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Los reportes sobre la presencia de dragas dedicadas a la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, en la región de Loreto, Perú, no son alentadores. “El número de dragas está en aumento”, dice Sidney Novoa, director de GIS y Tecnología de la Conservación en la organización Conservación Amazónica. “Incluso se están desplazando hacia la cuenca media del Nanay”, refiere Novoa tras recordar que hasta ahora las dragas se ubicaban en la cuenca alta del Nanay.
Desde el Ministerio Público de Loreto no solo confirman estas cifras, sino que aseguran que la cantidad de dragas en el río Nanay habría superado las 50 embarcaciones. “Sabemos que pretenden armar más dragas, pero lo más preocupante es que actualmente se están construyendo embarcaciones de metal, llamadas tracas”, comentan. Con estas tracas, explican los fiscales, lo que hacen los mineros es instalarse en las riberas de los ríos y socavar el suelo en busca de más oro. “En un sobrevuelo hemos advertido que ya están generando desbarrancamientos en las riberas del río”.
Expertos señalan que sería necesario una mayor vigilancia en los puestos de control de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra a lo largo del río Nanay, de tal forma que se pueda contar con un registro de quienes son las personas que trasladan los materiales con los que se construyen las tracas de metal que luego se utilizan en la minería ilegal.
De acuerdo con el último informe de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring), durante el mes de febrero se registraron 35 nuevas dragas en el río Nanay. Las imágenes satelitales muestran, además, balsas instaladas a lo largo de la ribera del río, realizando actividad minera.
La cantidad de embarcaciones destinadas a la extracción ilegal de oro va en aumento mientras también crecen las amenazas contra quienes se oponen a esta actividad ilícita. De acuerdo con la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), actualmente hay 15 personas de las comunidades indígenas de la cuenca del río Nanay que han solicitado garantías para proteger su vida y una de ellas ha sido incluida en el mecanismo de protección de defensores ambientales, debido a las amenazas y agresiones de la que ha sido víctima.
Defensores en peligro
“Los vigilantes comunales son amenazados por los mineros ilegales”, comenta Gaby Rivadeneyra, líder de proyecto de DAR, quien trabaja con estas organizaciones comunales en las cuencas de los ríos Pintuyacu y Chambira. “Han habido varios episodios de amenazas a su integridad física que han sido reportados, tanto así que ya se tiene activado el mecanismo intersectorial y algunos defensores con garantías personales”, agrega.
Rivadeneyra comenta que la vigilancia comunal es un mecanismo de autoprotección de las comunidades para enfrentar la actividad ilegal y menciona que tras la llegada de cada vez más mineros ilegales al río Nanay se reactivó la vigilancia comunal que había estado poco activa en los últimos años. “Justamente en este proceso de ver que hay más mineros ingresando a sus territorios comunales se ha reactivado la vigilancia comunal”, afirma.
La reactivación de la vigilancia comunal hace que ocurran enfrentamientos con los mineros ilegales y que los vigilantes comunales sean amenazados por los mineros. “En el último reporte ACCA (Conservación Amazónica) no se reportan dragas en las cuencas del Pintuyacu y el Chambira. Y eso tiene mucho que ver con esta vigilancia comunal. En las comunidades de estas cuencas le están haciendo frente a la minería”.
Rivadeneyra también señala que es necesario fortalecer la vigilancia comunal y a sus integrantes, quienes, además, son reconocidos por los gobiernos regionales. “Un caso concreto es el de la comunidad Seis Hermanos, que tiene un territorio inmenso. Esta comunidad está organizada en seis anexos y cada semana le toca vigilar el territorio de la comunidad a un anexo. Se programan en rutas para ver si encuentran alguna actividad ilegal, no solo minería. A veces hay pescadores ilegales o tala ilegal”.
Cualquier hallazgo, dice Rivadeneyra, se reporta al gobierno regional además de tener un enlace directo con el Ministerio de Justicia. “Cuentan con una embarcación donada por el gobierno regional para el transporte fluvial, tienen GPS y celulares que les permite hacer un rastreo de sus recorridos”.
Este trabajo de vigilancia les está costando amenazas, afirma Rivadeneyra. “En base a esta vigilancia puedo mencionar que sí se reporta el aumento de la minería ilegal y de la creación de nuevas rutas para el tráfico de insumos”, comenta.
Las dragas no solo han aumentado en el río Nanay, sino también en otras cuencas de Loreto, como los ríos Marañón, Putumayo y Napo, señalan en el Ministerio Público. A ello debe sumarse que estas embarcaciones cuentan con tecnología de última generación para sus comunicaciones, lo que les permite evadir la Justicia. El trabajo de los fiscales se complica por la falta de fondos para los operativos.
Protestas en Iquitos
“La tasa de recuperación de un minero ilegal es 10 a 15 veces más rápida que la preparación logística de un operativo que puede tomar semanas”, comenta Novoa, de Conservación Amazónica, en relación a la facilidad con que surgen nuevas dragas tras los operativos de las autoridades.
Novoa también señala que es en la región de Loreto donde se observa mayor concentración de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro. Sin embargo, añade que la región Amazonas también presenta un incremento de estas embarcaciones, así como el río Aguaytía, en la región Ucayali.
José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, señala que el 20 de marzo, Día Mundial del Agua, habrá una marcha en dicha ciudad para protestar por la contaminación del río Nanay, la principal fuente de agua de la localidad.
Cuando en agosto de 2023 el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó una concesión en el río Nanay, se realizaron varias marchas en la ciudad de Iquitos para protestar por el riesgo que significaba para esta fuente de agua la entrega de este espacio para la actividad minera. “El año pasado tuvimos tres marchas multitudinarias. Quizás la ciudad de la Amazonía más clara en asumir una postura contra la minería ilegal es Iquitos”, dice Manuyama.
Tras las primeras protestas, la entrega de concesiones en el Nanay se suspendió por un año en 2024 y luego de las marchas la prohibición se extendió por un año más.
“Esta expansión de la minería ocurre a escala continental y se vincula con el narcotráfico”, cuestiona Manuyama. “Creo que la lógica, en el fondo, es la lógica del capital, que no tiene escrúpulos, ni control; pero además que responden a los grandes mercados, a una maquinaria internacional que para funcionar necesita depredar. Si el mundo necesita coca o necesita oro hay que sacarlo de donde sea y ahí están nuestros territorios”, concluyó.
Imagen principal: Dragas de grandes proporciones instaladas en la ribera del río Nanay. Foto: Ministerio Público
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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