jueves, mayo 21

La decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana Elizabeth García marcó el momento más tenso de la relación bilateral entre La Paz y Bogotá en los últimos años. El conflicto estalló luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas que sacuden a Bolivia como una “insurrección popular”, provocando una dura reacción del gobierno de Rodrigo Paz.

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La crisis diplomática se produce en medio de una grave crisis política y social en Bolivia. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y sectores afines a Evo Morales mantienen bloqueos y protestas exigiendo la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder es el expresidente Evo Morales.

Las movilizaciones se concentran especialmente en La Paz, donde los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos. El lunes, las protestas escalaron, derivando incluso en enfrentamientos, saqueos y agresiones contra periodistas y policías.

En ese contexto, Petro publicó el domingo en la red social X que “Bolivia vive una insurrección popular” y sostuvo que esta era una “respuesta a la soberbia geopolítica”. El mandatario colombiano también ofreció la disposición de su gobierno para ayudar a encontrar una salida pacífica a la crisis mediante el diálogo.

Bolivia vive una insurrección popular.

Es la respuesta a la soberbia geopolítica.

Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta.

Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2026

La reacción boliviana fue inmediata. La Cancillería calificó las declaraciones como una “injerencia” en asuntos internos y anunció la expulsión de la embajadora Elizabeth García. En su comunicado, el gobierno boliviano afirmó que la medida busca “preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”.

Pese a la contundencia de la decisión, La Paz insistió en que no se trata de una ruptura diplomática y destacó los “históricos vínculos de amistad” entre ambos países.

El conflicto también quedó atravesado por la disputa geopolítica regional. Un día antes de la expulsión, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respaldó públicamente a Rodrigo Paz y afirmó que en Bolivia existe “un golpe de Estado en marcha”. Además, pidió que gobiernos como los de Brasil y Colombia apoyaran al mandatario boliviano.

En Bolivia, las declaraciones de Petro fueron recibidas de manera profundamente polarizada, con variadas opiniones según el sector político. El periodista y analista boliviano Raúl Peñaranda señaló que mientras que los grupos más afines a las movilizaciones y simpatizantes de Evo Morales respaldaron las posiciones de Petro, para gran parte del oficialismo y sectores del Legislativo las palabras del presidente colombiano constituyeron una clara “injerencia” en asuntos internos del país.

“Las declaraciones de Petro eran consideradas como una injerencia”, afirmó Peñaranda, quien además criticó el tono y la forma en que el mandatario colombiano se pronuncia sobre la crisis boliviana. Según el analista, el gobierno de Paz afirma que Evo Morales intenta desestabilizar al Ejecutivo mediante protestas y bloqueos, por lo que el respaldo de Petro al exmandatario es visto como un apoyo indirecto a un intento de desestabilización.

Peñaranda además cuestionó duramente algunas comparaciones hechas por Petro, como aquella en la que comparó el apoyo del presidente argentino Javier Milei al gobierno boliviano con la ayuda de la Alemania nazi a Francisco Franco durante la Guerra Civil Española.

“Es una barbaridad”, sostuvo el analista. “No existe la represión de la que habla Petro y Argentina solamente ha enviado alimentos y ayuda humanitaria por los bloqueos”.

Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)

/ Gabriel Márquez

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No obstante, Peñaranda aclaró que las declaraciones internacionales no parecen tener un impacto decisivo sobre la situación interna boliviana. “Si bien forman parte del debate político y mediático, no cambian la situación sobre el terreno”, consideró.

Desde Colombia, el internacionalista Rafael Piñeros interpretó la crisis como parte de un patrón más amplio de enfrentamientos diplomáticos impulsados por Petro contra gobiernos de centro-derecha de la región.

Durante los últimos cuatro años han sido continuos y constantes los enfrentamientos diplomáticos de Petro con gobiernos de centro-derecha”, señaló Piñeros, quien recordó episodios similares con Ecuador, El Salvador y el Perú.

