La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República suspendió su sesión programada para este martes 7 de abril debido a la falta de quórum, tras la ausencia total de los congresistas convocados, lo que impidió avanzar con la agenda legislativa prevista.
La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República suspendió su sesión programada para este martes 7 de abril debido a la falta de quórum, tras la ausencia total de los congresistas convocados, lo que impidió avanzar con la agenda legislativa prevista.
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La reunión tenía como objetivo debatir diversos proyectos y dictámenes vinculados a vivienda, construcción y saneamiento; sin embargo, no pudo instalarse formalmente ante la inasistencia de los parlamentarios.
Al promediar las 2:37 p. m., la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña, levantó la sesión y atribuyó la situación al contexto electoral. “Seguramente, como están en campaña, me imagino que por eso no tenemos quórum”, señaló.
La suspensión generó cuestionamientos por la falta de compromiso con el trabajo en comisiones, especialmente en un periodo clave previo a las Elecciones Generales 2026.
Debido a la inasistencia, no se aprobaron actas ni se tramitaron informes o pedidos. Entre los temas que quedaron pendientes figura el predictamen para declarar de interés nacional el sistema de drenaje pluvial en Huancayo, en la región Junín.
También se postergó la propuesta para la construcción de una nueva sede de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el distrito limeño de Jesús María, así como modificaciones a la Ley 29415 sobre saneamiento físico-legal de predios tugurizados.
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Asimismo, no se llevaron a cabo las sustentaciones de proyectos de ley, como la iniciativa presentada por la congresista Digna Calle sobre subsidios en servicios de agua potable, y la propuesta de Janet Rivas para reforzar la seguridad en edificaciones de alto riesgo.
La paralización de esta comisión se suma a las críticas por el ausentismo parlamentario en semanas previas a los comicios, lo que mantiene en suspenso iniciativas orientadas a mejorar servicios básicos y la gestión urbana en el país.
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