El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria concedió el recurso de apelación que presentó Patricia Benavides contra la resolución judicial que la suspendió como fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de 24 meses.
Por ello, el juez supremo de investigación preparatoria, Segismundo León, dispuso elevar el caso ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que determinará si confirma o anula la medida cautelar en contra de Benavides.
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Ahora, el tribunal supremo de segunda instancia deberá calificar el recurso de apelación, y si lo admite, convocará a una audiencia pública en la que escuchará los argumentos de la defensa de Benavides Vargas y de la fiscalía.
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En la resolución que concede el recurso de apelación, el magistrado precisó que el expediente será remitido a la sala suprema a más tardar el 2 de julio, fecha en la que se vence el plazo para que las otras partes -en este caso el Ministerio Público- presenten su apelación, en caso lo consideren.
Y es que, la fiscalía había solicitado que la suspensión se dicte por el plazo de 36 meses; no obstante la medida se emitió por 24 meses. Hasta la tarde del viernes, el Ministerio Público no había anunciado si apelaría o no el plazo.
“Habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso, corresponde conceder la apelación interpuesta por la defensa de la indagada Benavides Vargas, con reserva de la elevación del cuaderno de apelación hasta el vencimiento del plazo legal de impugnación, esto sería el 02/07/2025, para que las demás partes puedan hacer uso del mismo derecho, sin perjuicio de disponerse desde ya la formación del cuaderno de apelación correspondiente para su remisión a la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema de Justicia de la República.”
El miércoles 25 de julio, León Velasco declaró fundado -en parte- el requerimiento de la fiscalía de la Nación, a fin de que se suspenda a Benavides en su función pública.
La medida cautelar se impuso en el marco de la investigación que se le sigue a la suspendida fiscal, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, vinculado a un proceso seguido por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Como se recuerda, el juez supremo amparó el pedido fiscal al sostener que existían elementos suficientes para vincularla hasta con tres presuntos hechos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación.
Así también, consideró que, de retornar a la función fiscal, podría volver a “reiterar” la presunta conducta delictiva interviniendo en investigaciones en curso u obstaculizando sus propias investigaciones que se encuentran en curso.
Finalmente, el juez consideró que podía decidir sobre la suspensión de Benavides Vargas, a razón de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rehabilitó su título como fiscal suprema provisional y además, la repuso como fiscal de la Nación, en una resolución emitida el pasado 12 de junio.
Además, consideró que el requerimiento de suspensión fue presentado un día antes de que la fiscalía presente la denuncia constitucional contra Benavides Vargas -por este caso- ante el Congreso de la República, y por tanto no podía dejar de resolver el pedido.
No obstante, la defensa legal de la suspendida fiscal señaló que el juez supremo de investigación preparatoria no tenía facultad para resolver el pedido de suspensión debido a que el caso ya había llegado al Parlamento vía una denuncia constitucional.
También afirmó que, pese a que la JNJ rehabilitó a su patrocinada como fiscal, no venía ejerciendo dicho cargo puesto que la resolución no se ejecutó.
Cuestionó, de igual forma, los elementos de convicción admitidos por el juzgado supremo para determinar que existía vinculación de Benavides con los presuntos hechos imputados en su contra. Alegó que no se habían valorado los descargos que presentaron.
Al cierre de este informe, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una resolución admitiendo a trámite un recurso de habeas corpus presentado por Benavides y su defensa legal, con la finalidad de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se aparte de sus investigaciones.
