El texto también establece que el presidente del JNE solo podrá estar en esa posición por dos años, y no cuatro como está vigente actualmente y que no podrá ir a la reelección.
Además, la propuesta de reforma constitucional subraya que los integrantes del jurado no pueden ser menores de 45 años ni mayores de 70. “Son elegidos por un período de cuatro años. No pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años”, complementa la fórmula legal.
El dictamen indica que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Reniec son elegidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “por un único” período de cuatro años.
La iniciativa fue aprobada con 21 votos a favor, tres en contra y tres en abstención. Contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Somos Perú y Honor y Democracia. En contra se pronunció la parlamentaria de izquierda Ruth Luque, del Bloque Popular Democrático.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, esta debe ser aprobada en el pleno con un mínimo de 87 votos en dos legislaturas consecutivas.
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Durante el debate del texto, Rospigliosi refirió que, si la propuesta se llegará a aprobar, el nuevo presidente del JNE, Roberto Burneo, solo ejercería el cargo por dos años.
Burneo jurará como nuevo titular de la entidad electoral a fines de noviembre.
“Las reformas constitucionales son de aplicación inmediata, el nuevo presidente del JNE asume su cargo y la presidencia cambiaría a los dos años. [Burneo] continúa como integrante del JNE hasta el final [es decir, hasta el 2028]”, manifestó el titular de la Comisión de Constitución.
Sobre los jefes de ONPE, Piero Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde, quienes fueron reelegidos por la JNJ, Rospigliosi dijo que ellos sí deberán concluir su período. Y sus sucesores serán designados con las nuevas reglas.
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A su turno, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) remarcó que la Constitución de 1993 establece que el representante de la Corte Suprema es el presidente del JNE, debido a que esta entidad “hace justicia electoral”. Agregó que la función jurisdiccional les corresponde solamente a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Echaíz recordó que solo estos son aforados, mientras que los otros miembros del JNE (un representante del Colegio de Abogados de Lima, un elegido por los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas, y otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas), no gozan de esa prerrogativa.
En respuesta, Rospigliosi refirió que un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y que está a la espera de ser debatido en el pleno, propone que todos los integrantes del JNE sean aforados.
El texto también permitirá, en caso sea aprobado, que la Comisión Permanente del Parlamento pueda acusar constitucionalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elección, así como a los jefes de la ONPE y del Reniec.
“Golpe a la autonomía”
Por medio de un comunicado, la Asociación Civil Transparencia consideró que el dictamen aprobado este martes por la Comisión de Constitución del Congreso, que plantea cambiar la forma de elección del presidente del JNE y eliminar la reelección de los jefes de ONPE y Reniec, “representa un golpe a la autonomía y capacidad institucional de los tres organismos electorales”.
Transparencia alertó que proponer que el titular del JNE sea elegido entre sus miembros, que incluyen a actores de la sociedad civil, “abre la puerta a la falta de imparcialidad y el conflicto de interés por parte de los plenarios que no necesariamente guardan la independencia y la autonomía del poder político y económico que un juez supremo, por la naturaleza y exigencia del cargo, sí tiene”.
La entidad rechazó el “nuevo intento” del Parlamento “por debilitar la institucionalidad del país, en especial cuando pone en peligro la integridad de los procesos electorales”.
El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, calificó de “extraño” que el Parlamento intente ejercer un cambio jurídico sobre la elección del presidente del JNE, más aún cuando esto no tendría implicancia en las elecciones generales de 2026.
“No son saludables estos cambios, esta reforma debería ser objeto de una tarea más reflexiva del próximo Congreso, que va a tener dos cámaras, salvo que esta agenda obedezca a la presión de algunos partidos, como una especie de venganza al no haber sido favorecidos en la manera en que esperaban [en el 2021]”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, señaló que el juez supremo Burneo puede hacer prevalecer que el cambio de normativa se dio después de su designación como nuevo presidente del JNE y que la ley, en caso sea aprobada, debe implementarse después de su administración.
Elguera, además, sostuvo que representa “una amenaza” a las instituciones electorales que el Parlamento busque incluirlos en las altas autoridades que son pasibles de acusación constitucional.
“Esto es una amenaza, y determinados grupos parlamentarios buscarán luego cobrar facturas pendientes. Esta situación termina siendo peligrosa, sobre todo por el sometimiento de entidades autónomas. Es una amenaza a la institucionalidad y, por ende, a la democracia”, acotó.
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Candados para representantes civiles
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral y constitucional, dijo que la medida adoptada por el Parlamento “sí es saludable”.
