Los intereses de los mineros informales e ilegales quedaron plasmados en un nuevo predictamen que la Comisión de Energía y Minas del Congreso discutirá este martes 18 desde las 3 p.m..
El documento propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por quinta vez, hasta diciembre del 2027, y reincorporar más de 50 mil registros excluidos.
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La iniciativa se presenta a pesar de las advertencias de gremios empresariales y especialistas, quienes alertan que la prórroga perpetuará la informalidad, facilitará actividades ilegales y profundizará los daños ambientales y sociales.
El predictamen plantea que el Reinfo se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre del 2027 o hasta que se apruebe la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). No obstante, especialistas del sector sostienen que no existe voluntad política para avanzar con dicha norma, lo que convertiría la ampliación en un nuevo mecanismo para extender indefinidamente la actividad minera sin controles.
Escenario
En junio pasado, el gobierno de Dina Boluarte ya había extendido la vigencia del Reinfo hasta diciembre de este año. Fue la última de una cadena de prórrogas desde que este régimen fue creado en el 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con la promesa de formalizar a los mineros informales.
El último lunes, decenas de mineros informales volvieron a ocupar la avenida Abancay, a pocos metros del Congreso, para exigir una nueva ampliación del Reinfo. La presión continuará este martes, cuando la Comisión de Energía y Minas —presidida por el congresista Víctor Cutipa, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial— someta el documento a debate.
Cutipa expresó su deseo de que el predictamen sea aprobado sin cambios: “Desde la presidencia de la comisión hemos considerado ese plazo. Esperemos que no se modifique esta propuesta y sea aceptada. Será el pleno de la comisión la que tomará una decisión”, dijo a la prensa el último lunes.
Si la comisión respalda el texto, este pasará al pleno del Congreso, la instancia final. Esto ocurrirá a pesar de que, en abril pasado, el Tribunal Constitucional advirtió en una sentencia que mantener un régimen transitorio que habilite actividades sin control solo agravará los impactos en las poblaciones vulnerables, reducirá ingresos fiscales, perjudicará la gobernabilidad y profundizará el deterioro ambiental.
Legitima la ilegalidad
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, aseguró que el predictamen representa “un retroceso que no podemos tolerar”.
“Le están dando carta blanca a los mineros informales para que hagan minería sin condiciones, sin restricción, en zonas prohibidas”, alertó en diálogo con El Comercio.
Torreblanca insistió en que el Estado debería dar por concluido el Reinfo y no seguir prolongando un régimen que ha demostrado ser perjudicial.
“Que los mineros que han cumplido con los requisitos en todos los años que han tenido para formalizarse puedan iniciar sus actividades de manera formal, siguiendo el régimen común. Si no hay una ley MAPE aprobada, lo que corresponde es que se cumpla con el régimen común”, afirmó.
La líder gremial sostuvo que el predictamen implica una abierta permisividad hacia prácticas al margen de la ley, desde invasiones en zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas hasta operaciones dentro de concesiones mineras formales ya autorizadas.
“Se están amparando conductas al margen de la ley, como la invasión de áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas o concesiones mineras. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado expresamente, señalando que resulta inconstitucional cualquier medida que permita el desarrollo de actividades mineras ilegales bajo el amparo de un régimen transitorio, pues ello contraviene el deber estatal de garantizar el derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona”, dijo.
También remarcó que la SNMPE rechaza la ampliación porque —además de prolongar la ilegalidad— promueve un escenario que facilitará el deterioro ambiental y el incumplimiento de obligaciones internacionales.
“La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no está de acuerdo con una ampliación del Reinfo no solo porque prorroga la ilegalidad y pone en juego los recursos mineros del país, sino también porque es una forma de invitar a depredar nuestro país sin control ambiental”.
Para Torreblanca, aprobar la ampliación significaría que el Congreso respalda actividades ilícitas.
“Si se aprobase, nuestros congresistas nos confirmarían que muchos de ellos están amparando conductas al margen de la ley, como la invasión de áreas arqueológicas, áreas naturales, concesiones mineras de terceros, y se contravendría al Tribunal Constitucional y a la CAN [Comunidad Andina de Naciones]”.
