El pasado 16 de octubre, el pleno del Congreso aprobó la primera votación de la polémica fórmula que incorpora el delito de criminalidad sistemática para la lucha contra la ola de extorsiones que afronta el país. Un mes después, el mismo pleno mantiene la propuesta en el limbo al no poner al debate la segunda votación. Algunas bancadas han cambiado de postura y al parecer nadie en el Parlamento tiene apuro por abordar el tema en el mes que queda de legislatura.
La primera votación de la fórmula de criminalidad sistemática ha sido una de las más complicadas de este Congreso. Empezó acumulando 16 iniciativas bajo el nombre de “terrorismo urbano”, pero al final -en tan solo dos días- se redactaron hasta tres versiones distintas que terminaron con una fórmula de un solo artículo incorporando la denominada “criminalidad sistemática”.
“El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos y otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua“, estipula la fórmula aprobada con 72 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones.
El cuadro de votación de octubre muestra que nueve bancadas respaldaron las fórmula. Pese a ello, ningún grupo parlamentario ha pedido -hasta el cierre de este informe- la priorización de la segunda votación en la agenda del pleno. Al menos, de esa manera se justifican los congresistas.
Efectos colaterales
En las principales bancadas, los congresistas tratan de evitar hablar de la segunda votación de la criminalidad sistemática, para que esta se mantenga en el limbo. Isaac Mita (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia, respondió con un escueto: “pronto se dará la segunda votación”.
La gestión de Mita frente al grupo legislativo de Justicia quedó debilitado después del debate de la criminalidad sistemática. Las bancadas del bloque de derecha cuestionaron su labor y presentaron una moción de censura en su contra. Hasta la fecha, Mita ha evitado que el tema sea abordado y definido en la comisión.
En Renovación Popular, una de las primeras bancadas que impulsó el tema (incluso su líder y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó una iniciativa), aseguraron que es un problema de la Junta de Portavoces. “Un vocero debe solicitar la priorización a la Junta de Portavoces, pero cada bancada tiene una cuota mínima de priorización. Los voceros debemos llevar la priorización de todos nuestros congresistas, porque cada uno debe tener su oportunidad. A los congresistas que les ha tocado no son autores de esa iniciativa (la de criminalidad sistemática)”, refirió Alejandro Muñante, representante de Renovación Popular.
Otras fuentes legislativas precisaron que el tema perdió fuerza a raíz de la otra norma que aprobaron: la referida a las modificaciones a la Ley de crimen organizado. “Con el mamarracho que se hizo (en las modificaciones de la Ley de crimen organizado), la cosa cambió, teniendo en cuenta la liberación de parte de la red Orellana. Lo otro (la demora en la aprobación de criminalidad sistemática) es una consecuencia de lo primero. La están pensando para evitar otro ‘roche’ con el que ya pasó”, sostuvieron las fuentes.
A inicios de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia por crimen organizado a vinculados en la red Orellana. Esto debido a las modificaciones que realizó el Congreso de la República al Código Penal.
Desde la Mesa Directiva confirmaron que no existen los votos asegurados. “Fuerza Popular y el grupo de derecha que estuvo impulsando el tema no lo ha priorizado en la Junta de Portavoces, así que no está previsto para el pleno que se viene”, indicaron.
El vocero fujimorista Arturo Alegría prefirió responsabilizar a la Comisión de Justicia. “Hay muchos temas aguantados por la comisión y su equipo. Tiene que verse el tema el las próximas sesiones”, dijo.
La actual legislatura finaliza el 15 de diciembre (salvo se dicte ampliación). Es decir, queda menos de un mes de plazo para la definición, que a lo mucho podrían significar unas ocho sesiones plenarias. Pero en el Congreso ahora nadie parece tener apuro en las fórmula que presentaron como una pieza clave para la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Criminalidad sistemática bajo la lupa
El Comercio sometió a opinión de expertos este cambio. Para el exprocurador Antonio Maldonado, la creación de este nuevo tipo penal era “absolutamente innecesario” porque el ordenamiento jurídico penal peruano ya contiene los elementos suficientes para aplicar la pena máxima. Actualmente el Código penal sanciona con cadena perpetua el sicariato (articulo 108-C) cuando se utilice armas de guerra o como parte de una organización criminal y el delito de extorsión (artículo 200) si la víctima resulta con lesiones graves o muere.
Por el contrario, Maldonado considera que la redacción del texto generará confusiones al utilizar términos subjetivos o interpretaciones criminológicas. “El Congreso incurre en una gran ignorancia respecto a instituciones jurídicas y puede afectar procesos en desarrollo o investigaciones nuevas. Lo que quiere el operador del sistema de justicia son instrumentos de trabajo construidos a partir de lenguajes simples, entendibles, directos y claros. Pero se están incorporando elementos poco técnicos y ambigüedad que van a ser aprovechados por los abogados que contraten los delincuentes”, dijo a El Comercio.
Con él coincide André Sota, profesor de la carrera de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quien explica que el tipo penal es complejo porque exige que se demuestre que con las armas usadas se creó “zozobra o terror” en la población. Asimismo, indicó que el tipo penal es contrario a los principios básicos de derecho penal y a la finalidad de la pena que está regulado en el Código Penal y la Constitución.
“La pregunta es si la creación de estos delitos con penas gravísimas contribuirían a que se reduzca la criminalidad. Evidentemente no y está demostrado en países como EE.UU donde en determinado estados hay pena de muerte, pero ello no reduce la comisión de delitos. Ese delito no va a lograr el objetivo de reducir el índice de criminalidad porque el delincuente sabe que existen pena graves y aún así los comete”, indicó.
