La gestión de María Caruajulca Quispe al frente de la Procuraduría General del Estado (PGE) no solo arrastra una denuncia por presunta designación de procuradores afines a sus intereses y su propia condena que le impuso el Poder Judicial (PJ).
La alta funcionaria pública también ha sumido en una crisis constante a la Procuraduría Anticorrupción que, por segundo año consecutivo, ha requerido, con carácter de urgente, la declaratoria en emergencia de dicha oficina a nivel nacional.
Un informe elaborado por la Procuraduría Anticorrupción pone en evidencia la grave crisis que traviesa dicha oficina debido a un déficit presupuestal que pone en riesgo la atención de 60.108 casos a nivel nacional, de los cuáles 791 casos son emblemáticos.
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Entre estos se encuentran los procesos vinculados al Caso Los Cuellos Blancos, procesos por presunta corrupción seguidos contra Vladimir Cerrón que se ven en Lima como Los Dinámicos del Centro y en Junín (Resguardo Policial ilegal), el Caso Qali Warma (no aforados), procesos referidos a actos de corrupción en la fase de compras para la lucha contra el Covid durante la pandemia, el Caso “Club de las farmacéuticas”, los casos Gabinete en las sombras (no aforados) y Mi Vivienda (Sada Goray), durante el gobierno del sentenciado expresidente Pedro Castillo.
Junto a ellos, también corren el riesgo de ser afectadas las investigaciones por los casos de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong (no aforados) y las contrataciones con el Estado de personas allegadas al vacado expresidente José Jerí.
Todos ellos representan casos donde los procesados son investigados y acusados de apropiarse del erario público o perjudicar al Estado a través de diversas modalidades delictivas.
Procuraduría Anticorrupción en crisis
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La precariedad e indefensión del Estado no tiene respuesta desde la PGE
Fuentes que pertenecen a la Procuraduría Anticorrupción han explicado a El Comercio la dura situación que afrontan, y la falta de respuesta desde la Procuraduría General del Estado (PGE) para atender a su pedido, el mismo que se realizó desde fines de enero del 2026, y a la fecha no han tenido una solución o medidas para poder paliar la precariedad en la que vienen trabajando.
“Y a esa problemática se agrega que constantemente se corta el servicio de Internet, los abogados llevan sus audiencias desde sus celulares personales, porque la red no soporta, totalmente precarias, históricamente jamás tuvimos una situación tan caótica”, señala una fuente desde el interior del país que teme represalias.
Procuraduría Anticorrupción
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Sin embargo, todo ello ha quedado plasmado en el Informe Nro D000087-2026-JUS/PGE-PPEDC, enviado el 28 de enero del 2026, desde la Procuraduría Anticorrupción a María Aurora Caruajulca Quispe en su calidad de Procuradora General del Estado (PGE), donde se indica que dicha oficina se encuentra en “situación de emergencia” debido al desabastecimiento en materia de recursos humanos por los continuos recortes de presupuesto.
Esta situación, señala el informe, ya ha generado consecuencias negativas en la defensa de los intereses del Estado en más de 60.000 procesos penales por delitos de corrupción, puesto que en diversos casos no existe el personal para acudir a las audiencias, e incluso cuando las sesiones o audiencias son virtuales el sistema de conexión en las procuradurías descentralizadas a nivel nacional, no es el adecuado para la litigación.
La falta de personal ha llegado al punto que un solo abogado debe atender 1.702 procesos como es el caso de la Procuraduría Descentralizada de La Convención, y la sede Descentralizada de Moyobamba tuvo que cerrar desde el 27 de enero al 6 de febrero del 2026 debido a falta de personal disponible.
Procuraduría Anticorrupción en crisis
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Procuraduría Anticorrupción en crisis
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“Ante la no atención de los requerimientos de contratación de profesionales y el retiro de los saldos presupuestales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios resulta evidente la disminución de la operatividad de la PPEDC en lo que al aseguramiento y al cobro de reparaciones civiles se refiere, así como en la participación en diligencias judiciales, impidiendo con ello garantizar una eficiente defensa jurídica del Estado y cumplir con los objetivos y metas trazados para el presente ejercicio fiscal.”
Actualmente, la Procuraduría Anticorrupción solo cuenta con 142 abogados a nivel nacional -contratados bajo la modalidad CAS y Ley 276- para atender 60.108 expedientes penales por delitos de corrupción procesados en sus 37 sedes a nivel nacional.
Debido a dicha carga procesal, para el año 2026 se había presupuestado la contratación de 138 profesionales que permitan apoyar con la atención de la carga procesal. Sin embargo, de acuerdo al informe, pese a que existieron documentos formales con la asignación presupuestas por diversas fuentes (Recursos ordinarios y financiamiento de Donaciones), los saldos fueron modificados.
“De acuerdo con lo mencionado en los numerales anteriores, resulta incoherente afirmar que la PPEDC ( Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción) no contaba con dichos recursos, los cuales habían sido, previamente, notificados y validados formalmente por la PGE a través de los conductos regulares.”
Ello, además, señala el documento, se contradice con los establecido en la Resolución Ministerial 076-2024-JUS donde se precisó que la ratio de casos por abogado ideal de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al 2027 debería ser de 160 casos por abogado, “los cuales, como se refleja en el detalle anterior, es humanamente inatendible”.
Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos de incorporación de recursos desde el 2025 a la fecha, la Procuraduría Anticorrupción “no se cuenta con un mínimo de abogados que eviten colocar al Estado en indefensión en lo que a delitos de corrupción se refiere”.
Procuraduría Anticorrupción
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