Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
La crisis de la vivienda en España ha escalado al primer nivel de la agenda política y social del país, luego de que el desalojo de una anciana de 87 años provocara una oleada de indignación que se tradujo en protestas y una acampada ciudadana en la Puerta del Sol de Madrid. La presión de los últimos días llevó al gobierno a aprobar un paquete de medidas a contrarreloj.
El martes 29, el gobierno de Pedro Sánchez anunció la paralización de los desalojos hasta el 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler, políticas que forman parte de los “decretos Maricarmen”, llamado así por la madrileña María del Carmen Abascal, quien la semana pasada fue sacada en una camilla del inmueble en el que había vivido durante 70 años. La orden judicial con su desahucio final llegó tras varios años de tensión con una empresa inversora que adquirió la propiedad en el 2018.
La anciana aceptó el martes el acuerdo que alcanzaron sus representantes con la empresa Urbagestión, propietaria del departamento en el que radica, y volverá a su domicilio cuando le den el alta en el hospital público donde permanece desde el miércoles 23.
Maricarmen se convirtió en las últimas semanas en el símbolo de una crisis que lleva varios años sembrando descontento entre los españoles. Pese al crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa, el aumento de los costos y la escasez de vivienda hacen sumamente difícil para muchos residentes acceder al mercado inmobiliario.
Maricarmen Abascal, octogenaria desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España. (Foto del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)
/ X de Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
En la mira están los fondos de inversión y las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, pues son acusados por los manifestantes de disparar los precios al comprar departamentos y reducir la oferta.
Los desafíos persisten pese a que desde el 2023 rige una ley que regula los alquileres y protege a los inquilinos, además de establecer topes al alquiler en zonas de alta demanda a solicitud de los gobiernos locales.
“Hay un problema real, hay un problema de escasez de vivienda y de abuso por parte, sobre todo, de las entidades intermedias y financieras. Ya hay casos emblemáticos, todo el mundo habla de Maricarmen con sus 87 años. Es un tema que ha movido a la población, sobre todo cuando ya adquiere un nombre y un rostro y deja de ser algo anónimo, ahora hay una persona que ha marcado un punto de quiebre”, dice a El Comercio Enrique Banús, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Piura.
Una crisis que no puede esperar
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo se anunciaron tras complejas negociaciones en la coalición de gobierno, conformada por el PSOE de Sánchez y Sumar, partido minoritario que se ubica ideológicamente a la izquierda de los socialistas.
Manifestantes se reúnen en Madrid, España, el 23 de setiembre para protestar contra la crisis de la vivienda. (Foto: BURAK AKBULUT / Anadolu vía AFP)
/ BURAK AKBULUT
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Las políticas sobre la vivienda se dieron en dos decretos que incluyen la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones y pisos turísticos.
También se prohíbe la compra de fondos buitre (para uso especulativo) hasta el 2028 y se estipula una prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre del 2028. Además, se ha pactado incorporar en un texto aparte la renovación automática de los alquileres que vencen hasta el 2029.
Banús destaca que estas medidas llegan tras una presión social muy fuerte, que coincide con un momento en que el gobierno está cuestionado en varios frentes, por lo que -defiende- Sánchez tenía que actuar, sobre todo para que no se profundizara el descontento en una parte de la población, que en principio es más cercana a sus postulados que a los de la oposición.
“Aquí lo más difícil ha sido la negociación con su propio socio de gobierno, con Sumar, que se ha plantado y ha hecho que finalmente se aprueben estas medidas, que están más cerca de sus postulados que los de Sánchez, mucho menos dado a medidas claras y nítidas”, señala Banús.
El experto apunta que el descontento por el acceso a la vivienda no es nuevo y ha crecido debido a que no se han dado las políticas necesarias para atender la situación, lo que se suma a las condiciones de precariedad a las que se enfrenta gran parte de la población joven.
“Esto se debe a la inacción. Este no es un problema que se ha planteado en los últimos meses, sino que es un tema que se sabía que había que arreglar. Y a eso se suma el descontento de buena parte de la gente joven que no puede acceder a vivienda en condiciones normales. Es verdad que España económicamente está yendo bien, pero también es verdad que hace mucho tiempo que eso se distribuye desigualmente. Esta queja de la gente joven tiene muchos años, hay un tema de una precariedad de una parte de la población, hay una desigualdad en el acceso a unas condiciones normales de vida”, explica.
Votación decisiva
El desafío ahora será la votación de los decretos en el Parlamento, donde el ejecutivo que preside Sánchez no tiene mayoría. El gobierno ya solicitó que el viernes se realice un pleno extraordinario para la convalidación “inmediata” de los dos decretos de vivienda.
Pedro Sánchez espera que sus decretos sobre la vivienda sean aprobados en el Parlamento. (EFE/EPA/Borja Puig de la Bellacasa).
/ Borja Puig de la Bellacasa / POO
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
“El desahucio de Maricarmen ha sido un fracaso colectivo pero el Congreso tiene una oportunidad única para decirle que su sufrimiento ha merecido la pena y que va a servir para que no lo vivan otras personas”, ha recalcado Isabel Rodríguez, la ministra de vivienda.
Francesco Tucci, analista internacional y director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que la crisis de la vivienda en España es muy complejo y no tiene una salida clara
“Se entiende la medida del gobierno para evitar el desahucio de hogares vulnerables. Pero por el otro, hay que ver quién pagará el coste de esta suspensión. Porque el dueño del departamento no puede ser. Es una decisión que toma el gobierno y la responsabilidad va a recaer en los gobiernos locales. La pregunta es si van a poder solventar este gasto. El tema es cómo aterrizar esta medida, porque en términos económicos va a ser bastante difícil. Es muy probable que haya un rechazo muy fuerte, sobre todo de la oposición. Sánchez deberá negociar”, dice a este Diario.
El opositor Partido Popular, afirmó que las medidas del gobierno van orientadas todavía más “a destruir el mercado de la vivienda”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que las políticas planteadas por el ejecutivo no darán resultado porque “nadie que ha creado un problema durante ocho años va a ser capaz de solucionarlo en cinco minutos”.
La agencia Efe apunta que para lograr que los decretos sean convalidados en el Congreso, será necesario el respaldo de partidos como el independentista catalán Junts, que se ha mostrado abierto a negociar aunque su posición es la de introducir beneficios fiscales para los propietarios, para que no pierdan dinero con los alquileres.
Tucci cree que el límite político del gobierno hará sumamente complejo que los dos decretos sean aprobados. “Sánchez no tiene la mayoría parlamentaria. Entonces, el anuncio expresa una decisión de la coalición del gobierno, pero no está garantizado que efectivamente pueda ser aprobado. Es posible que esta medida no pase”, considera.
Por el contrario, Banús considera que si bien habrá duras críticas de parte de la oposición, es muy difícil que haya un rechazo frontal a las medidas planteadas por el gobierno porque eso significaría enfrentarse a una sociedad convulsionada.
“El argumento de la oposición es que sencillamente no hay un liderazgo y que el gobierno va dando tumbos y reaccionando al hilo de las presiones de la calle o de sus socios de gobierno. Entonces habrá críticas, se dirá que estas medidas no son suficientes, que esto no arregla el problema, pero va a ser muy difícil que se pongan en una situación de bloqueo porque sencillamente el malestar ciudadano es muy grande como para posicionarse del lado de los que no atienden a ese malestar”, concluye.
