El pleno del Congreso debate esta tarde el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que pretende prolongar hasta el 31 de diciembre de 2027 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo en el que —según especialistas— se camufla la minería ilegal. Esta sería la quinta prórroga.
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El texto propone también suspender el trámite e inicio de nuevos procedimientos de exclusión y, a su vez, abrir la puerta para el retorno de más de 50 mil registros que ya fueron depurados.
En declaraciones a la prensa, la mañana de este jueves, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, adelantó que el texto, junto con las propuestas enviadas por el Ejecutivo, sería debatido esta tarde. El Gobierno plantea una ampliación hasta el 31 de diciembre del 2026 y eliminar el artículo para el retorno de los excluidos.
“El gobierno acaba de enviar una comunicación al Congreso. Básicamente, disminuir de dos a un año la ampliación del Reinfo, particularmente me parece muy bien, (…) y los 50 mil excluidos no deben volver y eso está planteado en la comunicación”, aseveró.
La fórmula legal fue aprobada por mayoría el pasado 18 de noviembre y reúne los proyectos presentados por Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú–VP–BM), así como por Guido Bellido (Podemos Perú) y Pasión Dávila y Paúl Gutiérrez (Bancada Socialista).
El texto -oficializado el pasado 24 de noviembre- lleva la firma de 16 legisladores, de las bancadas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular Somos Perú, JPP-VP-BM y la Bancada Socialista.
Implicancias
Especialistas han advertido que se trata de una fórmula inconstitucional que, además, reduciría drásticamente la capacidad del Estado para realizar labores de fiscalización y control.
LEE AQUÍ EL TEXTO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS:
De parte del Ejecutivo ha enviado al Congreso su posición respecto al proyecto en debate y sostienen que esta ampliación debería darse hasta fines del 2026 y no del 2027, como actualmente se considera en el planteamiento de la Comisión de Energía y Minas.
Para el Gobierno, este plazo es suficiente porque hay propuestas que buscan simplificar trámites administrativos. Asimismo, plantean que se excluya de las disposiciones complementarias la suspensión de la exclusión del Reinfo, pues limita la capacidad del Estado para garantizar que no se desarrollen actividades mineras en zonas prohibidas y permite el mal uso del registro.
