Congreso: ¿Se debe obligar a las entidades públicas a usar inteligencia artificial, como propone Katy Ugarte?

De acuerdo con la propuesta, las entidades tendrán que implementar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades administrativas y en la prestación de servicios públicos ineludiblemente, bajo responsabilidad funcional.

El proyecto de ley señala que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, tendría que dar asesoría técnica y formativa a las entidades para la implementación de la inteligencia artificial en sus actividades.

La iniciativa cuenta con las firmas de Juan Burgos, Héctor Acuña, Esdras Medina y Luis Cordero como coautores. Todos ellos de Unidad y Diálogo Parlamentario. El jueves pasado fue derivada a la Comisión de Descentralización y Modernización del Estado y a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que deberán analizarla.

No obstante, especialistas consultados por El Comercio coincidieron en señalar que la congresista Ugarte parece no haber entendido que la inteligencia artificial es una herramienta más, no un principio general de la administración pública.

ESTE EL PROYECTO DE LEY DE UGARTE

“Es no entender de derecho ni de tecnología”

El abogado Erick Iriarte, especialista en derecho digital, señaló que la administración pública necesita tener normativas claras, no leyes por cada tecnología que se cree.

“La inteligencia artificial no es más que una herramienta. El proyecto confunde herramientas con principios. Hacer una ley que empodere una herramienta de manera obligatoria es no entender ni de derecho ni de tecnología”, dijo en diálogo con El Comercio.

En opinión de Iriarte, “lamentablemente la congresista ha confundido una tecnología útil” y pretende convertirla en “un principio general de la administración pública”.

El abogado añadió que entidades públicas han empezado a utilizar ‘machine learning’ [aprendizaje automático] y sistemas de atención automatizados sin la necesidad de una ley. “En la medida que la inteligencia artificial pueda ser útil para determinados procesos, se utilizará, pero no siempre todas las herramientas son útiles para todos los procesos”, dijo.

Sin marco legal ni regulatorio

En tanto, Bruno Ortiz, periodista de El Comercio especializado en ciencia y tecnología, destacó que el país no cuenta con una norma que establezca cómo se debe utilizar la inteligencia artificial en general.

En julio pasado, se promulgó una ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. No obstante, no hay un marco regulatorio que considere políticas de privacidad, seguridad de datos, responsabilidad en el uso de algoritmos y otros puntos.

“Me da la impresión de que solo tratan de utilizar un término que está en boca de todos por una cuestión de popularidad, para tratar de dar una imagen de que estamos a la vanguardia, en la modernidad”, dijo Ortiz.

El periodista coincidió con Iriarte en que “están tratando de legislar como si la inteligencia artificial fuera una finalidad y no un instrumento”.

Contraproducente

En tanto, Wester Zela, exconsultor en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en temas de gobierno digital, señaló que “sería contraproducente” obligar a las entidades públicas a utilizar la inteligencia artificial sin previa regulación, capacitación y marco ético.

Zela añadió: “¿Para qué crear una ley si podemos impulsar un centro nacional que ya existe en el papel? En el 2021 se creó el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, que tenía como objetivo liderar proyectos de inteligencia artificial a nivel país. Ya está creado, pero no se ha implementado. En los últimos dos años no se ha hecho nada”.

En opinión de Zela, quien también fue director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se debe priorizar la implementación de la inteligencia artificial en sectores específicos, como educación, salud y agricultura.