El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se salvó este martes por segunda vez de enfrentar un proceso que hubiera podido llevar a su destitución, luego de que el Congreso rechazara levantarle la inmunidad.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había solicitado al Congreso desaforar a Chaves para que fuera investigado por aprovechar presuntamente su cargo “ilegítimamente” y “favorecer un programa político” para los comicios de febrero de 2026.
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MIRA AQUÍ: Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves
La moción obtuvo 35 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin inmunidad.
“No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Chaves”, dijo el titular del Congreso, Rodrigo Arias, tras la votación en un plenario especial.
Son hechos “muy graves”, señaló durante el debate la diputada Alejandra Larios, al acusar a Chaves de utilizar recursos públicos para “incidir en el proceso electoral”. En Costa Rica el presidente tiene prohibido participar en campañas o usar su cargo en beneficio de un partido.
Sin embargo, su colega María Marta Carballo consideró que retirar la inmunidad por una causa que no es penal sería “atentar contra la democracia”.
Era la segunda vez que Chaves, de 64 años, se jugaba su futuro político ante el Congreso de Diputados, que en septiembre pasado rechazó quitarle el fuero por un caso de presunta corrupción, algo inédito en Costa Rica, donde nunca un presidente había enfrentado un proceso de desafuero.
El mandatario, que goza de alta popularidad por sus expresiones de mano dura, asegura que no ha violado la ley y acusa a sus opositores de montar “un circo”.
Si Chaves hubiera sido condenado por la corte electoral hubiera podido ser destituido o inhabilitado para ejercer la política por varios años, explicó a la AFP Marvin Carvajal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica.
La matemática no daba
Analistas consultados por la AFP consideraban improbable que la oposición reuniera los votos necesarios para el desafuero, en un Congreso muy fraccionado. Además, Chaves finalizará el mandato en mayo, por lo que el tiempo sería insuficiente para concluir el proceso.
En la antesala, el influyente congresista republicano Mario Díaz-Balart, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que “remover a un presidente a pocos meses de las elecciones” ponía “en riesgo la legitimidad democrática”.
La discusión parlamentaria también se enmarca en un choque de poderes que se acentuó de cara a los comicios generales del próximo 1 de febrero, en los que la derecha busca seguir gobernando con la exministra Laura Fernández.
Caso “inédito”
Chaves, que no puede reelegirse de manera inmediata, ya salvó su inmunidad en septiembre, cuando estaba acusado por la Fiscalía de obligar a una empresa contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a un amigo para asesorar su imagen.
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En este caso, el presidente, aliado de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pudo haber sido condenado por la Corte Suprema, lo que le habría obligado a dejar el poder.
El mandatario está enfrentado al resto de poderes del Estado, a los que acusa de sabotear las reformas que pretende llevar adelante, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.
Pese a salir airoso, Chaves no siempre pudo eludir las acusaciones en su contra. El Banco Mundial lo sancionó por acosar sexualmente a dos subalternas y, tras su elección, ofreció “disculpas”.
