La iniciativa del Gobierno para instalar cámaras de seguridad en las unidades de transporte público ante la ola de ataques contra los choferes se truncó, ya que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) declaró nulo de oficio el proceso de selección debido a deficiencias en los términos de referencia del concurso público, por lo que el proceso regresa a la etapa de convocatoria.
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“El 21 de agosto de 2025, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular emite informes y advierte la falta de componentes que no fueron considerados dentro de los términos de referencia en su elaboración tales como certificaciones, que resultan necesarias para una correcta satisfacción de la necesidad requerida; en consecuencia, concluyen que se evidencia deficiencias en las características técnicas desarrolladas en los términos de referencia”, indicó la entidad en su resolución 256-2025-ATU-PE, emitida el pasado 25 de agosto.
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Las cámaras de seguridad en el interior de los buses resultan vitales no solo para identificar a los extorsionadores, ya que también permitiría determinar el comportamiento de los choferes cuando manejan, sobre todo en casos de accidentes de tránsito, tal como ocurrió en un reciente triple choque en el Metropolitano.
La historia de la iniciativa
La iniciativa había sido anunciada, el 26 de septiembre del 2024, por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, como una medida para identificar a los extorsionadores que atacaban las unidades de transporte público. Los transportistas habían anunciado, en su momento, una serie de paralizaciones por los crímenes de choferes. El funcionario remarcó que los dispositivos se colocarían en 24 mil buses de más de 60 rutas de transporte urbano.
“Estamos preparando un decreto de urgencia a través del cual la ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos, lo que va a permitir que se detecte, cuando las personas entren al vehículo, el rostro, se va a poder hacer un reconocimiento facial, el disco duro va a estar en la unidad, pero también va a tener información grabada en la nube, así destruyan la cámara la información va a quedar guardada y va a permitir que la Policía tenga esa información como evidencia de quién ha cometido el delito”, expresó Pérez Reyes.
Incluso, a fines de noviembre, David Hernández, entonces presidente ejecutivo de la ATU, indicó que la instalación de las cámaras en los buses de transporte público se concretará con los recursos que se destinarían con el presupuesto del 2025. Además, remarcó que entre 500 y 700 unidades ya cuentan con los equipos de grabación, por lo que serían integrados a la plataforma que se desarrollaría.
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En abril de este año, las cifras de la iniciativa fueron actualizadas, ya que Pérez Reyes señaló, en una presentación en un evento del Congreso, que se instalarán 16.200 cámaras de videovigilancia con botones de pánico en 8 mil vehículos de transporte público en Lima y Callao, y ya no en 24 mil unidades como dijo anteriormente.
Las cámaras de videovigilancia serían colocadas de manera aleatoria en diferentes unidades de transporte, teniendo en cuenta las zonas más afectadas por la criminalidad, de acuerdo con David Hernández. Explicó que, una vez que se pongan en funcionamientos las cámaras de videovigilancia, la ATU realizará el monitoreo, en tiempo real, de dichas unidades a través de su Centro de Gestión y Monitoreo y, de ser el caso, recibirá la alerta emitida y dará aviso a las autoridades.
Pese a los cambios en la ATU y el MTC, las nuevas autoridades continuaron impulsando el proyecto. César Sandoval, sucesor de Raúl Pérez Reyes, insistió, a mediados de junio y el 21 de agosto pasado, en la instalación de las cámaras de seguridad en los buses. Sin embargo, todo quedó trunco.
Luis Vilela, asesor de la presidencia de ATU, señaló el lunes 1 de septiembre, ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que el proyecto de la instalación de cámaras de seguridad contempla un presupuesto de 112 millones de soles y que el proceso sigue en marcha.
“En lo que corresponde a la implementación de cámaras de videovigilancia, se tiene que, a través de la Ley 32185 del presupuesto para el sector público para este año, un presupuesto de 112 millones de soles, a través de la cual se señalaba la adquisición de cámaras de videovigilancia. A la fecha este proceso se encuentra en marcha, pudiéndose instalarse para este año un primer lote de al menos 16 mil cámaras para 8 mil buses de transporte público”, refirió el funcionario.
Unos 2 mil choferes han renunciado y se fueron al extranjero por ola de extorsiones, según dirigente
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), cuestionó que no se concrete la instalación de cámaras de seguridad en los buses de transporte público por “malas licitaciones”, lo que desincentiva a los gremios en sus iniciativas. Detalló que el lunes se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, para abordar dicho tema.
“Se han comprometido que esta situación la van a subsanar en el breve plazo posible y esperamos que esta situación se revierta porque este compromiso ya cumplió un año”, manifestó Ojeda a El Comercio.
“Hay un compromiso de la autoridad, se ha caído este proceso, han prometido nuevamente su cumplimiento. Vemos que se cae un proyecto, nos prometen cosas que no se dan”, agregó.
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Advirtió que la no instalación de cámaras de videovigilancia en los buses genera inseguridad y desconfianza en los conductores, lo que contribuye a que dichos trabajadores abandonen sus labores y emigren al extranjero. Según señaló, ya son más de 2 mil choferes que han decidido irse a otro país.
“Esta situación afecta algo que es muy importante: la seguridad y la confianza que debe tener el conductor, y esto ha originado que cerca de 2 mil conductores renuncien y migren al extranjero porque se sienten desprotegidos”, aseveró.
“No es un tema solamente de Perú. A nivel mundial hay un déficit entre 30% y 50% de conductores en todos los países del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos”, añadió.
Ojeda consideró que se deben colocar cámaras de seguridad en más de 16 mil unidades y no solo en 8 mil, como plantea el Gobierno, ya que por Lima Metropolitana circulan más de 22 mil vehículos de transporte público.
Cámaras no resolverán problema de fondo
Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los sicarios que ataquen a los choferes de transporte público, pero no resolverá el tema de fondo, que es la extorsión, afirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
El dirigente afirmó que las autoridades deben continuar con la iniciativa de comprar el día de descanso de los policías y desplegarlos en las diferentes unidades de transporte para brindar seguridad a los pasajeros. También pidió leyes más drásticas contra los extorsionadores.
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Cuestionan iniciativa
Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, lamentó que las autoridades de transporte insistan con el proyecto de instalar cámaras en los buses, ya que, según dijo, eso no desincentivará a los delincuentes de perpetrar sus ataques.
“Esa medida no va a solucionar en absoluto (el problema). Los delincuentes, cuando vean la unidad, van a destruir las cámaras para cometer su delito, de modo que es difícil que un delincuente entre a un bus que esté con cámaras y se deje filmar, ya que las cámaras van a estar al alcance de las manos, no como las cámaras de la vía pública”, remarcó Quispe Candia.
“Es una medida que no va a resultar, (las autoridades) han seguido adelante. En lugar de instalarlos en los buses, esas 16 mil cámaras deberían instalarse en la vía pública y bajo monitoreo de la Policía”, agregó.
