La Defensoria Del Pueblo se pronunció en distintas ocasiones pidiendo que se garantizara dicho pago, mientras que la Contraloría General de la República empezó a emitir informes en los que detectó irregularidades en la entrega de estos bonos.
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Un análisis de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio de los informes emitidos por el máximo órgano de control entre el 2020 y julio del 2022 revela que se entregaron S/ 4.454.095 en bonos entregados a administrativos, y personal de salud que trabajaba por remoto o no laboraba en el establecimiento de salud que le otorgó el bono. Debido a ello, la Contraloría detectó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en 83 funcionarios y servidores públicos.
Pese a que los hechos se dieron, en la mayoría de los casos, entre el 2020 y el 2021, recién este año se determinó repsonsabilidad al 69% de los funcionarios.
Funcionarios implicados en casos irregulares
Este no es el único caso en el que el máximo órgano de control ha hallado presunta responsabilidad en trabajadores del Estado. Según el máximo órgano de control, 12.371 funcionarios y servidores públicos habrían recibido canastas destinadas a las familias más vulnerables. El 21% percibía un sueldo de más de S/. 3.000, mientras que 10 de ellos tenían ingresos superiores a los 10 mil soles.
En general, la mayoría de casos involucra a trabajadores del Estado. Sin embargo, hasta la fecha solo se han publicado 277 informes en los que se determina presunta responsabilidad civil, administrativa y penal a 1.583 personas. Unos 450 tendrían responsabilidad penal.
El 56% de los informes se emitieron en el 2021. La mayoría de casos son de Lima, Áncash y Cusco. Solo en estas tres regiones se concentra el 53% de los funcionarios involucrados. El monto de inversión en estos casos que presentan irregularidades suman S/. 990′170.720.
Corrupción en pandemia
El análisis realizado también revela que a la fecha existen 16.107 informes por situaciones adversas que se presentaron durante la pandemia. El 71% se dio en la gestión de Martín Vizcarra.
Las entidades que más situaciones adversas presentan son las municipalidades provinciales y distritales (61%). En menor proporción se encuentran las direcciones y redes de salud (8%), los gobiernos regionales (4%) y la Policía Nacional del Perú (3%).
A inicios de enero, la Contraloría señaló que los servicios de control posterior realizados en el marco de la emergencia sanitaria detectaron un perjuicio económico contra el Estado valorizado en S/ 132′311.360,87.
Las irregularidades más recurrentes son las asociadas a la entrega de canastas y bonos a familias y personal de salud (34%). Le siguen los casos por distribución y aplicación de vacunas contra la COVID-19 y por adquisición de oxígeno, pruebas y equipos de protección personal (EPP) como mascarillas, gorros y mandilones.
Hasta inicios de junio, las fiscalías anticorrupción registraban 2.122 investigaciones asociadas a la pandemia. El exviceministro de Salud, Fernando Carbone, mencionó entonces que general, la crisis sanitario por la COVID-19 fue una oportunidad para que personas sin ética ni moral, pensaran en cómo beneficiarse en lugar de pensar en los demás. “La gravedad de un acto de corrupción en la pandemia ha sido el aprovechamiento de una tragedia humana, lo que significa un agravante que se debe tomar en cuenta”, señaló.
