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La Comisión Permanente del Congreso debate este lunes 26 el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que plantea inhabilitar por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El documento recomienda la remoción de Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán, Luz Tello de Ñecco y Henry Ávila Herrera por presunta infracción constitucional. Ávila renunció al cargo la semana pasada, luego de ser involucrado por el testigo Jaime Villanueva en presuntos intercambio de favores.
De acuerdo con el informe, los integrantes de la JNJ favorecieron de forma indebida a Inés Tello para que permanezca en esa institución pese a tener más de 75 años de edad.
En la subcomisión, el documento fue aprobado con 14 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones el 16 de febrero último.
Los votos a favor fueron de los congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. En tanto, el Bloque Democrático se abstuvo, y en contra se pronunciaron los legisladores de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Podemos Perú y Perú Bicentenario.
El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), integrante de la Comisión Permanente e impulsor de la denuncia contra la JNJ, señaló que “de manera inaceptable y con evidente conflicto de intereses [los integrantes de la JNJ] han favorecido a una de sus colegas, que actualmente cuenta con 78 años, arrogándose la facultad de interpretar la Constitución y pretendiendo cambiar su sentido, lo que constituye una aberración jurídica y merece la mayor sanción del sistema político nacional”.
En tanto, el legislador Carlos Anderson (no agrupado) consideró que las verdaderas razones de las mayorías en el Congreso tienen que ver con las atribuciones de la JNJ en un contexto preelectoral. “Todas tienen como objetivo asegurar un resultado ‘óptimo’ en las elecciones generales del 2026 y, para ello, ‘necesitan’ asegurarse que entidades clave como la ONPE y el Reniec no vuelvan a caer en manos de ‘rojos y caviares”.
En opinión de Anderson, un segundo objetivo –un tanto solapado– es tener algún nivel de influencia en la designación de jueces y fiscales cuando la inmensa mayoría de sus “líderes políticos partidarios” enfrentan sendos procesos por corrupción, enriquecimiento ilícito o por conformar una organización criminal.
Derecho a la defensa
La sesión de la Comisión Permanente se iniciará a las 9 a.m. y será semipresencial. Los integrantes de la JNJ están convocados para que puedan defenderse.
El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, adelantó que acudirá al Congreso.
“En principio, vamos a acudir, en lo que a mí se refiere, porque todavía no puedo confirmarlo respecto de todos los miembros de la Junta, pero yo acudiré y la Junta estará allí; porque lo hemos dicho desde un principio, nos defendemos en todos los espacios”, dijo en entrevista con El Comercio.
Vásquez añadió: “Nuestro mandato termina en poco más de diez meses, lo que defendemos es la institucionalidad de la Junta y con ello la institucionalidad del país”.
Si la Comisión Permanente aprueba el informe, el caso quedará en manos del pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.
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