El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó de manera contundente la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca. La medida se da en el marco de una investigación preliminar abierta por el Ministerio Público por presunto delito de cohecho, que también involucra a la fiscal Marita Barreto.
LEE: ¿Quién es John Paredes? El juez que desafía al árbitro electoral
El caso se origina en las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides e investigado en el Caso Valkiria. Según su testimonio, Barreto habría pedido a los periodistas difundir información negativa sobre la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, Cruz y Prado lo negaron y el propio Girao reconoció posteriormente que no observó un acto ilícito.
Newsletter Mientras Tanto
Para el CPP, el pedido de levantar el secreto de las comunicaciones constituye una “irregularidad” y un “abuso” que amenaza la libertad de prensa y el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. La institución alertó además que este tipo de medidas se está normalizando en el país, con un uso arbitrario de las investigaciones que “huelen a venganza y persecución”.
“Que un fiscal solicite una publicación a un periodista no es un acto delictivo, toda vez que éste no tiene control sobre lo que su interlocutor dice. Sin embargo, sí sería una grave falta ética que el periodista acepte el pedido -algo que tanto Cruz como Prado han rechazado-, pero en ningún caso ameritaría una medida como esta”, se lee en el pronunciamiento.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado en el que recordó que, aun si los hechos señalados por Girao fueran ciertos, no se justifica abrir una investigación por cohecho contra los periodistas, ni mucho menos levantar sus comunicaciones privadas.
MÁS: Golpista suelta en plaza
El IPYS precisó que no busca la impunidad de los periodistas frente a pesquisas legales, pero sí garantizar que la labor informativa tenga las protecciones necesarias frente a medidas que atentan contra la confidencialidad de las fuentes, pilar fundamental del periodismo de investigación.














