La Contraloría pretendió esta semana que el Congreso de la República cambie a su auditor general, el contador público Fernando Rosales Cirilo. Esto en medio de las investigaciones contra el Parlamento por la presunta existencia de una red de prostitución e irregularidades en la contratación de personal.
El contralor general, César Aguilar Surichaqui, propuso al Congreso una terna para que Rosales sea reemplazado. Esta la conformaron los contadores Ana Aguilar Varillas, Carlos Sánchez Albarado y el abogado Carlo Gonzales Herrera.
Aguilar dirigió un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para pedirle que termine con la designación de Rosales. Argumentó “necesidad del servicio o interés institucional de la Contraloría”.
La decisión había quedado en manos de la Mesa Directiva del Parlamento, presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).
No obstante, este viernes, la Contraloría informó a El Comercio que, debido a la coyuntura, ha dispuesto que Rosales continúe en el cargo; es decir, dio marcha atrás a la remoción.
“El documento se presentó al Congreso el 6 de enero de 2025. Sin embargo, considerando los hechos recientes y el inicio por parte de nuestra institución de un servicio de recopilación de información, se ha dispuesto que el jefe de OCI continúe en sus funciones hasta la culminación de dicho servicio. Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad y efectividad de las labores de control garantizando una gestión transparente y ordenada”, señaló.
Efectivamente, el último 3 de enero, Rosales acreditó a un equipo de abogados para que revisen las contrataciones de personal para la Oficina Legal y Constitucional del Congreso en el periodo 2023 – 2024. De acuerdo con fuentes de este Diario, esa decisión alertó a altos mandos administrativos del Congreso vinculados a Alianza para el Progreso.
Las mismas fuentes señalaron que Alianza para el Progreso estaba detrás de la propuesta del contralor para remover al auditor general. En respuesta, la Contraloría señaló a este Diario: “Nuestra institución rechaza categóricamente cualquier insinuación sobre vínculos o influencias de grupos políticos. La Contraloría General de la República es un órgano técnico independiente que no se debe a intereses particulares ni a favores políticos. Nuestro único compromiso es cautelar los recursos públicos y asegurar su buen uso en beneficio de la ciudadanía”.
La Oficina Legal y Constitucional del Congreso estuvo a cargo de Jorge Torres Saravia desde agosto del 2023 hasta noviembre del 2024. Torres es investigado por la Fiscalía de Trata de Personas por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento, un caso que involucra el asesinato de la exfuncionaria parlamentaria Andrea Vidal a manos de sicarios.
Torres es cercano a miembros de la cúpula de Alianza para el Progreso. Sus relaciones con directivos de esa agrupación lo llevaron hasta la mencionada oficina.
Este Diario ha revelado que durante su gestión se gastaron S/4,6 millones en contrataciones.
Entre las personas contratadas se encontró Isabel Cajo, de 26 años, quien sería una pieza clave en la investigación sobre la presunta red de prostitución y las designaciones irregulares.
Recientemente Cajo denunció el robo de su celular en Magdalena. No obstante, la municipalidad de ese distrito revisó las cámaras de videovigilancia en el día, hora y lugar indicado por ella, y no encontró registro de ningún hecho delictivo.
Por su parte Salhuana anunció una reestructuración de esa oficina y otras instancias administrativas la semana pasada.
Entre las pocas medidas concretas que se adoptó, se encuentra la designación del abogado Ángel Delgado Silva como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.
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Rosales asumió como auditor general de la Oficina de Auditoría Interna (OCI) del Congreso en febrero del 2023 por acuerdo de la Mesa Directiva, que en ese momento presidía José Williams (Avanza País).
En diciembre pasado, emitió un informe que concluyó que 24 trabajadores del Congreso permitieron un acceso indebido al plan de seguro EPS que paga el Parlamento para su personal y familiares. Estos no comunicaron la disolución de su vínculo matrimonial para que sus excónyuges continúen como beneficiarios o registraron como derechohabientes a personas con impedimentos legales.
La auditoría estimó que el perjuicio económico que generaron al Congreso fue de un millón 71 mil soles.
El Congreso es la única institución del Estado con autonomía para designar a su propio auditor. En el resto, ese nombramiento está a cargo de la Contraloría.
