La Corte Suprema de Chile destituyó el jueves a una de sus magistradas, Ángela Vivanco, envuelta en el mayor escándalo de corrupción que salpica a la élite política, judicial y económica chilena desde el retorno de la democracia en 1990.
“La señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia”, dijo Ricardo Blanco, presidente del alto tribunal, al comunicar la decisión unánime del pleno de jueces.
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Vivanco enfrenta, además, un juicio político por parte del Congreso. De aprobarse, quedará inhabilita por cinco años para ejercer cargos públicos.
La jueza, de 61 años, se vio salpicada por un escándalo político y judicial que tiene como protagonista al influyente abogado Luis Hermosilla, el preferido de la élite chilena, cuyas comunicaciones por mensajes telefónicos han sido reveladas por medios locales.
En estos mensajes queda en evidencia la estrecha relación que mantenía Hermosilla con Vivanco, quien acudió a él en busca de apoyo para ser elegida como miembro del máximo tribunal de justicia del país a cambio de darle información judicial reservada.
De acuerdo a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, se trata “del caso de corrupción más grande de la historia reciente” de Chile.
Según la sentencia de la Corte Suprema, Vivanco “incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.
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Vivanco llegó a la Corte Suprema en 2018, propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y fue ratificada por el Senado.
Hermosilla, que asesoraba al gobierno de Piñera, está en prisión desde el 27 de agosto, acusado del delito de soborno, trafico de influencias y lavado de activos.
Sus conversaciones se conocieron luego de que se filtrara un audio en que insta a sobornar a funcionarios públicos para favorecer a uno de sus clientes. Otras de sus conversaciones reveló la entrega de información confidencial por parte del jefe de la policía civil, Sergio Muñoz, quien está bajo arresto domiciliario.
