El Congreso de la República, presidido por Eduardo Salhuana, cierra este viernes la primera legislatura del período 2024-2025 en medio de cuestionamientos por la extensión del Reinfo y la aprobación de normas que golpean al sistema de justicia.
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En las sesiones del miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, el pleno tiene en agenda debatir la moción de censura contra el ministro Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social), reformas constitucionales, polémicos dictámenes y la reconsideración del proyecto que plantea la reelección de alcaldes y gobernadores.
En diálogo con los medios de comunicación, Eduardo Salhuana, descartó que la legislatura vaya a ampliarse a fin de que entren otros temas en la agenda.
“La legislatura termina el 15 [de diciembre] y hay que respetar los plazos constitucionales”, subrayó.
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La agenda
Moción de censura
Contra el ministro Julio Demartini
Esta semana, la representación nacional decide el futuro del ministro de mayor antigüedad en la gestión de Dina Boluarte: el titular del Midis. La balanza parece inclinarse a favor de la censura de Julio Demartini por las denuncias contra el programa Qali Warma.
La moción fue impulsada por congresistas de diez bancadas. El documento señala que el ministro no respondió adecuadamente a los cuestionamientos en su contra relacionados con la distribución de alimentos en mal estado por parte de Qali Warma y los presuntos actos de corrupción de funcionarios de ese programa social.
Subraya, además, que el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Demartini por ese caso, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales.
De no mediar cambios de postura, cálculos o negociaciones políticas o ausencias durante la votación, la moción podría superar los 66 votos mínimos requeridos.
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Dictámenes
De las comisiones de Constitución y Justicia
La agenda del cierre de legislatura prevé también el debate y votación del proyecto 4107 que propone incorporar a las funciones del presidente del Congreso la facultad de denunciar por infracción constitucional a los ministros cuando las leyes no son reglamentadas.
Este dictamen fue aprobado por la Comisión de Constitución en mayo del 2023, cuando estaba encabezada por Martha Moyano, pero su debate en el pleno recién se agendó a inicios de noviembre. Sin embargo, pasó a un cuarto intermedio.
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De otro lado, figura el proyecto 3577, que plantea cambios en los procesos de extinción de dominio.
La iniciativa, promovida por Fuerza Popular y aprobada por la Comisión de Justicia, propone que solo pueda aplicar esta figura luego de una sentencia condenatoria. Esto implicaría una demora y mayores dificultades para la extinción, ya que los procesos penales en casos de crimen organizado son bastante largos.
La extinción de dominio permite que el Estado recupere bienes (inmuebles, vehículos, dinero, etc.) que son fruto, instrumento o consecuencia de actividades ilícitas. Tienen fiscales, procuradores y jueces especializados, lo que permite que estos procesos se tramiten de forma independiente o autónoma respecto a los procesos penales.
Con la ley vigente, no se necesita que las personas involucradas tengan una condena para impulsar el proceso, sino que se apunta directamente al bien y si este se obtuvo de forma legal. Basta con acreditar que fueron adquiridas con medios ilícitos.
El Poder Judicial y la Procuraduría Especializada en Extinción de Dominio se oponen a este proyecto. La propuesta permaneció encarpetada desde abril del 2023 hasta octubre de este año, cuando se puso en la agenda del pleno.
Iniciativas de reforma constitucional
Sobre la JNE, JNJ y reelección de alcaldes y gobernadores
Otro tema pendiente en la agenda del pleno es la segunda votación del dictamen que recae en los proyectos de ley 465, 509 y 530, que propone modificar los artículos 179 y 180 de la Constitución sobre la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Actualmente, el referido artículo de la Carta Magna establece que el máximo cargo del Jurado es ocupado por el representante de la Corte Suprema, quien es elegido por esta institución en votación secreta entre sus magistrados jubilados o en actividad. Con esto, en la práctica, es la Corte Suprema quien elige al presidente del JNE.
El texto aprobado elimina lo anterior y establece que “el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por mayoría simple de los votos de sus miembros titulares conforme a su ley orgánica”. Con esto, cualquiera de los cinco miembros del Pleno podría ser la cabeza de la institución.
La iniciativa fue aprobada en primera votación en febrero del 2022 con 113 votos a favor. Al tratarse de una reforma en la Carta Magna requiere ser ratificada en segunda votación con al menos 87 votos.
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De otro lado, el Congreso tiene pendiente decidir si vuelve a votar o manda al archivo el proyecto que propone la reelección de alcaldes y gobernadores.
En la primera votación, que se realizó en mayo, la iniciativa obtuvo 92 adhesiones. Requería de 87 votos en una segunda y definitiva votación, pero solo alcanzó 76. Sin embargo, se presentaron pedidos de reconsideración que votarán esta semana.
En la agenda programada para los días 11, 12 y 13, también se tiene previsto el debate y votación de la iniciativa que desaparece a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura.
Además, se atribuye al Senado la potestad de elegir a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), respectivamente, dos de los tres organismos que conforman el sistema electoral.
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Cambios en leyes electorales
Sobre valla, bicameralidad, etc.
En la lista también figura la segunda votación del dictamen que plantea modificar tres normas para adecuarlas a las elecciones del Congreso bicameral y que la valla para alianzas sea solo de 1% adicional, indistintamente de los partidos que las conformen.
La fórmula, que propone modificaciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, fue aprobada en primera votación en el pleno, con 70 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones. Y ahora tiene otra votación pendiente en la que debe obtener 66 votos como mínimo.
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Inseguridad ciudadana
Tipificación del delito de criminalidad sistemática y nuevo código penal
Está pendiente también la segunda votación la tipificación del delito de criminalidad sistemática, que surgió como alternativa a la propuesta sobre terrorismo urbano. El dictamen de la Comisión de Justicia fue aprobado por el Congreso en primera votación en octubre con 72 votos a favor.
La iniciativa es cuestionada por diversos gremios y especialistas, quienes señalan que no resuelve la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. En su lugar, piden que se derogue la ley 32108, que cambia la definición de organización criminal y obliga a que los abogados de los imputados estén presentes en los allanamientos.
Asimismo, está en agenda la propuesta para crear la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Elaborar un Nuevo Código Penal.
Esta iniciativa es promovida por Perú Libre, la bancada del prófugo Vladimir Cerrón, que ha presentado múltiples proyectos que atentan contra el sistema de justicia. El último 5 de diciembre, este proyecto fue aprobado con 51 votos a favor.
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Informe final
Denuncia constitucional contra Víctor Zamora
El pleno del Congreso también deberá decidir si acusa constitucionalmente e inhabilita del ejercicio de la función pública por 10 años a Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, por las pruebas rápidas que se usaron durante la pandemia de la Covid-19.
Se trata de la denuncia constitucional 367, presentada por el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), que señala a Zamora por las supuestas compras irregulares de pruebas rápidas y el desabastecimiento de oxígeno medicinal durante la pandemia.
El informe final contra Zamora, aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, es por la presunta infracción del artículo 9 de Constitución y el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, al exministro de Salud, Víctor Marcial Zamora Mesía por la infracción al artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Y respecto al delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal, se levante el fuero al exministro de Salud Víctor Marcial Zamora Mesía, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales”, concluye el informe.
El documento iba a ser sometido a votación en noviembre, pero el debate se postergó.