Gremios alertan riesgos
El último lunes, 56 gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la SNMPE advirtieron que ampliar el Reinfo “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”.
Mediante un comunicado conjunto, alertaron que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría aplicar restricciones comerciales a productos clave de la canasta exportadora del país debido a que el Perú estaría incumpliendo compromisos asumidos en la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.
Además, remarcaron que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país.
“Es impunidad”
El abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, consideró que el predictamen generaría un escenario de impunidad al permitir que 50 mil mineros excluidos puedan regresar al proceso.
“Es volver casi a cero, de lo poco que se pudo avanzar. Se estaría regresando a gente que era ilegal, que nuevamente estarán en el Reinfo y no podrá ser sancionada. Es totalmente impunidad”.
El especialista también alertó que el predictamen propone blindar a los inscritos en el Reinfo al impedir que se inicien procedimientos de suspensión o sanción en su contra, incluso cuando incumplan obligaciones ambientales, tributarias o administrativas.
“El predictamen señala también que no se podrá iniciar procedimientos de suspensión a los mineros que están en el Reinfo. Es decir, pueden incumplir todas sus obligaciones. No tendrá sentido que los fiscalicen porque, en la práctica, no tendrá ningún efecto la verificación de sus incumplimientos”.
Para Ipenza, la propuesta legislativa responde directamente a intereses organizados dentro del Congreso.
“El predictamen responde a los intereses de la minería informal, que está con sus voceros dentro del Congreso. Debemos estar atentos a qué congresistas y qué bancadas son las que impulsan la impunidad, la minería ilegal disfrazada de informal”, sentenció.
Incapacidad
El especialista en temas de minería Iván Arenas aseguró que existe un problema técnico de fondo: el Estado no ha sido capaz de hacer avanzar el proceso de formalización.
Arenas señaló que la reincorporación de los 50 mil excluidos es inviable desde el plano constitucional, pero el mayor problema es la falta de resultados concretos.
“El congresista Cutipa dice que estos 50 mil vuelvan, pero eso es imposible porque es inconstitucional. Y nada nos garantiza que el próximo año digan: ‘Nuevamente el proceso técnico falló, entonces vamos a ampliar un año más’”, lamentó.
Arenas apuntó a la responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, y del exministro Jorge Montero.
“En estricto, la responsabilidad es básicamente de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, y en última instancia del ministro anterior [Jorge Montero]”, consideró.
Datos recientes revelan la dimensión del problema: de los 31 mil Reinfos que el Estado debía formalizar este año, solo 64 culminaron el proceso, destacó el especialista.
“Desde el punto de vista técnico, no se ha llegado a la formalización de los 31,000 Reinfos que quedaban. Al 31 de diciembre [de este año] tenían que formalizar a todos, pero han formalizado 64. Y solo han dado contratos de explotación a aproximadamente 2.000. Entonces, no se tiene ninguna posibilidad de cumplir el plazo y decir: ‘Bueno, el 31 cerramos’. […] El cuello de botella para la formalización ha estado en el propio Ministerio de Energía y Minas”, destacó en diálogo con El Comercio.
Arenas sostuvo que el ministerio carece de capacidades técnicas, está saturado de trámites y ha mostrado una excesiva burocracia que impide avanzar.
“Como el ministerio no tiene la capacidad técnica y además hay un exceso de burocratismo, el resultado es que no se han formalizado los 31,000 Reinfos. Entonces, el proceso de formalización va a continuar, ¿pero con quiénes? Honestamente creo que solo con los 31 mil, porque los 50 mil excluidos son Reinfos cuyo proceso de formalización ya acabó. Es inconstitucional que lo reabran”.
Arenas añadió que la influencia de los mineros ilegales ha escalado al punto de que ya participan en partidos políticos para obtener influencia legislativa.
“El tema del Reinfo no es ideológico, por eso tienes candidatos con Reinfo en diversos partidos. Los propios mineros del Reinfo están metiéndose a cualquier partido con tal de tener protagonismo. [Tras las elecciones generales del 2026], probablemente vamos a tener bancadas Reinfo y autoridades Reinfo”, sentenció.
