El viernes 11 de octubre, el Congreso de la República aprobó en primera votación un texto sustitutorio que propone sancionar a jueces y fiscales que liberen a delincuentes detenidos en flagrancia. Con esta medida de Renovación Popular y Avanza País se busca reducir la criminalidad en el país.
La norma recae en los proyectos de ley 8507 y 8959, y busca modificar los artículos 47 de la Ley de Carrera Fiscal, 48 de la Ley de Carrera Judicial y 428 del Código Penal.
El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, sustentó la iniciativa y durante el Pleno se votó para que se exonere de una segunda votación; sin embargo, no se alcanzó la mayoría.
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La propuesta busca que se considere una falta muy grave si el fiscal no solicita prisión preventiva contra el detenido cuando se tienen elementos de convicción. En el caso de un juez, se considerará prevaricato si incurre en esta práctica.
Al respecto, el presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, Oswaldo Ordóñez, rechazó la iniciativa, pues considera que están “criminalizando la función jurisdiccional y fiscal”.
“Este proyecto de ley atenta contra la independencia del Poder Judicial, Ministerio Público y, especialmente, de los jueces. A través de este proyecto de ley se está criminalizando la función jurisdiccional y fiscal al generar como un hecho delictivo las diferencias de criterio de opinión y a la vez crear infracciones que podrían merecer la destitución tanto del juez como del fiscal”, sentenció en Canal N.
