La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) reclamó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que le restituya las pensiones que cobraba por haber ocupado la Jefatura de Estado y por ser viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y que le fueron quitadas por decisión del Gobierno de Javier Milei.
Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron este sábado que el reclamo administrativo presentado por la exmandataria será contestado “de acuerdo a los plazos de procedimiento” por el área de Asuntos Legales de la Anses, el organismo estatal que administra el sistema de jubilaciones en Argentina.
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Mediante una resolución publicada el pasado 15 de noviembre en el Boletín Oficial, la Anses revocó los beneficios de pensión vitalicia que cobraba Kirchner por haber sido jefa de Estado y como viuda de otro expresidente, una medida que en la víspera había sido anunciada por el propio Gobierno de Milei.
La resolución recuerda que el 13 de noviembre un tribunal de alzada confirmó una condena para Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su Gobierno y el de Kirchner.
La Anses alegó que las pensiones vitalicias para expresidentes “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
Tras hacerse efectiva esa medida, Cristina Kirchner la cuestionó bajo el argumento de que las pensiones para expresidentes no se conceden por buen desempeño, sino por el “mérito” de haber sido elegidos como jefes de Estado por el voto popular.
Alegó, además, que el supuesto “mal desempeño” de un presidente solo lo puede juzgar el Parlamento argentino a través del proceso constitucional de juicio político durante el ejercicio del mandato.
En declaraciones a la radio La Red, Facundo Fernández Pastor, abogado de la expresidenta, señaló que si el reclamo administrativo ante la Anses no prospera, Fernández irá a la Justicia.
