A pesar de los cuestionamientos, el pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia el dictamen de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que buscan garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.
La norma, que había sido observada por el Gobierno de Dina Boluarte en octubre pasado, fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. En aquel momento, el Ejecutivo alertaba los altos costos fiscales que tendría para el erario nacional.
Es más, el Consejo Fiscal (CF) había comentado que esta norma en particular podría demandar un costo de S/5.600 millones cada año para el Estado.
Durante el acalorado debate en el Pleno, algunos congresistas a favor de la propuesta citó como referencia la reciente aprobación de una reforma previsional para militares y policías -que implica un alto compromiso de recursos públicos—. Flor Pablo, por ejemplo, defendió la necesidad de otorgar un tratamiento similar a los docentes, desde otras bancadas se alertó sobre el impacto fiscal de la medida.
¿Cómo se sabrá el monto de las pensiones?
De acuerdo con la propuesta, los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, que asciende a S/3.500.
El incremento será aplicable para los profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990, 20530, así como para afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y la Ley 29944.
De acuerdo al documento, hay 162.000 maestros jubilados con una pensión promedio de S/ 800. Es decir, los egresos del Estado cada mes son S/ 129.6 millones.
Si se toma el mismo número de jubilados, con una pensión promedio de S/ 3. 300, los egresos mensuales serían de S/ 534,6 millones. A pesar de ello, para el Congreso no implicaría un gasto adicional, ya que destacan que “la fuente de la estimación proyectada está en los impuestos cobrados a las instituciones educativas privadas, así como el impuesto a la quinta categoría que actualmente se cobra a los docentes en ejercicio”.
En el proyecto indican que la finalidad de la ley es garantizar que los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.
Según informa el portal del Congreso, el monto será establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación.
“De esta manera podemos ofrecer a nuestros docentes una mejora de calidad de vida y son responsables de la conducción y formación de más de 6 millones de estudiantes públicos”, indicó Ana Zegarra, vicepresidenta de la Comisión de Economía, quien fue la encargada de sustentar el proyecto.
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