La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República inició este lunes 8 de septiembre una visita de inspección a la isla El Frontón, en el Callao, tras el anuncio del Gobierno sobre la construcción de un penal de máxima seguridad en esa zona.
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La delegación parlamentaria estuvo encabezada por la presidenta de la comisión, congresista Katy Ugarte, quien participó junto al alcalde de La Punta, Ramón Garay, y representantes de las asociaciones vecinales. El objetivo es conocer los alcances del proyecto penitenciario y prevenir eventuales afectaciones a los servicios básicos y al entorno ambiental.
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El establecimiento, que se proyecta como uno de los más grandes del país, tendrá capacidad para 2,000 internos de alta peligrosidad. Se edificará sobre un área de más de 57,000 metros cuadrados y demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones, según el convenio suscrito entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa.
“Como comisión, nuestra obligación es garantizar que toda obra pública, por más necesaria que sea, respete la ley, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Estaremos vigilantes para que no se vulneren derechos ni se generen impactos negativos en los servicios esenciales”, señaló la congresista Ugarte durante la jornada de fiscalización.
La visita comenzó a las 8:30 a.m. en el frontis de la Municipalidad de La Punta y contó con la participación de medios de comunicación. Los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar su inquietud respecto a los riesgos que podría traer la construcción de un penal de gran magnitud en la zona, tanto en materia de seguridad ciudadana como en la demanda de servicios públicos como agua y electricidad.
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Días previos, los residentes de La Punta ya habían solicitado que se realicen estudios ambientales más exhaustivos antes de continuar con la obra, advirtiendo sobre el impacto que esta podría generar en el litoral del Callao.
De concretarse, el penal de máxima seguridad en El Frontón se convertiría en uno de los más grandes y modernos del país. Sin embargo, para la población local, el proyecto aún genera incertidumbre y preocupación, lo que ha motivado la intervención directa del Congreso en su rol de fiscalización y control político.
