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Credicorp informó que, a través de su subsidiaria Grupo Crédito S.A., pagó más de S/1.577 millones a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el marco de una controversia por un supuesto impago del Impuesto a la Renta relacionado con operaciones bursátiles realizadas en 2018 y 2019.
La compañía precisó que, pese a cancelar el monto, ejercerá su derecho de defensa y acudirá a la vía legal para impugnar las resoluciones emitidas por el ente recaudador.
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“Nuestra subsidiaria Grupo Crédito S.A. nos ha informado que el día de hoy se canceló el monto total de las Resoluciones de Determinación y de Multa notificadas por la Sunat el 27 de junio de 2025, por un total de S/1.577.174.872”, indicó Credicorp en un Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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Cabe recordar que las transacciones cuestionadas correspondieron a compras de acciones del Banco de Crédito del Perú a Credicorp Ltd., efectuadas a través de la Bolsa de Valores de Lima. Estas operaciones cumplían con los requisitos legales vigentes: fueron inferiores al 10% del capital en un período de 12 meses, podían ser exoneradas, fueron comunicadas previamente a la SMV, contaron con la autorización de la SBS y se registraron en Cavali.
En junio, El Comercio conversó con Alejandro Pérez Reyes, CFO de Credicorp, luego de que la compañía emitiera un comunicado denunciando un cambio arbitrario en las reglas de juego por parte de la Sunat. El pronunciamiento se produjo tras la notificación del cobro de más de S/ 1.500 millones al holding peruano por una supuesta elusión tributaria.
Por su parte, la Sunat calificó como “muy importante” el pago realizado por Credicorp. La jefa de la institución, Marilú Llerena, destacó en una entrevista a RPP que se trata de un hecho relevante dentro de la estrategia para reducir la litigiosidad tributaria y agilizar la recaudación. Según explicó, este tipo de pagos evitan procesos judiciales que, en promedio, pueden extenderse entre 5 y 20 años, lo que genera un impacto positivo en la disponibilidad de recursos para el Estado.
