La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia presentada por congresistas contra el expresidente Pedro Castillo y varios exministros de su gobierno, en la cual piden su inhabilitación por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El documento, que había recibido un informe de calificación de admisión por la secretaría de la subcomisión presidida por María Acuña (APP), estableció que había cumplido con todos los requisitos formales.
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Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (RP) y Alejandro Cavero (Avanza País), respectivamente y fueron agrupadas en un solo informe por tratar de los mismos hechos.
Asimismo, se consideró como todos los implicados a Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, mientras que se rechazaron los cargos contra el exministro Gustavo Bobbio.
Si bien se admitió el proceso por presunta infracción constitucional por la cual piden 10 años de inhabilitación de la función pública contra Castillo Terrones, se rechazaron los cargos penales de rebelión y conspiración solicitados como parte de un antejuicio político.
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La Comisión Permanente deberá agendar este caso para otorgarle un plazo de investigación para que la carpeta regrese a la subcomisión y sea asignada a un parlamentario delegado para que realice las investigaciones y elabore un informe que será sometido a votación.
Admiten denuncia de Fiscalía de la Nación contra Alberto Otárola
En otro momento, la subcomisión aprobó el informe de calificación para admitir la denuncia constitucional 520 planteada por el anterior fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
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Los cargos por presunta colusión simple y agravada habrían ocurrido por una supuesta injerencia indebida en la contratación de diversas personas en puestos públicos de confianza
Este caso específico se refiere a una supuesta concertación para contratar a Rosa Rivera como funcionaria dentro de Devida.
Una tercera acusación constitucional, la 566, fue declarada improcedente. Se trata de la acusación de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Luis Arce Córdova por presunto tráfico de influencias como fiscal supremo.