“Era insólito que en la casa del defensor de la democracia [como es el JNE] no haya democracia. No puede ser que, en cualquier colegiado, sus integrantes eligen por votación a su presidente, y en la casa de la democracia, no y lo imponen desde afuera. Esto es un error de la Constitución de 1993. ¿Por qué menospreciar a los demás integrantes del tribunal electoral?”, expresó.
En diálogo con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que, si el Parlamento llega a aprobar esta reforma a la Constitución, en la Ley Orgánica del JNE “deben establecer candados” para que los integrantes del jurado provenientes de la sociedad sean los idóneos. “Por ejemplo, no deben tener sentencias, tampoco denuncias y su conducta debe ser intachable”, complementó.
Sobre la inclusión de las autoridades electorales en el artículo 99 de la Carta Magna para que sean objeto de acusación constitucional, el letrado dijo que ningún alto funcionario debería tener esta prerrogativa.
Ajustes a Ley Orgánica de Elecciones se entrampan por valla electoral
El dictamen que propone una serie de cambios en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), a fin de adaptar esta norma al retorno de la bicameralidad en el Congreso, pasó a cuarto intermedio en la Comisión de Constitución, luego de que se entrampara su votación. Esto debido a que el texto proponía que los partidos políticos debían llegar al 5% de los votos válidos en la cámara de diputados y también en la de senadores para mantener su inscripción.
Al respecto, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) señaló que, si esa iniciativa es aprobada, el 25% de los votos válidos “podría quedar fuera de la mesa”. Añadió que el dictamen, como está redactado, busca favorecer a las fuerzas políticas “que suelen tener representaciones políticas grandes”.
“Se está inflando esa representación artificialmente”, manifestó en aparente referencia a Fuerza Popular, que, dirige la Comisión de Constitución, a través de Fernando Rospigliosi.
A su turno, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Cavero (Avanza País), criticó que la propuesta de reforma no haya analizado la valla para las alianzas electorales.
En la actualidad, la LOE contempla que por cada partido que se suma a una coalición, la valla sube 1%.
“Si la preocupación es que puedan existir partidos que se puedan colgar de la popularidad de otros, la congresista Patricia Juárez hizo una propuesta interesante [en la anterior sesión], que aquel partido que se junte en alianza tendría que meter a un representante al Congreso [para mantener su inscripción]. Si vamos con estas reglas va a ser una timba la elección de 2026″, expresó.
Desde las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú y Bloque Democrático Popular también se mostraron en contra de que la valla rija para ambas cámaras.
Por ejemplo, el portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, planteó que la valla del 5% sea para la cámara de diputados o el Senado.
La respuesta del fujimorismo
La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) dijo que nadie está en contra de las alianzas, pero subrayó que “sería injusto” que las coaliciones tengan “un premio” (en el sentido de tener la misma valla de 5%), mientras los partidos que deciden ir en solitario “sean castigados”.
“Las alianzas son temporales, se acaba la elección y la alianza se acaba. No es correcto que, por ir en alianza, se va a mantener la vigencia como partido sin haber aportado cada partido un número de valla mínimo”, sostuvo.
A su turno, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), afirmó que los políticos que “tenemos experiencia” saben que muchos parlamentarios elegidos en alianzas ni siquiera juramentan bajo el símbolo que les permitió tener una curul.
“¿Las alianzas se dan por programas y principios? No, se dan por oportunismo político, estas agrupaciones pequeñas necesitan aglutinarse para pasar la valla”, acotó.
El dictamen de la Comisión de Constitución para cambiar la LOE también deja abierta la posibilidad para que el JNE fije el número total de representantes del Congreso “a razón de un diputado por cada 160 mil electores y el doble de electores por cada senador”.
Rospigliosi precisó que esta medida se ejecutará, de ser aprobada, a partir de las elecciones generales de 2031 y que, en el 2026, el Senado tendrá 60 integrantes y la cámara de diputados, 130.
Más información
La Comisión de Constitución aprobó un dictamen que establece que los peruanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto con su pasaporte vigente, en caso no contar con el DNI.
En apenas diez años, la población de los Peruanos en el Exterior (PEX) se incrementó en más de un 30% en el padrón electoral; es decir, se registraron más de 997 mil mayores de 18 años con derecho al voto.
En las dos últimas elecciones del 2021 (generales) y 2020 (congresales) la inasistencia de los PEX superó el 70%. Incluso, en el referéndum del 2018 –prepandemia– se registró una cifra casi similar.
