La decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana Elizabeth García marcó el momento más tenso de la relación bilateral entre La Paz y Bogotá en los últimos años. El conflicto estalló luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas que sacuden a Bolivia como una “insurrección popular”, provocando una dura reacción del gobierno de Rodrigo Paz.
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No obstante, Peñaranda aclaró que las declaraciones internacionales no parecen tener un impacto decisivo sobre la situación interna boliviana. “Si bien forman parte del debate político y mediático, no cambian la situación sobre el terreno”, consideró.
Desde Colombia, el internacionalista Rafael Piñeros interpretó la crisis como parte de un patrón más amplio de enfrentamientos diplomáticos impulsados por Petro contra gobiernos de centro-derecha de la región.
“Durante los últimos cuatro años han sido continuos y constantes los enfrentamientos diplomáticos de Petro con gobiernos de centro-derecha”, señaló Piñeros, quien recordó episodios similares con Ecuador, El Salvador y el Perú.
A juicio del analista colombiano, con sus declaraciones Petro busca reforzar ante su base política la imagen de un gobierno que privilegia el diálogo frente a la represión estatal. “Petro busca mostrar que bajo su administración ha habido un cambio en la manera de enfrentar las protestas”, explicó. “Además, al estar cerca del final de su mandato, actúa con menos costos políticos personales”.
Y esto es porque Colombia celebrará sus elecciones presidenciales el 31 de mayo. Petro no está en el balotaje, pero su sucesor, Iván Cepeda, se enfrenta a poderosos rivales, entre ellos los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).
En este contexto caldeado, el experto remarcó que la tensión diplomática entre Bolivia y Colombia no ha ocupado un debate central en este último país ni en el debate político nacional, aunque no descartó que podría adquirir mayor importancia para los contendientes a la presidencia mientras se acerca el día de la elección.
Piñeros consideró que la expulsión de Elizabeth García representa una respuesta “enérgica” por parte de Bolivia y un mensaje político directo contra el gobierno colombiano.
“Declarar persona no grata a una embajadora significa enviar un mensaje político claro de que los comentarios del presidente Petro no fueron aceptados”, señaló. “Además, la embajadora Elizabeth García es vista como cercana al círculo político de Petro, por lo que la medida también tiene un componente simbólico.”
Por su parte, Peñaranda remarcó que “el gobierno boliviano consideró necesario responder con firmeza” con la expulsión de la embajadora, pero que la cancillería boliviana ha resaltado que este acto “no se trata de una ruptura de relaciones diplomáticas, sino de una señal política frente a lo que consideran actos de injerencia”, algo que demuestra el interés por parte de La Paz intenta de contener la crisis a solo este incidente.
Por ahora, los analistas coinciden en que la crisis probablemente no escalará hacia una ruptura total de relaciones diplomáticas.
Raúl Peñaranda consideró que el conflicto “debería terminar aquí”, aunque reconoce que Petro ha mantenido un tono confrontacional incluso después de la expulsión de la embajadora. El periodista boliviano sostuvo que el siguiente paso diplomático sería la ruptura de relaciones, algo que no parece estar en los planes del gobierno de Rodrigo Paz.
“El gobierno intenta diferenciar ambas cosas. La expulsión busca enviar un mensaje político sin romper completamente los vínculos con Colombia”, indicó. “También se ha insistido en los históricos lazos de amistad entre ambos países y en que la crisis probablemente será pasajera.”
Rafael Piñeros mostró una postura similar. Según explicó, la respuesta simétrica de Colombia podría ser expulsar al embajador boliviano o declararlo persona no grata, pero hasta ahora Bogotá no ha dado señales en esa dirección.
“No veo cómo se pueda escalar más la crisis”, afirmó Piñeros, quien considera que prolongar el conflicto podría incluso afectar políticamente al oficialismo colombiano, en particular al candidato Iván Cepeda, en plena campaña presidencial.
Ivan Cepeda (centro) es el sucesor de Gustavo Petro, con quien el oficialismo buscará continuar su mandato con las elecciones generales del 31 de mayo. (Foto de Sergio Yate / AFP)
/ SERGIO YATE
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Ambos expertos también sostuvieron que la situación podría normalizarse con relativa rapidez una vez concluya el mandato de Petro, especialmente si el próximo gobierno colombiano pertenece a un sector político distinto. Incluso si el oficialismo retuviera el poder, estiman probable que Bolivia exija simplemente un nuevo representante diplomático para ocupar el puesto vacante.
“Si llega un gobierno distinto al de Petro, es probable que las relaciones se normalicen rápidamente”, consideró Piñeros. “Pero incluso si gana otro gobierno de izquierda, seguramente la situación se terminará normalizando, aunque Bolivia pedirá un nuevo embajador y no aceptará nuevamente a Elizabeth García”.
