La Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala responsabilidad contra 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades presentadas en el proceso electoral del domingo 12 de abril en Lima Metropolitana.
La Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala responsabilidad contra 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades presentadas en el proceso electoral del domingo 12 de abril en Lima Metropolitana.
Según Contraloría, las acciones generaron retrasos, entrega inoportuna de insumos y afectaron el derecho al sufragio de más de 55 000 electores. ¿Qué hechos específicos motivaron estas responsabilidades? Aquí te lo explicamos.
LEE MÁS: “Un truco bajo”: la polémica entre Luis Carranza y Pedro Francke marcó un debate técnico con algunos pullazos políticos
El informe revela que funcionarios de la ONPE requirieron la contratación de servicios de transporte sin indicar claramente qué cantidad de vehículos iban a ser necesarios. Además, determinó que la entidad favoreció a un postor, a través de criterios irregulares en la evaluación como reducir en dos metros la capacidad de los vehículos ofertados y consignar información inexacta sobre su carga.
Esto generó que la empresa Galaga obtuviera 100 puntos en la etapa técnica, y ganará la buena pro por más de S/ 6 368 millones, una oferta superior en S/ 168 148.19. El postor cubrió el servicio con un 92% por vehículos de terceros y solo el 8% con vehículos propios.
Elecciones Primarias en Piura
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
De acuerdo al informe de Contraloría, “el accionar irregular de los evaluadores permitió que el servicio se diera con vehículos de terceros, limitando la cantidad de vehículos propios y afectando el correcto despliegue del material electoral”.
El informe advirtió que funcionarios de varias áreas de la ONPE reprogramaron rutas de distribución con tiempos insuficientes, lo que impidió la entrega oportuna del material electoral.
En una de esas reprogramaciones, consignaron un tiempo de tres horas y media a cuatro horas por ruta, cuando en realidad se requerían al menos ocho horas, lo que generó retrasos en la entrega que afectó directamente a los electores. Como consecuencia, 187 mesas de sufragio no fueron instaladas en Lima en el día de la votación.
LEE MÁS: Fuerza Popular: Virtual diputada fujimorista por Ucayali enfrenta juicio por malversación
“Se distribuyó inoportunamente el material y equipos informáticos a 3605 mesas de sufragio, afectando el derecho de sufragio de 55 261 electores,” indica el documento de la Contraloría.
La Contraloría precisó que, entre el 7 y 9 de abril, varios funcionarios tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales por más de S/ 650 000 sin sustento técnico ni legal. Estos incluyeron aumentos en rutas, vehículos y variaciones en los precios, con un incremento del 900% en los costos respecto al contrato inicial.

Lista de los funcionarios presuntamente responsables de las irregularidades en el proceso electoral de la ONPE. Foto: captura informe Contraloría
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Ante esta situación, el órgano de control solicitó que la ONPE “realice acciones para deslindar responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos involucrados,” y también recomendó que la Procuraduría Pública inicie acciones penales contra los responsables. Además, instó a la Junta Nacional de Justicia a tomar las medidas correspondientes.




