El coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, Manuel Luján, se pronunció en rechazo al proyecto de ley probado en primera votación en el pleno del Congreso y que debilita esta figura que permita garantizar la recuperación de bienes de origen ilícito.
En un comunicado emitido este 13 de diciembre, el juez supremo titular expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los cambios que está buscando introducir el Legislativo en esta figura jurídica.
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Por esto, solicita a los congresistas que extiendan el proceso de diálogo y debate “con el fin de ordenar, ajustar y enriquecer” la iniciativa.
El pleno, este 13 de diciembre, aprobó con 55 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1373, la cual regula la extinción del dominio a nivel nacional como un proceso ajeno e independiente al penal.
Entre los cambios se busca que esta figura solo pueda ser aplicada en sentencias penales consentidas en última instancia y que se incremente la carga de la prueba. Adicionalmente, se restringe la aplicación de esta medida solo contra bienes provenientes de delitos penales con sentencia firme
Uno de los cambios más relevantes en el nuevo texto es que la extinción de dominio solo podrá aplicarse a bienes provenientes de delitos penales que cuenten con una sentencia firme en última instancia. Este requisito limita la autonomía del proceso de extinción, que en su forma original no dependía de una condena judicial.
Para el juez supremo a cargo de la mesa de trabajo del subsistema, cualquier reforma que se realice a la extinción de dominio debe ser “rigurosa y detallada” para fortalecer el mecanismo y logre su propósito de lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otros delitos, sin afectar su efectividad.
Sin embargo, el magistrado advierte que estas reformas aprobadas en primera votación contravienen compromisos internacionales y carecen de profundidad técnica necesaria para su fortalecimiento. Esto también incluye la necesidad de que se implementen sistemas autónomos y especializados para combatir la corrupción en todas sus formas “y no solo desde el derecho penal”, sino usando un enfoque en la recuperación de bienes ilícitos.
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El comunicado concluye recordando que la extinción de dominio es clave en la política criminal para recuperar bienes y activos con un debido proceso.
“Modificar esta herramienta sin un rigurosos análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean efectivamente recuperados y devueltos a la sociedad”, advierte.
