La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días de plazo para investigar al expresidente Pedro Castillo, así como al exprimer ministro Alberto Otárola; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.
En su sesión de este miércoles 4 de junio, se aprobó por unanimidad investigar la denuncia constitucional 520 que fue presentada por el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra Otárola Peñaranda por presuntamente instigar el delito de colusión simple y agravada.
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Adicionalmente, se aprobó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue las denuncias acumuladas contra Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez para que se tramiten casos por presuntas infracciones constitucionales por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Contra todos los mencionados se ha pedido diez años de inhabilitación de la función pública por los dos autores de las denuncias acumuladas: los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
Posteriormente, la Comisión Permanente encabezada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) ante la ausencia de Eduardo Salhuana aprobó con 19 votos a favor y 2 en contra el otorgar el mismo plazo para investigar a Delia Espinoza por la denuncia planteada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez.
Este último, actualmente asesor de Dina Boluarte tras su censura como ministro, acusó a la titular del Ministerio Público por presunta infracción constitucional y el supuesto delito de abuso de autoridad.
En el caso de Salas Arenas, la Comisión Permanente aprobó por 19 votos a favor y 4 en contra investigar por 15 días la enuncia en su contra como expresidente del JNE por presunto delito de omisión de actos funcionales e infracción constitucional.
Aprueban acusar a exministros
La Comisión Permanente también realizó las audiencias para evaluar los informes finales de las denuncias constitucionales contra los exministros Luis Alfonso Adrianzén Ojeda (Trabajo y Promoción del Empleo) y Jorge Luis Prado Palomino (Producción).
