Con 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el dictamen que planteaba derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, a fin de evitar la reestructuración de Petro-Perú S.A.
Con 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el dictamen que planteaba derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, a fin de evitar la reestructuración de Petro-Perú S.A.
Tras la votación, la congresista Ruth Luque presentó un pedido de reconsideración, el cual sería visto en una próxima sesión del grupo de trabajo, que preside Víctor Cutipa (Juntos por el Perú -Voces del Pueblo – Bloque Magisterial).
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“Se deroga el Decreto de Urgencia 010-2025, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción, a fin de evitar la privatización de Petroperú S.A. y fortalecer la soberanía energética del país”, señalaba el artículo 1 de la propuesta.
Durante el debate, la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú) reveló que se reunió con dirigentes de los sindicatos de la petrolera, quienes advirtieron que ProInversión pretende tomar el protagonismo en el manejo de los destinos de Petro-Perú.
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Por su parte, el congresista Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) sostuvo que a nivel internacional se ha desprestigiado a Petro-Perú, intentando “descuartizarla”.
Su colega Carlos Alva (Acción Popular), consideró que Petro-Perú es una empresa en quiebra, por malas gestiones y corrupción. Mientras, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), sostuvo que la petrolera estatal “está mal” y que se debe contemplar la intervención del sector privado en la compañía y buscar mecanismos para que opere de manera eficiente.
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La congresista Diana Gonzales (Avanza País) argumentó que cree en la privatización, “pero privatizar Petro-Perú, por medio de los acreedores es un atentado contra la seguridad nacional”, pues “el bonista va a vender los activos al mejor postor, cobrar su acreencia y se va”.
“No le interesa qué pasa con la empresa, no le interesa reflotarla y sería totalmente irresponsable que la empresa que provee de combustible a nuestras Fuerzas Armadas deje de ser titularidad del Estado peruano”, enfatizó.
