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El Congreso de la República aprobó esta semana un conjunto de normas que incrementarán de forma permanente el gasto público, en un contexto en el que las cuentas fiscales ya enfrentan presiones para reducir el déficit. Entre las medidas se encuentran la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS y cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial. De acuerdo con estimaciones de economistas, ambas decisiones podrían añadir entre S/6.800 millones y S/7.000 millones anuales al gasto del Estado, sin que exista una fuente de financiamiento definida.
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Castilla advirtió que este tipo de decisiones vuelve más rígido el presupuesto público, ya que se incrementan los gastos corrientes vinculados a remuneraciones, beneficios y pensiones.
“Una vez que se incrementa el gasto en estos rubros, el efecto es que el presupuesto se vuelve más rígido y se incrementa el gasto corriente de forma desmedida”, explicó.
Además, alertó que el nuevo gasto complica el cumplimiento de la meta fiscal del Gobierno. El déficit fiscal cerró el 2025 en 2,2% del PBI y la meta para este año es reducirlo a 1,8%, objetivo que ahora enfrenta mayores presiones.
El impacto fiscal podría ser aún mayor si se suman otras iniciativas que el Congreso discute actualmente. Según David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, las medidas aprobadas y otras en agenda podrían elevar significativamente el gasto estructural del Estado.
“Solo esta ley del régimen previsional de la Caja Militar y Policial ya implica alrededor de S/3.500 millones anuales adicionales, y si se suma la norma del CAS y otras iniciativas previsionales que están pendientes, podríamos estar hablando de hasta S/14.000 millones más de gasto permanente todos los años”, indicó.
Tuesta explicó que el problema central es que estos compromisos no cuentan con financiamiento, lo que obliga al Estado a elegir entre mayor endeudamiento, reducción de otros programas o incremento de impuestos.
“No hay de dónde pagar esos recursos adicionales. Al final la responsabilidad se traslada a los ciudadanos porque el Estado tendrá que endeudarse más o recortar gasto en otras áreas”, sostuvo.
El Congreso de la República aprobó esta semana un conjunto de normas que incrementarán de forma permanente el gasto público, en un contexto en el que las cuentas fiscales ya enfrentan presiones para reducir el déficit.
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Ambos especialistas coinciden en que el principal riesgo es el deterioro gradual de las cuentas públicas. Castilla recordó que, aunque la deuda pública peruana es relativamente baja frente a otros países, el margen fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años.
“En la última década la deuda neta —la deuda menos los activos del Tesoro— se ha incrementado cerca de 20 puntos del PBI, lo que reduce el margen de maniobra del Estado para enfrentar contingencias”, advirtió.
Esto cobra mayor relevancia en un contexto global incierto, donde factores como el alza del petróleo o nuevas crisis internacionales podrían generar presiones adicionales sobre el gasto público.
Esta situación también reabre el debate sobre los límites constitucionales del Congreso para aprobar normas que implican mayor gasto público. Tuesta sostiene que el Ejecutivo debería recurrir al Tribunal Constitucional, ya que la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
“El Ejecutivo tiene que presentar una demanda constitucional. Estas leyes son inconstitucionales y existen herramientas jurídicas para evitar que se comprometan las cuentas fiscales”, afirmó.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha presentado una acción de este tipo. El ministro de Economía, Gerardo López Gonzales, señaló que el Ejecutivo evaluará la ley que otorga CTS y gratificaciones a trabajadores CAS, aprobada antes de tomar una decisión.
Para los economistas, la aprobación de este tipo de medidas también refleja las tensiones políticas propias de un periodo preelectoral.
“Este tipo de decisiones suele verse en periodos electorales, pero antes existía cierto nivel de autocontención en el Congreso. Ahora eso prácticamente ha desaparecido”, sostuvo Castilla.
Si la tendencia continúa, advierten, el próximo gobierno podría enfrentar un escenario fiscal más complejo, con menos margen para financiar nuevas políticas públicas o responder a shocks externos.
