MIRA: Lote 192: PetroPerú cede el 61% a Altamesa Energy
Como consecuencia, las comunidades nativas han tomado “control del territorio” y retenido a los pocos empleados de la petrolera privada (siete) que se encontraban resguardando el campamento, señalan fuentes consultadas para este artículo.
Es más, el diario El Regional de Iquitos reporta que las comunidades han amenazado con expulsar para siempre a la petrolera canadiense e impedir que extraiga petróleo del lote, si es que no cancela lo adeudado.
De acuerdo a una de las fuentes consultadas, esta amenaza fue examinada en sesión del Consejo de Ministros el pasado jueves, donde se planteó el riesgo de que la población pueda asaltar las instalaciones del proyecto para hurtar el cobre de los equipos (algo que ya viene ocurriendo en el lote X, en Piura).
Ante ello, Petro-Perú reaccionó lanzando un salvavidas a su socio Altamesa. Así, se sabe que ofreció S/5 millones a las comunidades con el fin de “iniciar los pagos pendientes con las empresas comunales”.
Ello, en una reunión sostenida el pasado viernes con los líderes indígenas, a la que asistieron también funcionarios de Perú-Petro y Altamesa.
Lo que se sabe, también, es que las comunidades no quedaron satisfechas con ese ofrecimiento, sino que pidieron S/10 millones adicionales, como condición para mantener la paz social.
Ante ello, la estatal indicó que analizaría el pedido y que daría una respuesta hoy, 14 de enero.
La pregunta que surge de todo es: ¿De dónde va a sacar Petro-Perú el dinero para honrar este acuerdo si cuenta con lo justo para sobrevivir?
FIANZA BANCARIA Y CONTRATO
El Comercio trasladó esta consulta a Petro-Perú, pero, hasta el cierre de este artículo, no obtuvo una respuesta.
Trascendió, sin embargo, que la estatal no estaría dispuesta a pagar los S/15 millones solicitados por las comunidades sino solo S/5 millones. Esto, en atención al porcentaje que le cabe por su asociación con Altamesa: 39% (la canadiense retiene el otro 61%).
Para Petro-Perú es vital calmar los ánimos de las comunidades porque si estas cumplen con su amenaza de expulsar para siempre a Altamesa, el contrato que esta tiene con Petro-Perú se disolvería, con graves consecuencias para la petrolera estatal.
En primer lugar, porque la disolución del contrato gatillaría la ejecución de la fianza bancaria de US$43 millones, que colocaron Petro-Perú (US$17 millones) y Altamesa (US$26 millones) para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Y, en segundo lugar, porque “si el contrato termina por incumplimiento de una de las partes”, la estatal quedaría descalificada para participar en cualquier negociación directa o convocatoria de lotes de hidrocarburos por espacio de tres años, sostiene fuentes consultadas para este informe.
El reglamento de calificación de Perú-Petro es claro al respecto.
Señala que el interesado en un lote de hidrocarburos “no debe haber sido contratista de un contrato o convenio de evaluación técnica terminado por Perú-Petro en los últimos tres años por incumplimiento del contratista”.
Esto “aun cuando no haya sido el socio operador”, porque, de acuerdo con el contrato, los socios contratistas son solidarios ante Perú-Petro por el cumplimiento de sus obligaciones.
En otras palabras, si Altamesa no cumple con su parte del contrato, Petro-Perú pagará las consecuencias junto con la empresa canadiense.
Eso significa que su aspiración de perennizarse en los lotes Z-69, I y VI de Talara, se vería frustrada por el próximo trienio.
CRISIS Y ABANDONO
Este Diario reveló en octubre pasado la difícil situación que venía atravesando Altamesa en su objetivo de reactivar el lote 192, otrora primer productor de crudo del país.
La canadiense se había comprometido a poner en producción el proyecto petrolero hacia el tercer trimestre del 2024, pero desde junio/julio de ese mismo año sus proveedores, entre ellos las empresas comunales, comenzaron a dejar de percibir sus respectivos pagos.
Ello motivó un comunicado de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cual señalaba que “Altamesa no cuenta con solvencia económica” y que sus directivos “no tienen respuestas económicas para sus propios trabajadores”.
En conversación con este Diario, la petrolera indicó en octubre que estaba “colaborando con su principal financista y con las entidades gubernamentales pertinentes para facilitar la incorporación de inversiones adicionales en el menor plazo posible”.
Entre tanto, celebró una reunión con las empresas comunales (19 de octubre) en donde se comprometió a pagarles a partir de diciembre, “en función del flujo de caja” que empezaría a recibir.
En diciembre, precisamente, el presidente de Perú-Petro, José Mantilla, anunció que otra canadiense, la petrolera New Stratus Energy, había iniciado negociaciones con Altamesa para adquirir el 100% de sus acciones.
El negocio, sin embargo, no se concreta hasta ahora.
Altamesa fue seleccionada por Petro-Perú como su socio en la explotación del lote 192 tras un proceso conducido por el Bank of America. Esto, durante la administración de Carlos Barrientos (gerente general) y Carlos Paredes (presidente).
El precontrato entre ambas se firmó en agosto del 2021 y la firma del contrato de licencia tuvo lugar en marzo del 2024.
Este Diario intentó comunicarse con Altamesa, pero no obtuvo respuesta. Trascendió, al cierre de este informe, que el directorio de la canadiense habría comunicado su condición de insolvencia a sus trabajadores e iniciado el despido de estos. Esto, mientras Perú-Petro decide que hacer con la fianza bancaria y el contrato de la petrolera privada.
