miente en asuntos mayores es más importante que el conocimiento de su plan de gobierno.
La probidad de un líder, incluso por encima de sus propuestas, fue destacada por el propio López Chau y por otros candidatos, especialmente cuando abordaron el segundo tema en debate, el de las políticas de integridad. ¿Cómo va a perseguir a los corruptos alguien del mismo gremio? Lescano también enrostró a Carlos Álvarez haber ocultado que colaboró con Vladimiro Montesinos cuando este dirigió el SIN durante el gobierno de Alberto Fujimori. Álvarez, en efecto, fue condenado por haber aceptado dinero del SIN para apoyar la última campaña electoral de Fujimori, cuando era cómico de canal 7. Dos testigos dijeron haber visto boletas firmadas por él y policías aseguraron que recibía protección oficial. Sin embargo, la Corte Suprema le anuló una sentencia de cuatro años de carcelería por el delito de peculado. Estableció que los testimonios de los pagos no revestían credibilidad suficiente, que nunca había sido visto en el SIN y que la asignación de personal de seguridad para protegerlo era una infracción de la policía, no suya. De modo que Álvarez, aunque subsistan dudas sobre su relación con el SIN, está legalmente limpio. En el debate no le contestó a Lescano.
A propósito de la idoneidad de los candidatos, es una lástima que no hubiera sido emplazado Roberto Sánchez, quien debatió con Walter Chirinos (cuyo programa de seguridad fue diseñado, según dijo, por el mismísimo Montesinos), y con Fiorella Molinelli. Ninguno le hizo daño. Es que lo más reprochable en Sánchez, que es su falta de escrúpulos, no es material propicio para un debate, porque remite a hechos ocurridos tras bambalinas: su apropiación del Partido Humanista, ampliamente referida por Yehude Simon; su acercamiento a Castillo hasta convertirse en el ministro favorito –según Vladimir Cerrón, lo empujó a cerrar el Congreso– para después abstenerse de votar contra su vacancia; su camaleónica transformación en un Castillo del 2026, con sombrero y todo.
Rafael López Aliaga fue atacado eufóricamente por Alex Gonzales, pero, por imprecisión, hubo más ruido que nueces. ‘Porky’ no respondió. Si pasa a la segunda vuelta, sería deseable que su contendor, en un debate de a dos, aporte fundamentos válidos para un balance crítico de su alcaldía, pues él se basa en supuestos logros de su gestión para demostrar que será buen presidente. Otra necesaria explicación es cómo desaparecerá 12 ministerios ahorrando 80.000 millones de soles para invertirlos en seguridad ciudadana. López Aliaga no insultó ni se quejó de que el mundo caviar está en contra suya. Hizo bien en no desbordarse.
El embate más importante fue el que le hicieron Jorge Nieto y Mesías Guevara a Keiko Fujimori. Nieto la acusó de haber liderado una coalición que sostuvo a los pésimos gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar. “Usted gobernó”, le dijo. Coincidiendo con Guevara, añadió que esa entente –el llamado pacto corrupto– legislaba para sus propios intereses, y era la causante de la alta criminalidad y de la corrupción. La idea es muy potente, porque el indefendible Congreso exhibe evidencias de putrefacción. Y sobre ella, desde el centro hasta la izquierda, se proclama una segunda tesis, esta sí endeble: las “leyes procrimen”, hijas del pacto corrupto, causaron la crisis de seguridad. Son conceptos para la campaña. Sin entrar en la discusión de las normas (lo que demostraría que parte de ellas son razonables), es obvio que cuando se dieron ya se había agudizado el problema.
Keiko Fujimori erró al no explicar estos puntos al elector indeciso. Trasuntó debilidad, aunque posiblemente pensó que hubiera sido inútil. Ella estuvo buscando la atención de la gente sencilla, de donde salen sus votos, con ejemplos de la difícil vida cotidiana. Las encuestas de hoy dirán si la omisión le costó un retroceso y si el debate del JNE realmente será decisorio en los resultados del 12 de abril.
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