A más de un mes y medio desde que la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitara facultades especiales para investigar el presunto uso del cofre- auto asignado a la presidenta Dina Boluarte- para trasladar al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuando ya estaba en la clandestinidad, la moción fue rechazada en el pleno.
Con 23 votos a favor, 16 en contra y 45 en abstención, el Parlamento decidió no admitir ni siquiera a debate la moción.
De esta forma, nueve de las trece bancadas blindaron a la presidenta Dina Boluarte y evitaron que la pesquisa sobre la utilización del cofre se profundice. Entre estas figuran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú, Honor y Democracia, Bloque Magisterial, Voces del Pueblo-Juntos por el Perú y Bancada Socialista [ver recuadro].
Ni siquiera Podemos Perú- agrupación a la que pertenece Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización- brindó su respaldo de manera unánime. De los 13 integrantes, solo tres marcaron a favor, y la congresista Kira Alcarraz votó en abstención. Ella se reunió con Boluarte Zegarra en Palacio de Gobierno el miércoles.
En declaraciones a la prensa, Burgos dijo que la votación “verifica la alianza infame” que existe entre un sector mayoritario del Congreso y Palacio de Gobierno. “No obstante, quiero decirle al Perú que no cesaremos en nuestras indagaciones, sobre todo [hago] un llamado a todas las bancadas que se han abstenido, que se han coludido con el gobierno, nosotros vamos a seguir investigando con más ganas”, manifestó.
El parlamentario de Podemos Perú remarcó que con su decisión el propio Legislativo “está deslegitimando” la labor fiscalizadora que tiene ese poder del Estado.
“Tenemos que darle fuerza para que nosotros podamos investigar y solucionar los problemas de corrupción en el país”, complementó.
Burgos presentó una solicitud de reconsideración de la votación. No obstante, fuentes cercanas a la Mesa Directiva aseguraron que esta no procede porque ingresó cuando el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ya había cerrado la sesión del pleno. Luego, tras un receso, abrió una nueva sesión plenaria.
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Discrepancias en el hemiciclo
Durante su exposición en el pleno, el titular de la Comisión de Fiscalización sostuvo que el Parlamento debía “romper el pacto infame y tácito de hablar solo a media voz”.
Agregó que, en 11 sesiones- entre ordinarias, extraordinarias e informativas- su grupo de trabajo había podido reunir indicios que demostrarían que desde el Ejecutivo se ejerció presión para que se cierre la pesquisa sobre la utilización del cofre el fin de semana del 24 de febrero. En estas fechas, Boluarte Zegarra estuvo cerca al condominio Mikonos, en Asia (al sur de Lima).
Precisamente, a fines de enero, la Policía Nacional realizó una operación de búsqueda y captura de Cerrón en el referido condominio.
“No permitamos que la impunidad se normalice en nuestro país”, señaló Burgos.
A su turno, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó que “la investidura” del pleno “no puede prestarse” para seguirle el juego a quien “quiere aflorar sus odios”, en referencia al presidente de la Comisión de Fiscalización.
“Deberíamos exigirle a la Comisión de Fiscalización cuántos dictámenes han producido [sobre] los gobiernos regionales. [Burgos] se ha dedicado [solo] a su pasión sobre el cofre”, manifestó.
Por su parte, el vocero de APP, Alejandro Soto, dijo que un eventual informe final de parte del Congreso sobre el cofre no obliga a los fiscales ni al juez “a tomarlo en cuenta”. “¿Para qué entorpecemos una función del Ministerio Público?”, cuestionó.
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En comunicación con El Comercio, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) refirió que su agrupación tomó la decisión colegiada de marcar en abstención, “porque la experiencia de las comisiones investigadoras [en el Parlamento] no dejan buenos resultados”. Agregó que “es tarea del Ministerio Público” determinar si Cerrón fue trasladado o no en el cofre, cuando ya estaba prófugo de la justicia.
Rospigliosi negó que la decisión del fujimorismo represente un blindaje a la presidenta Boluarte.
Este Diario intentó contactar al portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, pero no respondió a nuestras llamadas.
¿Cuáles son las consecuencias?
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario y constitucional, calificó como “un escándalo” que el Parlamento se haya rehusado a dar facultades de comisión investigadora a Fiscalización.
“Es un daño muy grande a la democracia, porque en democracia ninguna autoridad está exenta de control. Y acá lo que ha cometido la mayoría parlamentaria es un blindaje inaceptable y totalmente contradictorio con la práctica parlamentaria. En los últimos años, hechos relacionados a los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, cuando aún estaban en el poder, fueron investigados”, manifestó en diálogo con El Comercio.
Rospigliosi explicó que “más allá de la buena voluntad” que pueda tener Burgos y otros integrantes de la Comisión de Fiscalización, “están atados de manos”. ¿La razón? “Porque no tienen herramientas legales para usar la coerción, no pueden citar a los testigos bajo grado o fuerza, no pueden levantar el secreto bancario, tributario ni comunicaciones”, agregó.
Además, remarcó que el grupo parlamentario tampoco podrá tener acceso a la ruta del cofre ni a información relacionada a los traslados de Boluarte, porque fue declarada como “reservada” por el propio gobierno.
“¿Qué hay detrás de este blindaje? En el caso de los expresidentes mencionados, todos los hallazgos de las comisiones investigadoras posteriormente sirvieron como insumo de mociones de vacancia. La mayoría congresal no quiere llegar a eso, por eso están tapando, el caso es evidente. Y no solo hay un encubrimiento a Boluarte, sino a Cerrón”, acotó.
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César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, señaló que la Comisión de Fiscalización podrá continuar su investigación, pero no tendrá la capacidad de dictar medidas de apercibimiento ni tendrá la fortaleza que sí cuenta un grupo con facultades investigadoras.
“No tendrá la posibilidad de realizar apremios, como la concurrencia de un testigo de grado o fuerza, tampoco podrá pedir la entrega de documentos”, declaró a este Diario.
El abogado opinó que la mayoría del Parlamento intenta “impedir” que se especule sobre una posible protección desde la Presidencia y desde la bancada de Perú Libre al prófugo Cerrón.
Más información
La Comisión de Fiscalización ha intentado recibir la declaración del suboficial PNP Félix Montalvo, quien hasta hace algunas semanas se desempeñó como chofer del cofre, desde hace varias semanas. No obstante, el Ministerio del Interior y la Policía aún no le dieron el permiso correspondiente.
A fines de setiembre, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en contra de Boluarte Zegarra y ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y omisión de denuncia, respectivamente. Esto luego de que en un audio atribuido al titular del Mininter, este señalara que el “cofre” habría sido utilizado para trasladar a Cerrón Rojas cuando ya estaba en la clandestinidad.
