El Consejo Fiscal reiteró su preocupación por la continua aprobación de leyes que comprometen aún más la sostenibilidad fiscal, al aumentar significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo.
En un comunicado, el CF señaló que estas decisiones del Congreso de la República forman parte de una dinámica recurrente de creación de gastos permanentes, nuevas obligaciones fiscales y sacrificio de ingresos públicos sin considerar criterios de responsabilidad fiscal. Ello consolida una trayectoria de deterioro fiscal que será cada vez más difícil de revertir, dada la magnitud y el carácter permanente de la mayoría de las medidas introducidas.
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De este modo, consideró que esta situación resulta especialmente crítica en un contexto en el que sucesivas administraciones del Poder Ejecutivo, al no observar las iniciativas legislativas aprobadas, varias de ellas con costos fiscales significativos, y al abstenerse de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) normas con potenciales visos de inconstitucionalidad, no han dado una respuesta institucional diligente, oportuna y firme para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el espacio fiscal de las siguientes administraciones de gobierno.
“Este accionar del Congreso de la República nuevamente se ha evidenciado en las últimas 3 sesiones del pleno, en las que fueron aprobadas 11 leyes y autógrafas que generan enormes obligaciones de nuevo gasto público permanente sin identificar fuentes de financiamiento”, indicó el Consejo Fiscal.
Entre las medidas aprobadas con mayor costo fiscal destacan el nivelar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a la remuneración de los maestros en actividad de la primera escala de la carrera pública magisterial (actualmente S/3,500 por mes), la cual tendría un costo fiscal anual estimado de por lo menos S/8 mil millones (aprobada por insistencia); modificar el régimen pensionario militar y policial del Decreto Legislativo N° 1133, que tendría un costo total de aproximadamente S/15 mil millones (Ley N° 32561); y otorgar mayores beneficios laborales a los empleados públicos del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que costaría anualmente al fisco aproximadamente S/3 mil millones (Ley N° 32563).
La primera de estas medidas, precisó el CJ, aprobada por insistencia, aumentará la planilla de pensiones y generará demandas permanentes de recursos al Tesoro Público. “La nivelación automática de pensiones, tal como sostuvo el Poder Ejecutivo en la observación de la norma, crearía para este grupo poblacional un esquema de “cédula viva”, pues la pensión se nivelaría cada vez que dicha RIM sea actualizada , creando un efecto espejo entre los ingresos del pensionista y el maestro en actividad, lo que contradice lo establecido por la Constitución Política del Perú , por su impacto negativo sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas previsionales”, explicó el CF.
La implementación de la norma generaría un costo para el erario de por lo menos S/8 mil millones adicionales por año , monto que incluso estaría subestimado pues no considera el costo de la pensión para los maestros pensionistas del SPP , los costos de los futuros pensionistas hoy en actividad, ni los pasivos incrementales derivados de aumentos futuros de la RIM.
Respecto a la segunda medida, el Consejo Fiscal determinó que los cambios aprobados por insistencia al régimen pensionario de militares y policías regulado por el Decreto Legislativo N° 1133 generarán mayores gastos permanentes en pensiones, con riesgos para la sostenibilidad de dicho sistema pensionario y mayores demandas de recursos del Tesoro Público.
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Según lo indicado en la observación de la autógrafa de ley, el costo total estimado de las modificaciones propuestas ascendería, en valor presente, a S/14,8 mil millones considerando únicamente a los actuales afiliados al sistema. De este monto, S/1,9 mil millones corresponderían al mayor aporte del Estado (cuyos aportes pasarían de 6% a 10% de la remuneración) y S/12,9 mil millones al financiamiento de mayores prestaciones pensionarias.
Asimismo, la norma aprobada también vulneraría las reglas constitucionales especiales aplicables a los sistemas previsionales, en la medida en que estaría retornando a un esquema de nivelación al reconocer a los pensionistas beneficios equivalentes a los del personal en actividad.
Respecto de la tercera medida, el brindar a los trabajadores públicos del régimen CAS los beneficios de gratificaciones en Fiestas Patrias y Navidad, y de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tendría un costo fiscal anual de aproximadamente S/3 mil millones.
“La aprobación de estas leyes supone destinar una parte sustantiva del presupuesto público al financiamiento de obligaciones permanentes para grupos determinados, reduciendo significativamente el margen para la atención de otras prioridades”, subrayó el Consejo Fiscal.
Alertaron que la implementación de las medidas aprobadas por el Congreso tendría efectos inmediatos y permanentes en la trayectoria del gasto público y, dada su magnitud, presumiblemente sobre el déficit fiscal. Según la Dirección de Estudios Macrofiscales de este Consejo Fiscal, utilizando los estimados parciales del Poder Ejecutivo para 7 de las 11 leyes o autógrafas aprobadas por el pleno en lo que va de 2026, se estima que estas medidas en conjunto suponen por lo menos un costo para el fisco de S/11,4 mil millones anuales de forma permanente .
En la medida que las normas antes mencionadas se implementarán en promedio desde julio de este año, generarían gastos no previstos en 2026 por aproximadamente S/6,5 mil millones. Asimismo, se trasladaría al presupuesto del 2027, y en adelante, las sustantivas presiones de gasto remanentes.
El Consejo Fiscal precisó que este mayor gasto permanente se sumaría a desvíos fiscales ya existentes y dificultaría retomar el cumplimiento conjunto de las reglas fiscales, vulneradas de manera consecutiva desde 2023. En particular, el presupuesto del presente ejercicio fiscal prevé un incremento histórico del gasto en planillas y pensiones de S/11,2 mil millones, cifra que no guarda consistencia con lo proyectado tanto en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente como en el último Informe Preelectoral.
Finalmente, el Consejo Fiscal advirtió que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observar varias de ellas, están ambos incumpliendo de manera directa y explícita la regla que prohíbe la aprobación de medidas que aumentan el gasto público en personal y pensiones durante los primeros meses de los años de elecciones generales, prevista en el Decreto Legislativo N° 1276.