A juicio del analista colombiano, con sus declaraciones Petro busca reforzar ante su base política la imagen de un gobierno que privilegia el diálogo frente a la represión estatal. “Petro busca mostrar que bajo su administración ha habido un cambio en la manera de enfrentar las protestas”, explicó. “Además, al estar cerca del final de su mandato, actúa con menos costos políticos personales”.

Y esto es porque Colombia celebrará sus elecciones presidenciales el 31 de mayo. Petro no está en el balotaje, pero su sucesor, Iván Cepeda, se enfrenta a poderosos rivales, entre ellos los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

En este contexto caldeado, el experto remarcó que la tensión diplomática entre Bolivia y Colombia no ha ocupado un debate central en este último país ni en el debate político nacional, aunque no descartó que podría adquirir mayor importancia para los contendientes a la presidencia mientras se acerca el día de la elección.

Piñeros consideró que la expulsión de Elizabeth García representa una respuesta “enérgica” por parte de Bolivia y un mensaje político directo contra el gobierno colombiano.

“Declarar persona no grata a una embajadora significa enviar un mensaje político claro de que los comentarios del presidente Petro no fueron aceptados”, señaló. “Además, la embajadora Elizabeth García es vista como cercana al círculo político de Petro, por lo que la medida también tiene un componente simbólico.”

Por su parte, Peñaranda remarcó que “el gobierno boliviano consideró necesario responder con firmeza” con la expulsión de la embajadora, pero que la cancillería boliviana ha resaltado que este acto “no se trata de una ruptura de relaciones diplomáticas, sino de una señal política frente a lo que consideran actos de injerencia”, algo que demuestra el interés por parte de La Paz intenta de contener la crisis a solo este incidente.

Por ahora, los analistas coinciden en que la crisis probablemente no escalará hacia una ruptura total de relaciones diplomáticas.

Raúl Peñaranda consideró que el conflicto “debería terminar aquí”, aunque reconoce que Petro ha mantenido un tono confrontacional incluso después de la expulsión de la embajadora. El periodista boliviano sostuvo que el siguiente paso diplomático sería la ruptura de relaciones, algo que no parece estar en los planes del gobierno de Rodrigo Paz.

“El gobierno intenta diferenciar ambas cosas. La expulsión busca enviar un mensaje político sin romper completamente los vínculos con Colombia”, indicó. “También se ha insistido en los históricos lazos de amistad entre ambos países y en que la crisis probablemente será pasajera.”

Rafael Piñeros mostró una postura similar. Según explicó, la respuesta simétrica de Colombia podría ser expulsar al embajador boliviano o declararlo persona no grata, pero hasta ahora Bogotá no ha dado señales en esa dirección.

“No veo cómo se pueda escalar más la crisis”, afirmó Piñeros, quien considera que prolongar el conflicto podría incluso afectar políticamente al oficialismo colombiano, en particular al candidato Iván Cepeda, en plena campaña presidencial.

Ivan Cepeda (centro) es el sucesor de Gustavo Petro, con quien el oficialismo buscará continuar su mandato con las elecciones generales del 31 de mayo. (Foto de Sergio Yate / AFP)

Ivan Cepeda (centro) es el sucesor de Gustavo Petro, con quien el oficialismo buscará continuar su mandato con las elecciones generales del 31 de mayo. (Foto de Sergio Yate / AFP)

/ SERGIO YATE

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Ambos expertos también sostuvieron que la situación podría normalizarse con relativa rapidez una vez concluya el mandato de Petro, especialmente si el próximo gobierno colombiano pertenece a un sector político distinto. Incluso si el oficialismo retuviera el poder, estiman probable que Bolivia exija simplemente un nuevo representante diplomático para ocupar el puesto vacante.

“Si llega un gobierno distinto al de Petro, es probable que las relaciones se normalicen rápidamente”, consideró Piñeros. “Pero incluso si gana otro gobierno de izquierda, seguramente la situación se terminará normalizando, aunque Bolivia pedirá un nuevo embajador y no aceptará nuevamente a Elizabeth García”.

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